El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser, sostuvo ayer que el gobierno provincial debe "organizar un plan de contención importante" para atender las necesidades de las comunidades aborígenes cuya subsistencia está en peligro por la continuidad de los desmontes. Nasser fue consultado por FM Ya, la radio de Nuevo Diario, sobre la denuncia por tentativa de genocidio presentada por Comunidades del Pueblo Wichi ubicadas sobre la ruta nacional 86, en la cuenca del río Itiyuro, que están quedando sin lugares donde practicar la caza y recolectar los frutos y plantas medicinales y que desde la semana pasada vienen denunciando el recrudecimiento de los desmontes.
El ministro dijo que envío una comisión, presuntamente partió ayer, "para controlar y monitorear esta habilitación que entiendo fue hecha en tiempo y forma, que ha generado derechos adquiridos a los propietarios".
Dijo que de acuerdo al resultado de este relevamiento y control tomará "las decisiones que correspondan".
"Lo que tiene que prevalecer es el orden democrático y formas responsables de hacer las cosas", respondió Nasser cuando se le planteó que al hablar de derechos adquiridos de los poseedores de los títulos daba la impresión de estar haciendo prevalecer estos títulos por encima de las disposiciones de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, que reconocen los derechos ancestrales.
"Lo que tenemos que hacer precisamente es buscar una solución integral para todo este procedimiento. (...) No se está desconociendo absolutamente la necesidad que tienen las comunidades y pueblos originarios", añadió.
-¿Los derechos ancestrales de los aborígenes son abstractos o están en una ley vigente? -se le insistió.
-Es una ley pero también están los derechos que el gobierno provincial otorgó a los propietarios de tierras privadas y que el gobierno provincial tiene que controlar desde el punto de vista del monitoreo el ejercicio de las normas ambientales -ratificó.
Cuando se le inquirió sobre la solución que su Ministerio ofrece a las Comunidades, como las del departamento San Martín, afectadas por los desmontes, Nasser sostuvo que se debe avanzar con el relevamiento de la propiedad comunitaria indígena (previsto en la ley 26.160) y realizar un trabajo integrado del Ministerio a su cargo con las carteras de Desarrollo Humano y de Justicia "básicamente" para ofrecer un plan de contención social. "Vincular -dijo- lo social con lo ambiental".
"Hay que darles contención en el sentido del acompañamiento, la localización de las comunidades y garantizarles a través de los corredores biológicos y ecológicos la posibilidad de tener la práctica de caza y recolección que sostienen estas comunidades y acompañarlos desde el gobierno como por ejemplo a través del suministro de agua potable y otras situaciones que son condiciones mínimas de vida", agregó.
Las comunidades plantean que antes de ordenar los bosques debió regularizarse la tenencia de la tierra. La ley 26.160 tiene vigencia desde hace dos años y aún no se inició el relevamiento previsto.
Fuente: Nuevo Diario de Salta - 28-11-08
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