La mentora de la ley vetada por cristina amenaza con dejar medio ambiente.
El proyecto de la polémica preservaba los hielos de la explotación minera y petrolera. Los Kirchner le pidieron que redacte una nueva iniciativa junto a los gobernadores cordilleranos. En Gobierno aseguran que si no renuncia la renuncian.
Mal ambiente. Picolotti se enojó con el veto de Cristina y ahora no descarta eyectarse del Gobierno.
La Ley de Glaciares dejó a un paso de la renuncia a la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti. La mentora de la iniciativa que preservaba a los gigantes de hielo de la explotación minera y petrolera, que terminó siendo vetada por Cristina Kirchner, también colmó la paciencia de la pareja presidencial, que ahora no descarta darle salida a la funcionaria antes de que finalice el año.
Desde el entorno de Néstor Kirchner hace tiempo que aseguran que los días de la funcionaria están contados. Pero esta vez es distinto, ya que fue la propia Picolotti la que le advirtió a los suyos sus intenciones de abandonar el cargo. “Néstor no la sostiene más”, fue el mensaje que le hicieron llegar ayer a la secretaria de Ambiente.
Apenas se publicó en el Boletín Oficial el veto a la norma aprobada por unanimidad en el Congreso, Picolotti llamó por teléfono a Alberto Fernández para decirle que quería renunciar. Pero el ex jefe de Gabinete –quien en ese momento se encontraba en Londres– la contuvo y le pidió que se quedara.
Desde entonces, la funcionaria no volvió a tener contacto con la Presidenta. Fue el actual jefe de ministros, Sergio Massa, el encargado de avisarle que debía crear un foro con los gobernadores de las provincias cordilleranas para “consensuar” un nuevo proyecto de ley. La orden le cayó pésimo a la ex asambleísta y bastante mal al senador Daniel Filmus, quien, como presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara alta, fue uno de los defensores del proyecto original. Sin embargo, la primera reunión ya tiene fecha y lugar: será el 1 de diciembre en el despacho de Picolotti.
Según dice el Decreto 1837/08 que firmó Cristina el 10 de noviembre pasado: “La prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera (...) daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente”. La decisión deja a los glaciares –reservorios de agua dulce, oro y cobre– sin un marco jurídico que los preserve y favorece un negocio de unos 2.500 millones de dólares. Se trata del emprendimiento minero Pascua Lama, el yacimiento a cielo abierto más grande del mundo, operado por la multinacional Barrick Gold, en la frontera entre Chile y San Juan. Crítica de la Argentina ya adelantó que fuentes del sector reconocen que Pascua Lama necesita detonar y trasladar de un lado a otro los glaciares que está explotando en San Juan, algo que la norma que aprobó el Congreso le impedía. Además, en la provincia que gobierna José Luis Gioja existen más de 180 proyectos mineros y el 90% está ubicado en zonas de glaciares.
La renuncia de Alberto Fernández dejó a Picolotti desangelada y sin padrinos en el Gobierno. Hasta ahora, Cristina había evitado desprenderse de una de las mujeres de su gabinete con la que, según afirman en Casa Rosada, mantenía una buena relación.
Pero la presión del ala pingüina y la sanción de una ley en la que no consultó a los gobernadores ni al secretario de Minería, Jorge Mayoral, la dejó con un pie afuera del Gobierno. Picolotti siempre se llevó mal con Mayoral, un ingeniero sanjuanino que reconoció en su declaración jurada que tiene acciones en empresas mineras. Posee el 30% de la firma Micas Argentinas SRL, el 15% de Millstone SA y el 25% de Minvail SA. El titular de Minería es el puente de plata entre Gioja y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Su influencia fue vital para archivar la ley y generó euforia entre operadores políticos y lobbistas del sector minero y en el gobernador Gioja.
Garrido duda sobre sus facultades
Los límites de acción que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, le impuso al fiscal Manuel Garrido, ya tuvieron consecuencias prácticas. Esta semana el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas presentó un escrito en el juzgado que investiga por enriquecimiento ilícito al ex secretario de finanzas, Daniel Marx, reconociendo que no puede impulsar el expediente porque no sabe si está autorizado. Hasta la polémica decisión de Righi, Garrido no sólo podía hacer investigaciones preliminares con sus correspondientes denuncias judiciales sobre casos de corrupción pública, sino que también podía pedir medidas para mantener vivas las investigaciones en los juzgados. Ahora no puede solicitar nada que vaya en contra de la voluntad del juez o el fiscal. La causa de Marx, dice Garrido en su escrito, permaneció abierta por sus requerimientos porque “el fiscal de turno emitió dictamen hace más de cinco años postulando el sobreseimiento”. Por ese motivo, agrega, no sabe si le corresponde impulsar el expediente.
Desde el entorno de Néstor Kirchner hace tiempo que aseguran que los días de la funcionaria están contados. Pero esta vez es distinto, ya que fue la propia Picolotti la que le advirtió a los suyos sus intenciones de abandonar el cargo. “Néstor no la sostiene más”, fue el mensaje que le hicieron llegar ayer a la secretaria de Ambiente.
Apenas se publicó en el Boletín Oficial el veto a la norma aprobada por unanimidad en el Congreso, Picolotti llamó por teléfono a Alberto Fernández para decirle que quería renunciar. Pero el ex jefe de Gabinete –quien en ese momento se encontraba en Londres– la contuvo y le pidió que se quedara.
Desde entonces, la funcionaria no volvió a tener contacto con la Presidenta. Fue el actual jefe de ministros, Sergio Massa, el encargado de avisarle que debía crear un foro con los gobernadores de las provincias cordilleranas para “consensuar” un nuevo proyecto de ley. La orden le cayó pésimo a la ex asambleísta y bastante mal al senador Daniel Filmus, quien, como presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara alta, fue uno de los defensores del proyecto original. Sin embargo, la primera reunión ya tiene fecha y lugar: será el 1 de diciembre en el despacho de Picolotti.
Según dice el Decreto 1837/08 que firmó Cristina el 10 de noviembre pasado: “La prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera (...) daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente”. La decisión deja a los glaciares –reservorios de agua dulce, oro y cobre– sin un marco jurídico que los preserve y favorece un negocio de unos 2.500 millones de dólares. Se trata del emprendimiento minero Pascua Lama, el yacimiento a cielo abierto más grande del mundo, operado por la multinacional Barrick Gold, en la frontera entre Chile y San Juan. Crítica de la Argentina ya adelantó que fuentes del sector reconocen que Pascua Lama necesita detonar y trasladar de un lado a otro los glaciares que está explotando en San Juan, algo que la norma que aprobó el Congreso le impedía. Además, en la provincia que gobierna José Luis Gioja existen más de 180 proyectos mineros y el 90% está ubicado en zonas de glaciares.
La renuncia de Alberto Fernández dejó a Picolotti desangelada y sin padrinos en el Gobierno. Hasta ahora, Cristina había evitado desprenderse de una de las mujeres de su gabinete con la que, según afirman en Casa Rosada, mantenía una buena relación.
Pero la presión del ala pingüina y la sanción de una ley en la que no consultó a los gobernadores ni al secretario de Minería, Jorge Mayoral, la dejó con un pie afuera del Gobierno. Picolotti siempre se llevó mal con Mayoral, un ingeniero sanjuanino que reconoció en su declaración jurada que tiene acciones en empresas mineras. Posee el 30% de la firma Micas Argentinas SRL, el 15% de Millstone SA y el 25% de Minvail SA. El titular de Minería es el puente de plata entre Gioja y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Su influencia fue vital para archivar la ley y generó euforia entre operadores políticos y lobbistas del sector minero y en el gobernador Gioja.
Garrido duda sobre sus facultades
Los límites de acción que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, le impuso al fiscal Manuel Garrido, ya tuvieron consecuencias prácticas. Esta semana el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas presentó un escrito en el juzgado que investiga por enriquecimiento ilícito al ex secretario de finanzas, Daniel Marx, reconociendo que no puede impulsar el expediente porque no sabe si está autorizado. Hasta la polémica decisión de Righi, Garrido no sólo podía hacer investigaciones preliminares con sus correspondientes denuncias judiciales sobre casos de corrupción pública, sino que también podía pedir medidas para mantener vivas las investigaciones en los juzgados. Ahora no puede solicitar nada que vaya en contra de la voluntad del juez o el fiscal. La causa de Marx, dice Garrido en su escrito, permaneció abierta por sus requerimientos porque “el fiscal de turno emitió dictamen hace más de cinco años postulando el sobreseimiento”. Por ese motivo, agrega, no sabe si le corresponde impulsar el expediente.
Fuente: Diario Crítica de la Argentina - Director: Jorge Lanata
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