sábado, 25 de julio de 2009

DROGA y MINERAS - Secuestros en Anta y Metán

El secuestro del segundo vehículo con 500 kilos de droga fue a causa de una "entregada"

Investigan la fuente de financiamiento de los narcos

El ex gendarme sanjuanino Juan Martín Dubiel es propietario de dos empresas de exportación. Su esposa, que por ahora está libre, es dueña de otra compañía y de la Chevrolet S-10 incautada en Anta.

El Tribuno de Salta - Sábado 25 de Julio de 2009 Policiales

http://www.eltribuno.info/salta/diario/hoy/policiales/investigan-la-fuente-de-financiamiento-de-los-narcos

Inversiones. La esposa de Dubiel sería titular de una poderosa empresa de servicios mineros radicada en San Juan.

Procedimientos. La Policía Federal allanó dos casas de Dubiel en su provincia el 17 del corriente. "Estaban limpias", dijeron.
Asombro. Los vecinos del ex gendarme dijeron que estaban asombrados por el crecimiento patrimonial del hombre.

El juez federal 1 de Salta, Julio Bavio realizó ayer un interrogatorio de más de dos horas, al ex gendarme sanjuanino Juan Martín Dubiel, vinculado con un multimillonario contrabando de cocaína de máxima pureza secuestrado por la Policía de Salta en sendos operativos realizados en Anta y Metán.

El magistrado quiere determinar las fuentes de financiamiento del sujeto y sus cómplices, los salteños Marco Antonio Cardozo (33) y Juan Lazarte (43), para poder concretar las adquisiciones realizadas por el terceto, cercanas a los 800 kilogramos de cocaína de máxima pureza, lanzadas desde avionetas en terrenos descampados de Apolinario Saravia, departamento de Anta.

Dubiel, que se desplazaba por el país exhibiendo una credencial que lo acreditaba como segundo comandante en retiro de la Gendarmería y utilizaba sus conocimientos como ex integrante de la fuerza para manejar situaciones difíciles, especialmente los controles carreteros que realizan sus propios ex camaradas, fue aprehendido en una zona rural saraveña, 250 kilómetros al este de la capital.

Ello ocurrió gracias a que un agente que recorría el área en motocicleta repartiendo citaciones observó a una avioneta volar en círculos y arrojar paquetes que eran recogidos por tres sujetos, quienes los cargaban en una camioneta.

Inmediatamente dio aviso a sus superiores y se montó un operativo de intercepción, que dio resultados, ya que permitió descubrir un cargamento de 291 kilogramos de cocaína de máxima pureza y detener a sus operadores.

Una semana después, el 22, fue hallada en la playa de estacionamiento de una estación de servicio de Metán, sobre la ruta 34, una utilitaria Peugeot con casi 500 kilos de la droga.

El vehículo estaba a nombre de Dubiel y lo habían dejado en el lugar el mismo día en que su dueño fue capturado en Apolinario Saravia, tras haber cargado una S-10 sin patente, que al ser investigado su origen se determinó que se hallaba a nombre de la mujer del ex oficial.

Sin embargo, el hallazgo del segundo vehículo fue diferente al anterior ya que no fue obra del azar, sino gracias a una llamada que "alguien" realizó a la Unidad de Procedimientos Judiciales Especiales Salta de la Gendarmería Nacional (UESPROJUSAL), a cargo del comandante Aníbal Sánchez.

"Efectivamente, el comandante Sánchez nos comunicó del hallazgo de una camioneta sospechosa en Metán, supuestamente muy cargada y que tras investigarla se comprobó que era de Dubiel", dijo el secretario del Juzgado Federal 1, Santiago French. "Se le ordenó la custodia de la unidad y el magistrado determinó que el procedimiento lo continuara la Policía, institución que había iniciado el operativo", indicó el letrado.

Fuente: El Tribuno de Salta - Edición del Sábado 25 de Julio de 2009.


viernes, 3 de julio de 2009

Pérez Esquivel pidió a Urtubey que defienda a los vecinos de Cafayate

El 24 de junio pasado el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta al gobernador Juan Manuel Urtubey para que "tome las medidas necesarias para levantar el pedido de juicio en contra de once vecinos de Cafayate", encausados por impedir el paso de camiones que se dirigían a Minera Alumbrera, en Catamarca.
Pérez Esquivel envió la misiva entendiendo que el Estado Provincial "tiene el deber de velar por los derechos de las personas, y en particular por su libertad de actuar cuando ven sus derechos vulnerados".

El pedido de juicio oral y público contra los vecinos fue hecho por el fiscal correccional Nº 6, Facundo Ruiz de los Llanos. Pérez Esquivel indicó al gobernador que las notificaciones del proceso en contra de los cafayateños " son verdaderamente absurdas e insensatas por varias razones". Desde esta consideración, enumeró que en primer lugar "el derecho a manifestar es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y el ejercicio de este derecho no debería llevar a ningún tipo de judicialización".

Comentó en la carta que desde el Servicio por la Paz y la Justicia (SERPAJ), del que es titular "y personalmente, venimos recibiendo cada vez más denuncias, y observamos una creciente criminalización y represión en todo el país, en contra de organizaciones sociales, trabajadores, comunidades indígenas y militantes populares, quienes únicamente están pidiendo que se respeten sus derechos".

En segundo lugar, el Premio Nóbel sostuvo que "como consta en el informe realizado por la policía local, los vecinos en ningún momento impidieron el avance de los camiones, sino que lo único que hicieron es manifestarse frente a ellos mientras estaban bloqueados por su propio tamaño". Como lo hicieron los vecinos en sus momento, recordó que fueron los vehículos los que perturbaron "el normal funcionamiento del pueblo" e "infringieron la ley". Y es que esta normativa establece que está prohibida la circulación de vehículos que excedan los 2,60 metros de ancho. Los camiones de la empresa Carmona (de Chile), que se dirigían a Alumbrera "llevaban cargas de entre 7 y 8 metros de diámetro", que produjeron incluso problemas en las salidas del Hospital de Cafayate.

Recordó que entre los procesados se encuentran vecinos de la Asamblea de Autoconvocados del Valle Calchaquí que luchan por un Medio Ambiente Sano, y por otro vecinos que decidieron manifestarse espontáneamente ante la irrupción de estos camiones.

Fuente: Nuevo Diario de Salta - 03-07-09

jueves, 2 de julio de 2009

Denuncian desmontes en Anta a pesar de la inexistencia del mapa del ordenamiento

Integrantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán ratificaron las denuncias de habitantes de Algarrobal Viejo (paraje que se encuentra entre el límite de Anta, en Salta, y Santiago del Estero), sobre el desmonte de unas 5000 hectáreas en la parte salteña de tierras que pertenecían a la empresa Rumbo Norte y que, según los dichos de los campesinos, habrían sido vendidas con permiso de desmonte a una empresa de Santa Fe.
Frente al conflicto, los gobiernos de ambas provincias habían decidido suspender este desmonte (autorizado por la gestión de Juan Carlos Romero antes de la aprobación de la Ley de Bosques Nativos), hasta que las jurisdicciones contaran con sus respectivos ordenamientos territoriales.

En Salta, a pesar de que la ley le daba al gobernador 60 días para presentar el mapa del ordenamiento territorial en el cual se indica donde se puede desmontar y donde no, este todavía se desconoce.

Según lo indicado por los profesores de la universidad tucumana, Cristian Abdala y Juan Pablo Juliá, en Santiago las tierras que eran de Rumbo Norte (que suman unas 24 mil hectáreas), se encuentran ubicadas en una zona que está pintada de amarilla con puntos rojos.

Los dos colores son indicadores de que seguro, en esa zona, el desmonte está prohibido. Los académicos, que desde hace varios años estudian el aprovechamiento de la fauna y flora por parte de los pobladores de Algarrobal Viejo, prevén presentarse hoy en Tucumán en un plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y del Bicentenario de la Creación del Ombudsman.

Allí, junto a sus alumnos, harán una protesta y presentarán un petitorio para que los defensores intercedan en la situación.

Universitarios se movilizan para rechazar fondos de las mineras

Ante las sospechas de los integrantes del Centro de Estudiantes de Humanidades de que en la próxima sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta podría aprobarse la incorporación de los fondos de los Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), al presupuesto universitario, se decidió realizar una movilización a partir de las 16 al lugar en donde el Consejo se reúne.
La protesta es para "rechazar la aceptación de estos fondos y exigir la triplicación del presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa".

El debate respecto a la aceptación o rechazo de estos fondos se presentó en tanto los YMAD se encuentran manejados por una Unión Transitoria de Empresas (UTE), en la que uno de los socios es Minera Alumbrera, de Catamarca, empresa acusada de contaminar el medio ambiente.