De este modo el mascarón de proa de la competencia y prestigio de la universidad pública usada por empresas para su lucro y el saqueo, recibió un durísimo revés e instala un valioso precedente para la vida académica y la sociedad. Los pueblos vecinos a la explotación de Minera La Alumbrera, Santa María, Belén y Andalgalá, serán los directos beneficiados.
La carta firmada por la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) dirigida al rector de la universidad y otras similares enviadas por destacadas personalidades junto a quienes desde la propia UNSAM enfrentaron estos acuerdos, permitieron el triunfo absoluto del campo popular, un peldaño más en la lucha de nuestros pueblos que tarde o temprano serán protagonistas del gran cambio. Incluímos el texto de la nota de Adolfo Pérez Esquivel al Rector de la UNSAM.
Fuentes: Javier Rodríguez Pardo y Unión de Asambleas Ciudadanas
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Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.-
Señor
Rector de la Universidad Nacional de San Martín
Carlos Rafael Ruta
S / D
Reciba el fraterno saludo de Paz y Bien.
Me dirijo a Usted a fin de expresarle mi profunda preocupación, en relación a los convenios que la Universidad Nacional de San Martín mantiene con la empresa Minera Alumbrera Ltd.
En virtud de estos convenios, el Centro de Estudios para la Sustentabilidad de la Universidad desarrolla un programa de capacitación docente en la provincia de Catamarca (en Andalgalá desde el año 2006, y en Belén desde el año 2008). Como está indicado en el convenio, este programa se realiza en el marco de la "política de Responsabilidad Social Empresaria" de esta corporación minera. Tememos que esta política sea solamente un instrumento de la empresa para tratar de comprar la voluntad de los pueblos aledaños a su mega-emprendimiento Bajo La Alumbrera, y así obtener una "licencia social" para actuar con cada vez más impunidad.
Principalmente, nos preocupan las numerosas violaciones a los derechos humanos causadas por esta empresa. Entre otros muchos efectos desastrosos provocados por la gran minería, cabe recordar que el uso indiscriminado del agua por Minera Alumbrera Ltd. (100 millones de litros por día) provocó la desaparición de la gran parte de las actividades agrícolas en los departamentos aledaños[1]; la contaminación del agua y del aire aumentó de manera constante los casos de cáncer y las enfermedades respiratorias[2]; la libertad de expresión de los ciudadanos es cada día más violada.
Lo más alarmante es que esta empresa no haya sido obligada a suspender sus actividades, aún cuando su vice-presidente Julian Patricio Rooney está siendo procesado por daño ambiental por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Este procesamiento judicial, dispuesto en mayo de 2008, se apoya en pruebas contundentes de la contaminación de las aguas del canal de desagüe DP2, donde se vierten los efluentes de la planta de filtrado del concentrado de mineral del yacimiento Bajo La Alumbrera[3]. Ya en 2007, un informe de la propia Secretaría de Minería de la Nación detallaba los graves impactos ambientales causados por esta mina[4].
Las universidades, sobre todo la universidad pública, tienen el deber de mantener una mirada crítica sobre toda actividad productiva y sus impactos sobre la población. Mantener esta distancia crítica implica que la universidad goce de una total independencia para desarrollar sus investigaciones. El hecho de que la producción de saberes técnicos dependa de fondos otorgados por una empresa tan cuestionada como Minera Alumbrera Ltd. le resta confiabilidad. Al publicar estudios complacientes con esta empresa, la Universidad de San Martín (UNSAM) avala las violaciones a los derechos humanos provocadas por esta corporación minera.
Además, llegaron al SERPAJ denuncias de las presiones y coacciones que muchos trabajadores de la UNSAM, que tratan de oponerse a esos convenios lamentables, vienen sufriendo de parte de las autoridades de la universidad. Es inadmisible que la libertad de expresión, en lugar de ser defendida por esta universidad pública, no sea respetada en su propio seno. Le recuerdo que en los valores de su universidad figuran la "libertad académica y [el] respeto por la pluralidad de pensamiento".
Siendo una entidad pública, la UNSAM debería actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los ciudadanos. Al asociarse con Minera Alumbrera Ltd, la UNSAM contribuye a desprestigiar el ámbito académico; en lugar de cumplir con su deber de informar a la sociedad civil, estas actividades de la universidad tienden a desinformar.
Por todo eso, y porque sabemos de su compromiso con la visión de su universidad – "Que la UNSAM sea reconocida por la calidad de sus actividades académicas y por contribuir al desarrollo de la comunidad" -, solicitamos que no se renueven los convenios con Minera Alumbrera Ltd., y que respete la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones de su empleados.
Le agradecemos toda la atención que pueda prestar a esta situación, tan preocupante para todos y todas quienes defendemos el derecho a un ambiente sano, y adjuntamos información más detallada respaldando nuestro pedido.
Le reitero mi fraterno saludo.
Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz
[1] Ortiz, Ricardo, Las empresas transnacionales en la minería argentina: seguridad jurídica para las empresas, inseguridad ambiental e incumplimiento de los derechos de las comunidades locales, Informe de investigación, Observatorio de las Empresas Transnacionales, Foro Ciudadano de Participación para la Justicia y los Derechos Humanos, Buenos Aires, 2007.
[2] Entre 1998 y 2002, luego del comienzo de la explotación de Bajo La Alumbrera, el número de patologías respiratorias de los niños aumentó un 63% según datos del servicio de pediatría del Hospital Zonal de Andalgalá en Catamarca (Nota nº44/03, área programática nº9).
[3] Más información en: Causa "González, Juan Antonio s/ infracción a la ley 24.051". Expte nº47.958. Juzgado Federal de Tucumán nºII.
[4] Secretaría de Minería de la Nación, Provincia de Tucumán – Determinación de impactos ambientales, marzo de 2007.
Señor
Rector de la Universidad Nacional de San Martín
Carlos Rafael Ruta
S / D
Reciba el fraterno saludo de Paz y Bien.
Me dirijo a Usted a fin de expresarle mi profunda preocupación, en relación a los convenios que la Universidad Nacional de San Martín mantiene con la empresa Minera Alumbrera Ltd.
En virtud de estos convenios, el Centro de Estudios para la Sustentabilidad de la Universidad desarrolla un programa de capacitación docente en la provincia de Catamarca (en Andalgalá desde el año 2006, y en Belén desde el año 2008). Como está indicado en el convenio, este programa se realiza en el marco de la "política de Responsabilidad Social Empresaria" de esta corporación minera. Tememos que esta política sea solamente un instrumento de la empresa para tratar de comprar la voluntad de los pueblos aledaños a su mega-emprendimiento Bajo La Alumbrera, y así obtener una "licencia social" para actuar con cada vez más impunidad.
Principalmente, nos preocupan las numerosas violaciones a los derechos humanos causadas por esta empresa. Entre otros muchos efectos desastrosos provocados por la gran minería, cabe recordar que el uso indiscriminado del agua por Minera Alumbrera Ltd. (100 millones de litros por día) provocó la desaparición de la gran parte de las actividades agrícolas en los departamentos aledaños[1]; la contaminación del agua y del aire aumentó de manera constante los casos de cáncer y las enfermedades respiratorias[2]; la libertad de expresión de los ciudadanos es cada día más violada.
Lo más alarmante es que esta empresa no haya sido obligada a suspender sus actividades, aún cuando su vice-presidente Julian Patricio Rooney está siendo procesado por daño ambiental por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Este procesamiento judicial, dispuesto en mayo de 2008, se apoya en pruebas contundentes de la contaminación de las aguas del canal de desagüe DP2, donde se vierten los efluentes de la planta de filtrado del concentrado de mineral del yacimiento Bajo La Alumbrera[3]. Ya en 2007, un informe de la propia Secretaría de Minería de la Nación detallaba los graves impactos ambientales causados por esta mina[4].
Las universidades, sobre todo la universidad pública, tienen el deber de mantener una mirada crítica sobre toda actividad productiva y sus impactos sobre la población. Mantener esta distancia crítica implica que la universidad goce de una total independencia para desarrollar sus investigaciones. El hecho de que la producción de saberes técnicos dependa de fondos otorgados por una empresa tan cuestionada como Minera Alumbrera Ltd. le resta confiabilidad. Al publicar estudios complacientes con esta empresa, la Universidad de San Martín (UNSAM) avala las violaciones a los derechos humanos provocadas por esta corporación minera.
Además, llegaron al SERPAJ denuncias de las presiones y coacciones que muchos trabajadores de la UNSAM, que tratan de oponerse a esos convenios lamentables, vienen sufriendo de parte de las autoridades de la universidad. Es inadmisible que la libertad de expresión, en lugar de ser defendida por esta universidad pública, no sea respetada en su propio seno. Le recuerdo que en los valores de su universidad figuran la "libertad académica y [el] respeto por la pluralidad de pensamiento".
Siendo una entidad pública, la UNSAM debería actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los ciudadanos. Al asociarse con Minera Alumbrera Ltd, la UNSAM contribuye a desprestigiar el ámbito académico; en lugar de cumplir con su deber de informar a la sociedad civil, estas actividades de la universidad tienden a desinformar.
Por todo eso, y porque sabemos de su compromiso con la visión de su universidad – "Que la UNSAM sea reconocida por la calidad de sus actividades académicas y por contribuir al desarrollo de la comunidad" -, solicitamos que no se renueven los convenios con Minera Alumbrera Ltd., y que respete la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones de su empleados.
Le agradecemos toda la atención que pueda prestar a esta situación, tan preocupante para todos y todas quienes defendemos el derecho a un ambiente sano, y adjuntamos información más detallada respaldando nuestro pedido.
Le reitero mi fraterno saludo.
Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz
[1] Ortiz, Ricardo, Las empresas transnacionales en la minería argentina: seguridad jurídica para las empresas, inseguridad ambiental e incumplimiento de los derechos de las comunidades locales, Informe de investigación, Observatorio de las Empresas Transnacionales, Foro Ciudadano de Participación para la Justicia y los Derechos Humanos, Buenos Aires, 2007.
[2] Entre 1998 y 2002, luego del comienzo de la explotación de Bajo La Alumbrera, el número de patologías respiratorias de los niños aumentó un 63% según datos del servicio de pediatría del Hospital Zonal de Andalgalá en Catamarca (Nota nº44/03, área programática nº9).
[3] Más información en: Causa "González, Juan Antonio s/ infracción a la ley 24.051". Expte nº47.958. Juzgado Federal de Tucumán nºII.
[4] Secretaría de Minería de la Nación, Provincia de Tucumán – Determinación de impactos ambientales, marzo de 2007.
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