La ley de Ordenamiento Territorial que se sancionó en el parlamento salteño es claramente a favor de los grupos exportadores, principalmente de la soja.
En el Senado se introdujeron importantes modificaciones que amplían enormemente la superficie posible de desmonte.
Pero el texto original que envió el gobierno estaba en la misma línea y constituye una gran fuente de negociados. El proyecto no solo prevé las compensaciones económicas que están en la ley nacional sino que se conforma un fondo provincial con el mismo fin, para aquellos que decidan reservar algún área boscosa sin desmontar. También se establecen exenciones para casi todos los impuestos. Esto dará lugar a nuevos negocios.
Claro está que detrás de los desmontes y la extensión de la frontera agropecuaria no hay ningún plan de desarrollo para la provincia. Solo hay un gran negocio y especulación para unos pocos.
Desde algunas organizaciones como Libres del Sur y el Frente Grande se impulsó la consigna de que Urtubey vete los artículos que fueron modificados por el Senado. Es un intento por lavar las responsabilidades políticas de estas organizaciones que todavía ocupan importantes cargos en el gobierno .Quisieron crear la ilusión de que lo que se aprobó no era lo que el gobernador quería. Sin embargo Urtubey promulgó la ley tres días después de sancionada. Tiempo record. Por otro lado el ingreso de la ley por el Senado no fue una casualidad. Se sabía que allí iban a influenciar sectores como los de Fundesnoa, donde están grandes compañías agrícolas como CRESUD, Desde el Sur o el Ingenio El Tabacal, y hasta empresas mineras y petroleras. Es de ingenuos o simplemente de impostores pensar que la ley salió sin consentimiento del gobernador.
Es claro también, que no podía salir otra cosa de un gobierno que endeudó la provincia en más de 100 millones de pesos para hacer obras a favor de los grupos exportadores, a los que les mantiene todas las exenciones impositivas y subsidios.
El proceso “participativo” fue una audiencia pública más. Un escenario de supuesta participación, pero claro, no vinculante.
Todo el pueblo de Salta se verá afectado por la irracionalidad de la producción agropecuaria y los desmontes, principalmente las comunidades originarias y campesinas criollas.
Es necesario que se convoque a un gran congreso provincial de comunidades aborígenes y criollas, con la participación de sindicatos y agrupaciones combativas, para debatir un plan de lucha contra esta ley sojera, contra los desmontes y la expulsión de las comunidades, y elaborar un programa de reforma agraria, que parta de expropiar los grandes latifundios, para planificar la producción en función de los intereses colectivos de la población.
Para la defensa del medio ambiente y de los derechos de las comunidades aborígenes y criollas es condición la independencia política de este gobierno.
Fte Pablo López, Diputado Partido Obrero.
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