Los desánimos de los funcionarios del Ministerio de Ambiente de la provincia tras la sesión del Senado del pasado jueves fueron notables y, según lo indicaron fuentes ministeriales, de aprobarse el martes la ley de ordenamiento territorial en Diputados con las modificaciones dispuestas desde la Cámara Alta, se solicitaría al gobernador Juan Manuel Urtubey que la normativa sea vetada.
Las esperanzas no tendrían mucho espacio pues por lo que se vio en el proceso de aprobación de esta normativa, hubo complicidad y decisiones políticas desde el gobierno provincial para que la ley sea votada por unanimidad en el Senado, desde el momento que se quitó la obligatoriedad de guiar el tratamiento de la ley a través de un mapa, como lo indicaba el anteproyecto propuesto por los técnicos. Ahora, y luego de 60 días de promulgada la ley, se espera que el Gobierno presente un nuevo mapa.
Algunas modificaciones de la ley podrían significar el desmonte de entre "tres millones y medio y cuatro millones de hectáreas para desmontes", dijo el diputado Carlos Morello, quien ya hizo las consultas a los técnicos tras conocer las modificaciones al proyecto dispuestas desde la Comisión Bicameral.
De hecho, entre los puntos más importantes se modifica el porcentaje de pendiente. Se establecía que las zonas amarillas (en las que no se puede desmontar), eran aquellas con pendientes superiores al 5%.
Al pasar ese porcentaje a 15%, el amarillo propuesto por la Secretaría de Política Ambiental pasará a ser suelo ubicado en zonas verdes, que son las aptas para el desmonte.
Otro de los puntos modificados es la protección de bosques en cada lado de la ribera de los ríos, bajándose de 1000 metros (y no hectáreas como erróneamente publicó Nuevo Diario), a 500.
En términos ambientales, estos fueron los puntos modificados que más preocuparon a los técnicos.
La titular de Política Ambiental, Cristina Camardelli, sostuvo que los legisladores no tuvieron en cuenta los fundamentos técnicos que se expusieron en distintas reuniones en el marco del tratamiento de este ordenamiento. Ante ello, tiene previsto realizar un informe por el cual se expliquen las consecuencias ambientales que las decisiones dispuestas en el acuerdo entre senadores y diputados podrían tener a futuro.
Al ser consultado sobre los sustentos técnicos que llevaron a los legisladores a plantear estas modificaciones, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, José Luis Valle, sostuvo que fue tras los aportes dispuestos por la ex secretaria de Medio Ambiente durante el gobierno romerista y titular de FUNDESNOA, Ana María Pontussi; y los integrantes del Colegio de Ingenieros.
Fuente: Nuevo Diario de Salta - 14-12-08
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