Un informe elaborado por expertos forestales afirma que el proyecto de ley de ordenamientos territorial y su mapa no contemplan las áreas prioritarias de conservación de la biodiversidad de la cual dependen muchas comunidades aborígenes y la sociedad en general.
El informe está siendo analizado por la agrupación kirchnerista “Doctrina en Acción”, que lideran Enrique Arias y Edmundo Falú.
Se sostiene que las áreas que pueden ser desmontadas deberán ser replanteadas por estar en zonas de gran fragilidad ambiental y con tenencia de la tierra en conflicto para aborígenes y pequeños productores criollos.
El proyecto oficial establece una superficie de 1.8 millones de hectáreas a desmontar, que quiere ser elevado a cinco millones en la propuesta del senador Alfredo Olmedo. Segun el informe la propuesta de ordenamiento de los bosques nativos fragmenta o divide los ecosistemas sin posibilidades de integración ambiental.
Se reclama que las áreas destinadas a la producción deberán contar con áreas de conservación y protección, es decir rojas y amarillas para formar un mosaico que integre la producción y la conservación.
Piden el equilibrio de producir y conservar con equidad social.
Afirman que no existe visión de cuenca en la propuesta presentada por el Ministerio de Medio Ambiente. Existen áreas que se consideran aptas para el desmonte que son inundables, salinizables y con alto potencial de desertificación.
Para los expertos la propuesta presentada no ha garantizado la participación efectiva de los sectores de la sociedad que tienen un interés directo o indirecto sobre el futuro uso de los bosque nativos de Salta. Se deberá proyectar el desmonte a un periodo de tiempo no menor a 50 años, que es tiempo mínimo necesario para garantizar una actividad sustentable en la región chaqueña de Salta.
Solicitan aplicar el principio de gradualismo y precaución a la proyección regional de desmontes en áreas de mayor fragilidad ambiental que tiene costos sociales muy altos.
Piden que los desmontes se deberán ajustar a un ordenamiento predial en el que se garantice la producción y la conservación.
Los desmontes a nivel predial deberán realizarse en un periodo no menor a 10 años para superficies mayores a 2.000 ha y de 5 años para superficie que van desde 500- 2000 ha.
Los desmontes deberán ser certificados por etapa, es decir que deberán autorizar en forma parcial y renovados con la previa supervisión de cumplimiento de los compromisos para la siguiente etapa.
La ley deberá obligar a los que desmontan al uso total de los productos del desmonte para generar empleo local y capacitado, dice el informe técnico.
Fuente: Nuevo Diario de Salta - 01-12-08
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