Como se sabía iba a suceder, ayer los diputados aprobaron por mayoría la ley de ordenamiento territorial que tras ser modificada en una comisión bicameral de senadores y diputados, apunta a extender la frontera agrícola a un punto que podría poner en peligro la biodiversidad de la provincia y con ello, la ya vapuleada supervivencia de las pequeñas comunidades que viven del monte.
Los únicos que votaron en contra del proyecto fueron los diputados Carlos Morello (Libres del Sur), Pablo López y Patricia Poblete (Partido Obrero). Cuando fue la votación de la ley en particular la diputada Margarita Véliz (FREJUVI), votó en contra de los artículos 28 y 30, argumentando que ante los desmontes indiscriminados y la falta de controles sobre ellos Rivadavia, departamento que representa, fue uno de los que se vio más afectados.
Aunque hubo diputados como Manuel Chauque, Antonio Hucena y Cristina Lobo que hicieron manifestaciones que hacían pensar que su voto sería en contra al menos en la votación en particular, los legisladores terminaron avalando la votación a favor de las modificaciones.
Todos los legisladores destacaron el proceso participativo realizado, proceso que tras este tratamiento de la ley, y a entender de las comunidades de criollos e indígenas, no ha servido de nada.
Inconstitucional
Morello indicó que incluso se aprobó una ley que roza lo inconstitucional por lo dispuesto en el artículo 28. Este punto indica que aquellos pedidos de desmontes sin autorización que se presentaron antes de la sanción de la ley de presupuestos mínimos podrán ser aprobados según la normativa anterior a la ley nacional.
"Es bastante audaz este artículo", sostuvo el legislador al indicar que va en contra de los establecido en el artículo 3 del Código Civil que dispone que "a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes".
En cuanto al artículo 30, que prorroga por tres años más los permisos de desmontes sostuvo "estamos hablando de permisos de desmontes sin entidad legal". Morello también cuestionó los artículos 12, 14 y 15 entendiendo que sus contenidos -que hablan de cambiar del 5% al 15% el porcentaje de pendiente para permitir el desmonte, y baja la cantidad de metros a dejar en las riberas de los ríos- fueron tratados con "una dejadez absoluta".
López por su parte, sostuvo que la ley ayer aprobada "es el proyecto de la patria sojera", al que el gobernador Juan Manuel Urtubey ya "le dio el visto bueno".
Entre las consideraciones a favor se escuchó al diputado del PJ, Luis Mendaña, decir que como los distintos sectores están en desacuerdo con la ley esto da la pauta que es "seguro que sacamos una normativa que tiene equilibrio". Por su parte, el diputado Santiago Godoy sostuvo que con esta ley en realidad se da un instrumento por el cual el único órgano a decidir será el Ministerio de Ambiente.
Por su parte, y a pesar de la profunda crítica al manejo que hizo el senador Alfredo Olmedo por el manejo de Salta Forestal y su condición de productor al momento de agregar las modificaciones que se aprobaron con la ley, el diputado Pedro Sandez sostuvo que el proyecto consensuado entre los legisladores "no tiene nombre ni apellido".
No garantiza sustentabilidad
"Estamos en un estado de derecho y democracia y estas son instancias de debate y consenso", dijo el ministro de Ambiente, Julio Nasser al terminar la sesión.
Al ser consultado por la posibilidad de pedir el veto a la ley por parte del Ejecutivo, dijo que eso se debe discutir con el gobernador.
En cuanto al piso de sustentabilidad que se buscaba con la elaboración del ordenamiento, dijo que la ley aprobada no garantiza esa posibilidad en algunos aspectos, entre los que señaló el cambio de los porcentajes de la pendiente al momento de autorizar un desmonte.
Fuente: Nuevo Diario de Salta - 17-12-08
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