Tras conocer el estado final de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, los integrantes del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), resolvieron ayer reclamar al gobernador Juan Manuel Urtubey el veto de la normativa aprobada en la Legislatura.
Si hasta la primera semana de enero (y no el 31 de diciembre, como erróneamente publicó ayer Nuevo Diario), Urtubey no veta la normativa, el Consejo autorizó a las autoridades universitarias a iniciar las acciones legales para tramitar la declaración de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o los organismos que correspondan.
Ayer, antes de la discusión de esta resolución, los referentes de la entidad académica, el INTA, la Subsecretaría de Agricultura Familiar (ex Programa Social Agropecuario), y Parques Nacionales pidieron una audiencia a Urtubey para plantear el tema.
El mandatario los recibiría el lunes a la mañana. La situación parece preocupar más a Parques y el INTA, dado que el resultado del ordenamiento estuvo en manos de sus técnicos, quienes se vieron sorprendidos ante las resoluciones políticas que apuntaron al cambio radical del proyecto original.
Las modificaciones pasaron por encima los argumentos de los especialistas para favorecer al sector de los grandes productores salteños.
Entre los fundamentos de la resolución Nº 606/08 del Consejo Superior, se afirmó que la ley aprobada "pone en peligro ambiental" a la provincia dado que apunta a habilitar el desmonte en tierras cubiertas por bosques "cuyo cuidado es imprescindible, entre otros aspectos, para la estabilidad de las cuencas hídricas".
Se observaron los artículos 12, 14 y 15 que, tras ser modificados por los legisladores, por un lado rebajan la cantidad de metros sobre la ribera de los ríos principales y por el otro aumentan el porcentaje de pendiente de un 5% a un 15% para permitir el desmonte.
"Esto va a significar hacer agricultura ganadera en los cerros, no en la llanura", dijo la rectora de la UNSa., Stella Bianchi, al ser consultada por Nuevo Diario.
También se cuestionan los artículos 28, 30 y 31, que favorecen la continuidad indefinida de desmontes pedidos y autorizados.
Los académicos se solidarizaron con los reclamos de las comunidades indígenas y campesinas "ya que de ponerse en vigencia la recientemente aprobada por las cámaras legislativas, se pondría en grave riesgo la supervivencia material y cultural de los mismos", afirmaron en la resolución.
Fuente: Nuevo Diario de Salta - 19-12-08
No hay comentarios:
Publicar un comentario