ARTICULO DIARIO LA NACION DEL DOMINGO

El reciente veto presidencial a la ley de protección de los glaciares volvió a poner en el tapete los conflictos entre la actividad minera y el cuidado ambiental. Tensiones de un negocio tan rentable como controvertido. Domingo 21 de diciembre de 2008 | Publicado en edición impresa  Si la actividad minera, que había encontrado en Menem a su mejor aliado, pudo temer los alardes antinoventistas del kirchnerismo, cinco años bastaron para llevarle tranquilidad. El crecimiento de la minería es, sin duda, uno de los grandes booms de la era K. Desde 2003 hasta hoy, las exportaciones del sector subieron de 3300 millones de pesos a 11.250; las inversiones directas pasaron de 663 a 6500 millones de pesos; las empresas radicadas en el país subieron desde la veintena existente en 2002 a unas 150 a fines del año último, y los empleos subieron de 19.000 a 40.000, según datos de la secretaría de Minería de la Nación. Se comprende que el Gobierno haya tenido dificultades para cumplir con la promesa que Néstor Kirchner le hizo a Romina Picolotti al nombrarla como secretaria de Medio Ambiente en 2006: "Apoyo total para hacer lo que tengas que hacer". Se entiende, sobre todo, si se recuerdan otras promesas. Como por ejemplo la que les hizo a los empresarios del sector, en la presentación del Plan Nacional Minero, cuando se comprometió a "escucharlos y ayudarlos para que la inversión sea más rápida y ayude a consolidar el proceso de crecimiento que la Argentina necesita". Las dos promesas expresan claramente esa tensión inevitable entre el necesario impulso al crecimiento de industrias que contribuyan al desarrollo económico del país y el necesario cuidado del Medio Ambiente. Una tensión que quedó al desnudo hace pocas semanas con el reciente veto presidencial a la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares, fuentes de agua fundamentales en las zonas cordilleranas. La decisión dejó al descubierto la importancia estratégica que los gobernadores de provincias mineras dan a los mega emprendimientos de extracción de oro y otros metales, fundamentales para generar ingresos que equilibren sus cuentas públicas. Al mismo tiempo, el veto del Gobierno luego de que la ley fuera aprobada por consenso en el Congreso motivó el rechazo de opositores y ONGs, pero también de kirchneristas que denunciaron presiones de los mandatarios provinciales y las empresas hacia el Gobierno para forzar su decisión. Si la tensión necesita más ejemplos, bien vale el de la salida de Picolotti del Gobierno, después de que la ley que impulsó fuera vetada por la Presidenta. La antes aguerrida ambientalista, que al inicio de su gestión se había manifestado en contra de la minería a cielo abierto (un método muy cuestionado, que utiliza la mayoría de los emprendimientos en el país), luego de una discusión pública con el secretario de Minería Jorge Mayoral, se llamó a silencio y nunca más criticó los emprendimientos mineros. Especialistas y dirigentes políticos coinciden en que la ostensible mejora de los precios internacionales de los metales, un territorio nacional con mucho potencial inexplorado, y la legislación pro-minera con estabilidad fiscal y beneficios impositivos heredada del menemismo explican el boom minero en nuestro país. Siguiendo el primer impulso que el menemismo dio a la entrada de capitales y empresas mineros, un proceso que comenzó en 1994 y culminó en 1998, a partir de 2003, el ex presidente y sus colaboradores del área, el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el secretario de Minería, Jorge Mayoral, continuaron la legislación pro minera y ampliaron las facilidades para la radicación de nuevos emprendimientos. Focos de conflicto "La minería es una actividad ampliamente desarrollada en muchos países, como EE.UU., Canadá y Australia. Genera ingresos para el Estado por vía de impuestos, crea miles de empleos y favorece el desarrollo social sustentable", sostuvo el vocero de la minera canadiense Barrick Gold, Miguel Martin. Para Julio Ríos Gómez, titular del Grupo Empresario de Empresas Mineras de Exploración de la República Argentina (Gemera), "la Argentina tiene un potencial natural importante. La mejoría de la actividad económica mundial y la llegada de decenas de pequeñas empresas para la exploración dinamizó al sector". Pero otros creen que la combinación de viento de cola para Kirchner y precios altos no fueron las únicas razones. "En los años noventa se buscaba la radicación de las empresas, y en estos años se les dieron muchos más beneficios que a otros sectores productivos, como la industria o el campo", discrepó la diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes (Capital), miembro de la comisión de Minería de la Cámara baja. Claro que, junto con la llegada de capitales y empresas mineras de Europa, América del Norte y Oceanía aparecieron, en cadena, los problemas de tipo ambiental. Seis de las quince provincias con potencial minero (Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Chubut y San Luis) sancionaron leyes que prohíben la exploración y explotación minera en base a cianuro o mercurio, dos materiales que de acuerdo a los grupos ambientalistas locales contaminan las fuentes de agua y aire de cada región en la que se desarrollan. Allí comenzó también una pulseada entre gobiernos provinciales pro mineros y grupos de ambientalistas que se oponen frontalmente y sin concesiones a los proyectos mineros. La pelea tuvo resultados dispares. En 2003, un plebiscito impulsado por ambientalistas en Esquel rechazó, con el 80 por ciento de los votos, la instalación de la filial local de la minera Meridian Gold. El triunfo motivó a grupos ecologistas a extender sus protestas a distintos lugares del país, y a unirse en asambleas para denunciar el presunto "saqueo" de las materias primas que las empresas estarían llevando a cabo con el guiño de gobernantes nacionales y provinciales. "Hay lugares que, simplemente, no quieren ser pueblos mineros. Prefieren ser agricultores o favorecer el turismo", dijo Javier Rodríguez Pardo, titular de la Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina (Renace) y líder de aquella protesta en Esquel que precipitó una ola de rechazos que aún continúa. En La Rioja, en cambio, el gobernador Luis Beder Herrera llegó al poder el año último luego de criticar duramente el acuerdo firmado por su antecesor, Angel Maza (ex secretario de Minería de Carlos Menem) para la instalación de una mina regida por Barrick Gold en la pequeña localidad de Famatina. Apenas sentado en el sillón de la gobernación, Beder Herrera derogó la legislación antiminera y hasta inició -según denuncian los ambientalistas- un proceso de ataques contra los docentes que se oponían al desarrollo minero. Pero más allá de las protestas, los emprendimientos han encontrado terreno fértil en distintas provincias del país. San Juan, Catamarca y (en menor medida) Santa Cruz son las principales provincias en las que se desarrollan los principales proyectos mineros. En Catamarca, donde gobierna el radical Eduardo Brizuela del Moral, funciona desde 1997 el proyecto minero Bajo la Alumbrera, el más grande del país y considerado de clase mundial por su extensión en el tiempo y la calidad del yacimiento. Desde la empresa, regida por capitales suizos y canadienses, descartan daños al Medio Ambiente y destacan los aportes que han hecho al fisco (unos 700 millones de pesos en cuatro años) sólo en concepto de impuesto a las ganancias. Las empresas también niegan connivencia con los gobernadores. "Cuando las provincias tuvieron que sancionar a las empresas lo hicieron, y también han sacado su rédito de todo esto", afirmó Ríos Gómez, que destacó los aportes en empleo, infraestructura, caminos y capacitación que generan los emprendimientos mineros. Un 70 por ciento de los ingresos por impuestos de Catamarca proviene de Bajo la Alumbrera, lo que para la diputada Reyes trae aparejada "una dependencia inaceptable". La rentabilidad es otro punto de fricción entre defensores y atacantes del desarrollo minero. Los empresarios del sector alaban las políticas gubernamentales desarrolladas hasta fines del año último, aunque cuestionan las retenciones de entre el 5 y el 10 por ciento que Néstor Kirchner impuso al sector cuando culminaba 2007. "Es un cambio en las reglas de juego", protestan. Para Reyes, "las empresas se quejan, pero han obtenido muchísimos beneficios gracias a una legislación permisiva". La ley de inversión minera establecida en 1993 y confirmada por los sucesivos gobiernos asegura a las empresas estabilidad fiscal por treinta años, exoneración del impuesto a los activos, y la limitación de regalías al 3 por ciento del valor del mineral en boca de mina. Según Reyes, "es obvio que las empresas presionan a través de los gobernadores. Y el Estado no es inocente, es parte de la negociación". En San Juan, el gobernador José Luis Gioja y sus hermanos César (senador) y Juan Carlos (diputado) apoyan calurosamente los proyectos Veladero y Pascua Lama, explotado también por Barrick Gold y ubicado, este último, en la frontera con Chile. Entre ambos yacimientos, suman una inversión de casi 10.000 millones de pesos. La empresa se defiende: Veladero es, aseguran desde allí, la primera mina en el país que alcanzó la certificación internacional para su sistema de gestión ambiental y su respeto en el manejo del cianuro. Rodríguez Pardo, en cambio, denuncia "una sociedad tácita entre el gobernador de San Juan y Barrick". Para el ecologista, la empresa de insumos Bentonita Santa Gema, propiedad de los Gioja, sería a su vez proveedora de Barrick Gold. Juan Carlos Gioja lo niega y dice que se trata de "una mentira de quienes se creen iluminados y dueños de la verdad". Veto y polémica Por si faltara tensión, el veto presidencial a la ley de glaciares encendió la polémica, incluso dentro del propio bloque oficialista. La norma proponía la creación de un inventario nacional de glaciares y prohibía, en su artículo 6, "la exploración y explotación minera o petrolífera", tanto en los glaciares como en suelos congelados, denominados zonas periglaciares. En su veto, el Gobierno enojó a los ambientalistas al afirmar que esa prohibición "daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían desarrollarse con perfecto cuidado del Medio Ambiente". También dejó constancia de que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación" por la ley, "toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo y en las inversiones que se llevan a cabo allí". Miguel Bonasso, diputado kirchnerista hoy alejado del Gobierno, preside la comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja. Está enojado con el veto presidencial, y no lo oculta. "El Gobierno no se debió prestar nunca a la presión de los gobernadores. La ley no afecta a la actividad minera, siempre y cuando los trabajos de exploración y explotación no afecten a los glaciares", se indigna. Según el diputado, que insistirá el año próximo con una nueva versión del proyecto vetado, "la minería a cielo abierto es peligrosa desde lo ecológico, contamina y no genera los empleos que dice. El control es imposible de hacer si hay connivencia entre empresas y gobernantes". Juan Carlos, el hermano del gobernador sanjuanino, acusó a Bonasso de "ideologizar" la cuestión ambiental, negó todo contacto del gobernador con la empresa y consideró "ridículo que la Presidenta se deje presionar por un gobernador, o una empresa. Quienes hablan así no la conocen". La crisis económica mundial, que ha frenado inversiones en todo el mundo, podría inmiscuirse y establecer un paréntesis en la polémica. La mayor parte de las empresas pequeñas dedicadas a la exploración amenazan con hacer las valijas, asustadas por cambios en la legislación argentina y proyectos de nacionalización como la reciente estatización del sistema de jubilaciones y la eliminación de las AFJP. Las grandes empresas internacionales desensillarán hasta que aclare, aunque todo indica que será sólo una tregua en una actividad que empresarios y el propio Gobierno auguran como muy promisoria en lo económico. Mientras tanto, el Gobierno deberá ver cómo equilibrar los tantos de un negocio tan rentable como polémico. Por Jaime Rosemberg © LA NACION