Fuerte crítica del titular del INTI a Cristina por anular la ley de glaciares
Enrique Martínez es funcionario K y el severo documento que difundió expresa el malestar en el oficialismo por el veto presidencial a una ley que colocaba a la Argentina como líder en protección ambiental. Denuncia al lobby minero.
“El sano juicio y el principio de precaución, universalmente aceptado, avalan como plenamente acertadas todas y cada una de las disposiciones de la ley sancionada por el Congreso (...). Difícilmente pudiera encontrarse una normativa superadora de la misma, ya que ella es clara, pertinente, eficiente y suficiente.” El contundente párrafo está incluido en la carta que el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Enrique Martínez, dirigió al senador Daniel Filmus y a la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti. Precisamente, los encargados de cumplir la instrucción de Cristina Kirchner de encontrar “una normativa superadora” después de su veto a la ley de protección de glaciares.
Martínez es un funcionario K y su carta es una nueva expresión del malestar que generó en las filas oficialistas el veto a una ley refrendada por unanimidad en el Parlamento, con apoyo de las más importantes organizaciones ambientalistas, y que colocaba a la Argentina a la vanguardia en materia de preservación de fuentes de aguas dulces. La diferencia es que Martínez no expresa sólo una disconformidad política sino –fundamentalmente– técnica, respaldada en la solvencia y prestigio del INTI. Su carta tiene, en ese sentido, casi el valor de un dictamen.
“Exhortamos a todos los legisladores a la ratificación plena de la ley y a los funcionarios integrantes del Poder Ejecutivo a un asesoramiento profesional y responsable para rectificar el veto que ya empieza a ser conocido como Veto Barrick Gold, por la empresa emblemática de los intereses mineros presuntamente afectados”, señala otro párrafo que golpeará fuerte en la Casa Rosada.
Como informó este diario, detrás del veto asomaron las presiones de gobernadores peronistas y compañías multinacionales de minería interesadas en la explotación de riquezas (oro, por ejemplo) en zonas que requieren el desplazamiento o directamente la destrucción de glaciares.
Martínez subrayó que “no existen antecedentes mundiales de operaciones mineras de gran dimensión, en o sobre formaciones glaciarias o periglaciarias que hayan resultado de nulo o mínimo impacto sobre las mismas”.
Para el titular del INTI no se trata de “una postura ideológica” ni “dogmática”, sino realista. Sostiene que para permitir “intervenciones antrópicas con alto impacto ambiental, con propósitos productivos”, hay un puñado de condiciones indispensables: altas tecnologías, empresas comprometidas con el principio de responsabilidad social, transparencia de información y procedimientos, rigurosa supervisión y monitoreo tanto de autoridades como de pobladores de las regiones afectadas, “dotados de instrumentos técnicos de avanzada para cumplir con el contralor”. Condiciones todas, indica, de difícil ejecución en la Argentina. Y remata: “No parece serio ni creíble invocar principios de responsabilidad social empresarial y, menos aún, de gobernanza democrática socialmente responsable, para sostener hipótesis a todas luces sin antecedentes ni fundamentos”
Martínez es un funcionario K y su carta es una nueva expresión del malestar que generó en las filas oficialistas el veto a una ley refrendada por unanimidad en el Parlamento, con apoyo de las más importantes organizaciones ambientalistas, y que colocaba a la Argentina a la vanguardia en materia de preservación de fuentes de aguas dulces. La diferencia es que Martínez no expresa sólo una disconformidad política sino –fundamentalmente– técnica, respaldada en la solvencia y prestigio del INTI. Su carta tiene, en ese sentido, casi el valor de un dictamen.
“Exhortamos a todos los legisladores a la ratificación plena de la ley y a los funcionarios integrantes del Poder Ejecutivo a un asesoramiento profesional y responsable para rectificar el veto que ya empieza a ser conocido como Veto Barrick Gold, por la empresa emblemática de los intereses mineros presuntamente afectados”, señala otro párrafo que golpeará fuerte en la Casa Rosada.
Como informó este diario, detrás del veto asomaron las presiones de gobernadores peronistas y compañías multinacionales de minería interesadas en la explotación de riquezas (oro, por ejemplo) en zonas que requieren el desplazamiento o directamente la destrucción de glaciares.
Martínez subrayó que “no existen antecedentes mundiales de operaciones mineras de gran dimensión, en o sobre formaciones glaciarias o periglaciarias que hayan resultado de nulo o mínimo impacto sobre las mismas”.
Para el titular del INTI no se trata de “una postura ideológica” ni “dogmática”, sino realista. Sostiene que para permitir “intervenciones antrópicas con alto impacto ambiental, con propósitos productivos”, hay un puñado de condiciones indispensables: altas tecnologías, empresas comprometidas con el principio de responsabilidad social, transparencia de información y procedimientos, rigurosa supervisión y monitoreo tanto de autoridades como de pobladores de las regiones afectadas, “dotados de instrumentos técnicos de avanzada para cumplir con el contralor”. Condiciones todas, indica, de difícil ejecución en la Argentina. Y remata: “No parece serio ni creíble invocar principios de responsabilidad social empresarial y, menos aún, de gobernanza democrática socialmente responsable, para sostener hipótesis a todas luces sin antecedentes ni fundamentos”
Fuente: Diario Crítica de la Argentina - Director: Jorge Lanata
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