Las mineras en nuestra Salta

La sociedad Salteña y todas sus organizaciones que defienden el medioambiente y las de los derechos humanos deberían organizarse estratégicamente para logran una fuerte oposición a los intentos de instaurar las explotaciones mineras en la Provincia.

El Gobierno de Salta debería iniciar en excautivo estudio de las leyes mineras vigentes y exigir a las empresas mineras detener los proyectos en vía de exploración y de futuras explotaciones hasta reformular las leyes y contar con la aprobación de los pueblos que se verían afectados, todo esto para impedir conflictos de consecuencias inimaginables.

La Ley de Minería vigente otorga a las multinacionales mineras todas las facilidades posibles para que vengan al país a llevarse todo lo que deseen. Esas facilidades contemplan, entre otras cosas, dejar sólo el 3 % de las regalías de los miles de millones de dólares que se llevarán, la exención total de impuestos, la posibilidad de sacar su botín por puertos argentinos sin abonar un centavo y sin devengar retenciones a las exportaciones, como tampoco abonarán nada por los millones de litros del agua que consumirán durante la explotación “agua que sí deben abonar religiosamente los pobladores y campesinos que la utilizan, y que la tendrán en mucha menor cantidad debido al desvío de la misma hacia los yacimientos”, ni impuestos a los combustibles, más la facultad para que lo que entren y saquen del país no deba pasar por los controles aduaneros. Algo, esto último, que de todas maneras está muy de moda en estos tiempos, en que ya no se controla ni el paso de unas simples valijas, o sólo se controla una de las tantas que esquivan alegremente esos controles.

Las empresas mineras despliegan una estrategia que “incluye la censura a los medios independientes de prensa que pregonan contra la minería a cielo abierto y dan cabida en sus espacios a las voces de los ciudadanos que se oponen a la misma”, medios escasos hoy en día. Ya que la compra de voluntades a los periodistas implican un valor ínfimo en comparación a las comisiones que reciben “algunos funcionarios complacientes".

Los ciudadanos deben denunciar públicamente a los funcionarios y periodistas vendidos, esta es la única manera de transparentar sus políticas de extorsión, como así también denunciar con nombre y apellidos cuando se descubran la llegada de sociólogos a las comunidades “tiranizados” contratados por las mineras para estudiar el perfil de los pobladores y principalmente de los lideres comunitarios que se opondrían a los ambiciosos proyectos de saqueo y contaminación.

Carlos Alberto Ruiz López – Ing. Quimíco - Salta