lunes, 11 de agosto de 2008

INTERRUPCION A LOS CAMIONES DE LA IMPUNIDAD


Ayer, 10/08/08, en Chañar Solo- Pcia. de Tucumán, limite con la provincia de Salta, los vecinos por la vida de Andalgalá acompañamos a los autoconvocados de Santa María, vecinos de Cafayate, grupo Pro-eco, y comunidades originarias de los Valles Calchaquíes en la interrupción del paso de camiones con insumos para la minera La Alumbrera.

Durante toda la jornada, hasta entrada la noche, todas las comunidades reunidas nos hemos mantenidos en asamblea permanente, deliberando los pasos a seguir con el objetivo exigir a la Justicia Federal de suspender la actividad de la minera La Alumbrera hasta la sentencia definitiva del procesamiento de Julian Rooney, vicepresidente de dicha Minera, por contaminación ambiental demostrada en la provincia de Tucumán, en consecuencia las comunidades presentes no permitiremos que sigan abasteciendo a la minera permitiendo que se siga contaminando y poniendo en peligro la salud publica de nuestra Catamarca, Salta y la cuenca Salí-Dulce.

Por lo expresado anteriormente, el objetivo de esta interrupción a los camiones de minera La Alumbrera es que vuelvan a sus lugares de origen ya que tiene que haber una coherencia entre lo que dice la Justicia y las acciones de la empresa, los actores políticos, los organismos de control y los gobiernos provinciales, municipales y el gobierno nacional.

Existe una creciente alarma y preocupación de todas las comunidades afectadas por la minería porque se ven amenazadas en el incremento del uso irracional del agua –por ejemplo el acuífero del Campo del Arenal- ante la posibilidad de que Alumbrera aumentaría su producción y por ende las consecuencias en la salud de los pueblos. Desconocemos que se hubiere informado a los pueblos de posibles cambios o ampliación de explotación por parte del gobierno o de la empresa, actuando –como siempre lo hicieron- de manera oculta y a espaldas de la gente, en desmedro de la autodeterminación de los pueblos, la participación popular y la transparencia de los actos de gobierno.

Marcelo Martínez y Ruth Vega

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