Las protestas de los vecinos autoconvocados de los Valles Calchaquíes que detuvieron por más de 60 días los camiones que se aprestaban a llegar al yacimiento Bajo La Alumbrera, a cargo de la Minera Alumbrera en Catamarca, encontraron eco en el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), desde donde se anunció que, en caso de que los reclamos contra esta actividad no encuentren respuestas en los tres poderes de Argentina, se los podría elevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ayer, los cuatro camiones que deben volver a Chile seguían detenidos en un predio privado de la avenida Tavella, a la altura del Estadio Martearena, situación que sigue desde hace dos semanas.
El titular del SERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo ante Indymedia Pueblos Originarios, que en principio se buscará concretar reuniones con la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación.
El Premio Nóbel de la Paz se reunió el martes pasado con el vicepresidente de Alumbrera, Julián Rooney, para entregar un informe sobre los daños que causa la empresa al medio ambiente y a la población.
La presentación se hizo en sintonía con los reclamos de ecologistas y vecinos de los Valles de Catamarca, Salta y Tucumán quienes piden el cese de la actividad de la mayor explotación de oro y cobre en el país hasta tanto se resuelva la situación judicial de Rooney, el primer directivo de una minera procesado por "contaminación peligrosa" en Latinoamérica.
Pérez Esquivel sostuvo que las autoridades de Alumbrera dijeron que tenían un control de calidad y había distintos informes del gobierno provincial y la Dirección Nacional de Minería que según la empresa, dicen que no contamina. El hecho es que la minera "tiene varios juicios pendientes de resolución, pero ellos dicen que el municipio allá los apoya" y que "el agua utilizada la purifican para que vuelva otra vez a la red", relató Pérez Esquivel.
Sostuvo que es necesario una reunión con los diputados nacionales para evaluar los pasos a seguir y, en caso de no haber respuestas, se deberá comenzar a presentar recursos de amparo. En caso de que las soluciones a los reclamos de los argentinos sigan sin solución, dijo que se deberá "ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para llevarlo(s), ante la Corte Interamericana".
Posición de los gobiernos
Pérez Esquivel entendió que tanto el gobierno nacional como los provinciales siguen una política de "malversación, de destrucción del medio ambiente, y que no se sabe adónde van los recursos". Igual, aclaró que las provincias son responsables de hacer los acuerdos con las mineras para beneficiarse con las regalías. Pero en ese marco no existe "ningún tipo de control".
Uno de los puntos principales en este punto es revisar la Ley Nacional de Minería que "permite la extracción a las empresas, encima algunas son subsidiadas y sacan todos los recursos del país", dejando "la destrucción del medioambiente y la agudización de la pobreza".
Fuente: Nuevo Diario de Salta - Edición 21-10-08
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