El gobernador Juan Manuel Urtubey deberá presentar antes del 26 de marzo el mapa del ordenamiento territorial de bosques nativos, por el cual se indique con color verde las zonas que son pasibles de ser desmontadas, con amarillo las que pueden ser destinadas al aprovechamiento forestal, y con rojo las que no pueden sufrir ningún tipo de deforestación.
Esta publicación fue dispuesta desde hoy lunes con el número de ley 7543. No obstante este tiempo, se suponía que el mapa debería haber estado listo antes de que se debata la ley de ordenamiento territorial, lo cual finalmente no ocurrió.
Como lo había anticipado el mandatario, ninguno de los artículos que se cuestionaban fue vetado. En la ley queda que se pueden desmontar tierras con hasta un 15% de pendiente, y se reduce la cantidad de bosques que se debe dejar en la ribera de los ríos.
Para los especialistas en Ambiente, esto implica que en algunos casos, los desmontes se podrán hacer sobre los cerros, una medida inédita si se tiene en cuenta que con las anteriores normativas solo se podía desmontar en tierras con hasta un 5% de pendiente.
A ello se suma que en lugar de delimitar el desmonte en 1.300.000 hectáreas, como lo proponía en un principio la Unidad Ejecutora que trabajó en el ordenamiento, con este proyecto se daría vía libre para el desmonte de entre 3 millones y cuatro millones de hectáreas de bosques.
En cuanto a la cuestión administrativa, dos artículos favorecen a quienes ya solicitaron permisos de desmonte. Aquellos a los que la autorización se les venza próximamente, se les da tres años más para cumplir con la acción de deforestar.
A quienes iniciaron el trámite para realizar desmontes, pero que no están autorizados, se los evaluará por las condiciones y normativas anteriores a la actual ley.
Esto había causado el enojo de los técnicos de la Secretaría de Política Ambiental, y para el diputado Carlos Morello implicaba un principio inconstitucional.
A pesar del pedido de la Universidad, del INTA y de la Administración Parques Nacionales, Urtubey no vetó la ley. Esto preocupó, pues se teme que el gobernador siga los pasos de su antecesor, Juan Carlos Romero, y se convierta en el nuevo "ecocida" salteño.
Mientras se espera la decisión, hay que recordar que el 20 de noviembre pasado se conoció a través del Boletín Oficial que dos de sus hermanos, entre los que se encuentra el director de la Agencia de Promoción de la Provincia, Facundo Urtubey, conformaron una empresa que tiene como objeto social la explotación agrícola-ganadera, y todas las actividades que rodean a esta actividad.
Fuente: Nuevo Diario de Salta - 26-01-09
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