Las del oro y minerales metalíferos; las del agua; las mafias que operan con el tráfico de armas, financiando guerras por motivos ficticios y para el mero arrebatamiento de materias primas al tercer mundo, con su correspondiente contraparte en el narcotráfico. Podríamos ampliar la enumeración de estos núcleos operativos en una gama extensa de rubros. Mafias que se exterminarán, o al menos combatirán a partir de cierto momento, entre sí. El planeta es solo uno y ellas buscan su usufructo y explotación perversa superponiendo territorios y, obviamente, intereses.
Existe una frase hecha que, por altamente transitada, no pierde su vigencia a la hora de encontrar los motivos de tanta permisión.
"Estas mafias solo pueden operar si una mafia, la de mayor elasticidad y adaptación, lo permite. La mafia política."
¿Qué mafia puede operar de modo efectivo sin las garantías políticas correspondientes? La mafia política vende sus servicios al unísono, y a las otras mafias, incluso generando con ello un efecto contradictorio. Efecto, como no podría ser de otro modo, que la mafia que pueda ofrecer más podrá neutralizar con una nueva compra de favores; cohecho y prevaricato mediantes.
Así la entrega del territorio nacional a las transnacionales mineras, que necesitan en estos momentos de toda el agua potable que puedan recabar para sostener sus sistemas de lixiviación altamente contaminantes, se contrapone a las inmensas y ridículas facilidades con que los capitales extranjeros se hacen de los mejores depósitos de agua potable a los fines de preparar sus lanzamientos como abastecedores de agua de mesa. Europa, y gran parte de los Estados Unidos, están acusando, fuera de toda duda, su cada vez más difícil posibilidad de disponer de agua bajo su aspecto alimenticio y vital. Sus ríos están contaminados, o, como ya ocurre en Jachal, San Juan, son solo un recuerdo que agoniza dentro de un cauce fangoso. El valor del agua de mesa proveniente de Sudamérica, en Europa, no está muy por debajo de los precios de una botella de vino en los restaurantes. De este modo, la batalla entre quienes necesitan del agua para contaminarla mediante su empleo en la megaminería aniquilante, y aquellos otros que solo buscan preservarla para hacer sus fáciles negocios en un primer mundo cada vez más sediento, esta en ciernes. ¿Cuál de estas dos mafias, al menos en las preliminares, parecería tener mejores posibilidades sobre la referida materia prima? En la actualidad, la balanza se inclina hacia los exterminadores megamineros. La mafia política, tan variable como una veleta, parece negociar más fuerte con esta facción; aunque, como no podía ser de otro modo, sin quedar impedida de obtener un margen extra haciendo la vista gorda ante las adquisiciones extranjeras de acuíferos o ámbitos periglaciares. La facción corrupta de la cúpula política sabe muy bien que transitamos un momento histórico donde la preciosa agua, antes de pasar a ser un bien aún más escaso, podrá repartirse entre quienes estén dispuestos a pagar bien por ella. Desde su óptica, el momento donde deberá entregarse solo a una de las más poderosas mafias, se encuentra en el marco del mediano plazo.
Ante instancia y riesgo como los señalados, y de modo altamente sospechoso y desconcertante, el gobierno nacional veta la "Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglaciar". De haber sido aceptada y aprobada, como ha de esperarse de un mandatario que busca proteger los recursos de la nación que gobierna, la referida ley nos hubiera abierto el acceso a un cierto tipo de garantías. Tal vez, en estos momentos, podríamos señalarlas simplemente como básicas garantías constitucionales. El tipo de garantías que indudablemente el ciudadano argentino padece como un gran ausentismo. ¿Estaríamos hablando de sobrelegislar si gozáramos de una ley de protección de glaciares? No somos juristas ni abogados. Solo el sentido común nos indica que si se cumpliera la Constitución Argentina podríamos soslayar la necesidad de este tipo de legislación. "Todo habitante tiene derecho al agua pura y un medio ambiente sano". Con esto basta. ¿Quién necesita más? Lamentablemente la respuesta es TODOS. Así, para quienes ven como innecesario legislar irrestrictamente sobre los glaciares, hacemos un llamado a la cordura y el mencionado sentido común. De no moverlos espontáneamente el amor a la vida en general, que al menos utilicen su mente especulativa para comprender que sin agua no puede emerger ni prosperar vida ninguna. Ellos también perecerán en la yerma condición de un planeta agotado y contaminado.
Ante la pregunta mal intencionada de un legislador cordobés pro-megaminero, el inteligente y honesto Fiscal Federal Gustavo Gómez, ejecutor del procesamiento histórico por contaminación de Julián Rooney, ejecutivo de la mina a cielo abierto Bajo La Lumbrera, en Catamarca, ofreció una contundente respuesta. De ser necesario, que se sobrelegisle. En tiempos donde los funcionarios anteponen sus desviados intereses al bien común de la ciudadanía y la nación, solo puede fortalecer el marco de garantías una legislación que no deje márgenes inmensos de interpretación a los corruptos. Esos tiempos son estos tiempos actuales. La Ley de Protección de Glaciares y Áreas Periglaciares es de urgente necesidad. Con autoridades que han relegado al cajoneo la Constitución íntegra esto es imperante. De todos modos, insistimos, y para aquellos que no ven la necesidad o justificativo de una ley de ese tenor, que no existiría sobrelegislación ninguna, sino una primera y necesitada ley que enmarque adecuadamente las necesidades de los ciudadanos en tal sentido.
Hemos visto, ante acciones sobrellevadas por la ONG frente al Congreso de la Nación, a varios de los asesores de la Cámara de Diputados, ante la traición de sus jefes a la hora de luchar contra el veto presidencial del proyecto que ellos habían aprobado, se acercaron a manifestar su adhesión alegando que "todo tiene un límite".
Y el límite, para la presidenta Fernández de Kirchner, es muy puntual. De aprobar la Ley que protegería los intereses de la ciudadanía y nación, mediante la preservación del agua y medioambiente en cordillera y precordillera, pasaría a ofrecer restricciones a las multinacionales megamineras para sus saqueos, con iguales resultados que si permitiese la modificación del código de minería que actualmente rige en beneficio exclusivo de esas corporaciones transnacionales. En definitiva, si la Ley de Protección Glaciar se hubiera aprobado, el segundo problema para la filosofía del saqueo que actualmente impera en la administración central hubiera sido armonizar la nueva ley con el manipulado Código de Minería que aún arrastramos como herencia de la década de los noventa. En ese contexto, más que el plato fuerte de la ley, el glaciar en sí mismo, lo que produciría un fuerte escollo a los saqueadores, y a la mafia política vende patria que debe allanar todo en su beneficio, el protagonismo estratégico se centraría sobre las áreas periglaciares. Son estas bastas áreas las que más restringirían con su demarcación la actividad megaminera, e incluso la explotación indiscriminada de agua de mesa con destino al primer mundo, según se ajustasen o interpretasen en cada caso ciertos aspectos de la ley.
De este modo, acceder por parte de la gerencia de Nación ante una ley de esta naturaleza, le hubiera restado un inmenso caudal de fuerzas a la hora de pulsear por la no modificación del Código de Minería. ¿Cómo argumentaría rechazar la modificación de ese código si claramente atenta contra el espíritu y letra de la ley de protección glaciar? Sumándose a esto la ya referida violación de la constitución por parte de ese código; principal herramienta de la Ley de Inversiones Mineras -Ley 24.196- a favor del saqueo y despojo de nuestras materias primas.
Otro de los inconvenientes que la ley de protección glaciar generaría a los intereses oscuros, se reflejaría en el sostén de algunas exigencias de corte internacional; hablando en términos netamente explotatorios. Lo que a nivel de minería se conoce como el Tratado de Integración y Complementación Minero Argentino-Chileno. Es decir, la entrega de la región cordillerana a las multinacionales sin ningún tipo de control o restricción. Este tratado ofrece todo el marco para eliminar los obstáculos a la explotación indiscriminada de los yacimientos minerales. Siendo que lo que la ley de protección de glaciares especifica como áreas periglaciares, al menos del lado argentino de la cordillera, no sería otra cosa que una gran parte de los que el tratado busca dejar franqueado y en estado de indefensión a favor de las megamineras.
Buscar demonizar la ley de protección argumentando que las áreas en cuestión quedarían invalidadas para todo tipo de actividades es una falta de objetividad o miopía intencionada. Textualmente la ley impulsa respecto a las actividades, en términos de prohibición, a aquellas "que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance"
Existe una basta gama de actividades que, por el contrario, encontraría en la ley de protección una promesa de continuidad implícita y sustentable.
Un glaciar no es solo un trozo gigantesco de hielo, tal como algunos pretenden minimizar. Es un núcleo de agua en estado sólido con una profunda relación con la vida del planeta. Su conformación no depende del azar. Nada en la vida planetaria depende de ello. La inteligencia que mantiene en equilibrio todo lo que existe determina el ámbito donde se formará así como sus evoluciones. La mayoría de los glaciares están en retroceso. Esto es alarmante. La razón debe buscarse en la alteración del clima generada por el comportamiento humano. Protegerlos es protegernos. Toda actividad que en sus cercanías deba desenvolverse debe contar con verdaderos controles. Jamás un interés de tipo egoísta y personal debe superponerse a lo que forma parte del conjunto todo de la humanidad y el planeta.
El 70 % del agua potable que consumimos en nuestro país guarda relación con los depósitos naturales cordilleranos. Los glaciares. Este porcentaje varía según el país sudamericano al que hiciéramos referencia. Pero siempre es de una altísima incidencia para los pueblos de Latinoamérica el afluente glaciar como sostén de sus vidas y patrones sociales, ambientales, económicos, y culturales.
La negativa política de afirmar la protección de los glaciares mediante una legislación adecuada no es un hecho aislado. Forma parte del tratado que firmaron los presidentes sudamericanos en Brasil y que se conoce como IIRSA. Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Tratado por el cual, cualquier legislación vigente que impida las actividades de apropiación de materias primas debe derogarse o vetarse. Una ley de protección de glaciares y áreas periglaciares se contrapone al espíritu de saqueo que alienta el IIRSA. Ya que impediría la megaminería, así como el acopio indiscriminado de agua para el primer mundo; como también cualquier otra actividad que alterara la biota en su contraparte glaciar o periglaciar.
Es hora de confirmar que se ha terminado el nefasto período donde los ciudadanos no teníamos la capacidad de leer la letra chica de lo que a nuestras espaldas se maquinaba. Exijamos a quienes tienen asumido el compromiso de representarnos que cumplan con su trabajo honrosamente. Sino, de algún modo, deberemos hacernos cargo de una de las más deleznables actitudes del cobarde. La complicidad.
Conciencia Solidaria
ONG Interprovincial
15 de enero del 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario