Los integrantes de la asociación ambientalista Greenpeace aún albergan la esperanza de que el gobernador Juan Manuel Urtubey presente dentro de menos de dos meses un mapa de ordenamiento territorial que refleje las opiniones dispuestas en el proceso participativo por comunidades criollas e indígenas que viven en y de los bosques.
El responsable de la Campaña de Bosques de esta asociación, Hernán Giardini, entendió que continuar con el ritmo de destrucción de los recursos forestales (como lo venía haciendo la provincia), provocará "un desastre ambiental y social que afectará seriamente la biodiversidad, el clima, la regulación hídrica, a cientos de comunidades campesinas e indígenas que dependen de los bosques para su subsistencia, y a los habitantes de la provincia en general".
Según el gobernador Juan Manuel Urtubey, la ley fue promulgada el 19 de diciembre porque era el tiempo límite que tenía la provincia para aprobar la ley de ordenamiento territorial. A pesar de que días después de la promulgación referentes de la UNSa, el INTA y Parques Nacionales (estos últimos dos encargados del proceso técnico del ordenamiento), se habían presentado a pedir el veto de la ley, el mandatario omitió contarles su decisión de promulgar la ley, para solo dar a conocer tal decisión a través de la televisión.
Por ahora, y por lo que se pudo ver en las distintas ediciones del Boletín Oficial, la promulgación de esta ley aún no fue publicada.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hacer lugar a la suspensión de desmontes en cuatro departamentos salteños representaría la antesala de lo que podría suceder en caso que Urtubey presente un mapa que perjudique a las comunidades indígenas o criollas.
Y es que ya desde la UNSa. se resolvió presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, y las comunidades se encuentran a la espera de ese mapa para hacer las presentaciones legales que correspondan.
La ley de ordenamiento consensuada en la Legislatura, y que va en contra del espíritu de la ley original (enviada por el Ejecutivo), dejó entrever no solo los intereses particulares de legisladores (muchos de ellos productores agrícolas), sino que en su promulgación también surgió la sospecha de los intereses de la familia de Urtubey.
Dos de los hermanos del mandatario conformaron una sociedad para llevar adelante trabajos agropecuarios, cuya existencia se conoció el 20 de noviembre pasado, cuando el gobernador se aprestaba a presentar el ordenamiento territorial propuesto por la provincia.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hacer lugar a la suspensión de desmontes en cuatro departamentos salteños representaría la antesala de lo que podría suceder en caso que Urtubey presente un mapa que perjudique a las comunidades indígenas o criollas.
Y es que ya desde la UNSa. se resolvió presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, y las comunidades se encuentran a la espera de ese mapa para hacer las presentaciones legales que correspondan.
La ley de ordenamiento consensuada en la Legislatura, y que va en contra del espíritu de la ley original (enviada por el Ejecutivo), dejó entrever no solo los intereses particulares de legisladores (muchos de ellos productores agrícolas), sino que en su promulgación también surgió la sospecha de los intereses de la familia de Urtubey.
Dos de los hermanos del mandatario conformaron una sociedad para llevar adelante trabajos agropecuarios, cuya existencia se conoció el 20 de noviembre pasado, cuando el gobernador se aprestaba a presentar el ordenamiento territorial propuesto por la provincia.
Fuente: Nuevo Diario de Salta - 12-01-09
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