La organización ecologista Greenpeace denunció hoy un boicot a la Ley de Bosques y presentó un "Teléfono Rojo" para que la gente llame a la presidenta Cristina Kirchner y le reclame la urgente reglamentación de la norma, sancionada hace más de un año.
Con un teléfono gigante y tres cabinas telefónicas ubicadas entre los lobos marinos de la rambla de Mar del Plata, Greenpeace lanzó hoy su campaña de reclamos por la urgente reglamentación de la Ley de Bosques, que luego recorrerá distintos lugares del país.
En Mar del Plata, cientos de personas hicieron largas filas para llamar al (011) 4000-5580, el Teléfono Rojo de Greenpeace, que deriva las llamadas a Presidencia de la Nación para reclamar por la reglamentación de la ley.
"Hace un año, un millón y medio de argentinos logramos parar las topadoras con la sanción de la Ley de Bosques, pero el Poder Ejecutivo aún no la reglamentó y las provincias más comprometidas con los desmontes no quieren aplicarla correctamente", afirmó la organización.
Greenpeace convocó a llamar a la presidenta desde el Teléfono Rojo de Greenpeace para "parar este boicot a la Ley de Bosques", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques.
El borrador de la reglamentación de la Ley de Bosques fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, luego de un proceso consultivo del que participaron organizaciones ambientalistas y el Consejo Federal del Medio Ambiente, y fue girado a principios de julio al Poder Ejecutivo, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.
"A pesar de que el borrador de la reglamentación está listo desde hace seis meses, las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Nación pretenden rediscutirlo con los gobiernos provinciales para lavar y flexibilizar la norma", denunció Giardini.
"Así, -agregó- buscan que la reglamentación les permita a las provincias más comprometidas con la deforestación cobrar los fondos que la ley establece y seguir con la fiebre de las topadoras".
La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña que logró juntar un millón y medio de firmas, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.
La norma crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.
Con un teléfono gigante y tres cabinas telefónicas ubicadas entre los lobos marinos de la rambla de Mar del Plata, Greenpeace lanzó hoy su campaña de reclamos por la urgente reglamentación de la Ley de Bosques, que luego recorrerá distintos lugares del país.
En Mar del Plata, cientos de personas hicieron largas filas para llamar al (011) 4000-5580, el Teléfono Rojo de Greenpeace, que deriva las llamadas a Presidencia de la Nación para reclamar por la reglamentación de la ley.
"Hace un año, un millón y medio de argentinos logramos parar las topadoras con la sanción de la Ley de Bosques, pero el Poder Ejecutivo aún no la reglamentó y las provincias más comprometidas con los desmontes no quieren aplicarla correctamente", afirmó la organización.
Greenpeace convocó a llamar a la presidenta desde el Teléfono Rojo de Greenpeace para "parar este boicot a la Ley de Bosques", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques.
El borrador de la reglamentación de la Ley de Bosques fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, luego de un proceso consultivo del que participaron organizaciones ambientalistas y el Consejo Federal del Medio Ambiente, y fue girado a principios de julio al Poder Ejecutivo, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.
"A pesar de que el borrador de la reglamentación está listo desde hace seis meses, las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Nación pretenden rediscutirlo con los gobiernos provinciales para lavar y flexibilizar la norma", denunció Giardini.
"Así, -agregó- buscan que la reglamentación les permita a las provincias más comprometidas con la deforestación cobrar los fondos que la ley establece y seguir con la fiebre de las topadoras".
La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña que logró juntar un millón y medio de firmas, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.
La norma crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.
Fuente: lapoliticaonline.com
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