Ciudad de Buenos Aires (Enviada especial). Desde 1998 a 2007 en la provincia de Salta se autorizó el desmonte de casi un millón de hectáreas de bosques nativos, en el último trimestre de 2007, poco antes de que se aprobara la ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos, se otorgaron permisos para deforestar 430 mil hectáreas y en ese último tiempo los plazos para dar estos permisos se redujeron.
Estas autorizaciones fueron concedidas durante la gestión de Juan Carlos Romero, pero la actual gestión, a cargo de Juan Manuel Urtubey, comparte el criterio de sus antecesores en cuanto a que esta tala debe continuar.
Esta es la conclusión a la que arribó ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, sobre el final del interrogatorio al ministro de Ambiente, Julio Nasser, y el fiscal de Estado, Ricardo Casali Rey, quienes representaron a la provincia en la audiencia realizada ayer en el máximo tribunal nacional para analizar el tema de los desmontes en el marco de una acción de amparo presentada por comunidades aborígenes y criollos de los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.
El fiscal de Estado, el segundo en exponer, quiso plantear la incompetencia de la Corte para entender en la cuestión, pero Lorenzetti lo cortó, le dijo que eso iba a ser analizado por el tribunal y que estaban más interesados en hacerle algunas preguntas concretas.
Entre otras cuestiones, Lorenzetti quiso saber, retomando una pregunta del ministro Eugenio Zaffaroni, si la provincia había realizado una evaluación del impacto ambiental que produjo el desmonte del casi millón de hectáreas. Nasser empezó a decir que desde su Ministerio se estaba "abordando" realizar un estudio; es decir que "todavía no está", lo cortó el presidente del tribunal.
Los ministros se interesaron por establecer si efectivamente se habían autorizado la cantidad de hectáreas sostenida por los demandantes, lo que se confirmó. Inquirieron sobre cómo se aseguraba la participación de los interesados en las audiencias y si hubo alguna que haya provocado que no se autorizara un desmonte, quedó claro que eso no ocurrió.
También preguntaron si era cierto que todavía no existe un mapa de ordenamiento territorial, los funcionarios reconocieron que es así.
Lorenzetti quiso saber entonces si la provincia no consideraba que, recurriendo al principio precautorio, no era mejor suspender los desmontes ya autorizados hasta que se completara el mapa de ordenamiento territorial de acuerdo a la ley recientemente aprobada en la provincia, de manera de evitar que se destruyeran montes que deberían ser preservados.
"Desde un punto de vista es así", empezó Casali Rey pero el ministro lo interrumpió: "Una cosa es decir que se va a hacer un ordenamiento para cuando esté todo deforestado y otra que se suspendan los desmontes precautoriamente", lo reconvino.
El ministro Juan Carlos Maqueda se interesó por la cantidad de permisos de desmonte autorizados por el gobierno salteño. Reseñó que según datos de la Secretaría de Ambiente de la Nación en 1998 el porcentaje anual de autorizaciones era del 0,69% en Salta, en 2002 subió al 1,54% y en 2007 trepó al 6,7%, cuando los valores a nivel mundial eran del 0,23%, y quiso saber los motivos para esta decisión política: "No conozco una razón científica para estas autorizaciones", respondió Casali Rey, quien dejó en claro que fueron realizadas por la anterior gestión.
Al final expuso el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni. Lo interrogaron sobre las demoras en la reglamentación de la ley de bosques. Calificó de negativo el aumento de los desmontes y dijo que se están impulsando acciones para revertir esta situación.
Fuente: Nuevo Diario de Salta - 19-02-09
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