La Corte Suprema de Justicia llevará a cabo hoy una audiencia pública por la supuesta tala indiscriminada de bosques en la provincia, luego de un reclamo planteado por un grupo de particulares, comunidades indígenas y asociaciones criollas de Salta.
La Corte convocó para que a la misma asistan representantes del Estado nacional, del Gobierno provincial y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y tendrá lugar a partir de las 10.
Según había señalado el alto tribunal en diciembre pasado, "las partes deberán expedirse en forma oral y pública ante la Justicia sobre la situación que se denuncia".
La Corte Suprema dictó el 29 de diciembre del año pasado una medida cautelar, mediante la cual dispuso "el cese provisional de los desmontes y talas de los bosques nativos que habían sido autorizados por la provincia de Salta durante el último trimestre de 2007". La disposición alcanzaba a los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.
Además, había ordenado a la Provincia aportar un informe "en el plazo de treinta días" sobre los nombres y apellidos o razones sociales "de todas las personas físicas y jurídicas que han solicitado y obtenido autorizaciones de desmonte y tala de bosques nativos" en esos lugares.
Al fundar su resolución, la Corte sostuvo que "corresponde al Poder Judicial buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos y evitar que éstos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia; sobre todo cuando están en juego garantías constitucionales de la índole de las invocadas". La Corte indicó además que el tema merece un "control encomendado a la Justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado".
La causa había sido iniciada tras una presentación de la ex Ombudsman porteña Alicia Oliveira, en representación de los aborígenes, los que fueron convocados a participar de la audiencia.
"El paso del tiempo puede provocar que un fallo llegue tarde y resulte prácticamente inoperable, por agotamiento o grave degradación del bosque nativo", habían advertido en la presentación original.
Según los denunciantes, la Provincia no cumplió con sus "obligaciones legales", al haber otorgado autorizaciones para el desmonte y al "tolerar las prácticas realizadas en su jurisdicción de manera clandestina". También atribuyen responsabilidad al Estado nacional ante "la falta de control sobre la situación denunciada".
Fuente: El Tribuno de Salta (Diario Pro Minero)
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