La Corte ve el bosque

La Corte Suprema de Justicia interviene para frenar la tala de arboles

Citó al gobierno nacional y el de Salta para que expliquen por qué permiten la depredación del ambiente. Cristina no reglamenta la ley.

Representantes del gobierno de Salta y del Estado nacional deberán explicar ante los jueces de la Corte Suprema de Justicia por qué permitieron el desmonte de bosques nativos en tierras salteñas. La audiencia se realizará el 18 de febrero y también contará con la presencia de miembros de la comunidad indígena wichi, quienes denunciaron una “aquiescencia expresa o tácita de las autoridades estatales provinciales y nacionales” ante la tala indiscriminada.

La audiencia es el primero de una serie de encuentros que se realizarán en la Corte a lo largo del año y llega después de una medida preventiva del máximo tribunal, que en diciembre pasado ordenó suspender la tala en los departamentos salteños de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. El gobierno de Salta había dado autorizaciones para el desmonte de bosques en esa zona en el último trimestre de 2007.

La resolución tomada en la última acordada del año fue firmada por unanimidad por todos los jueces supremos. En el texto la Corte indicó que “corresponde al Poder Judicial buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, sobre todo cuando están en juego garantías constitucionales de la índole de las invocadas”.

Con el fin de ahondar en la investigación, los magistrados le otorgaron al gobierno de Salta treinta días para entregar un informe con los nombres y apellidos o razones sociales, de “todas las personas físicas y jurídicas que han solicitado y obtenido autorizaciones de desmonte y tala de bosques nativos en aquellos departamentos”.

Las comunidades indígenas, en su mayoría wichis, habían elevado una acción de amparo donde responsabilizaban al gobierno salteño por no haber cumplido con sus obligaciones al otorgar autorizaciones de desmonte que lesionarían los derechos y garantías de los habitantes de las zonas afectadas. La presentación también acusaba a la administración local de “tolerar prácticas clandestinas” relacionadas con la tala.

Los wichis reclamaron que al dictar sentencia se condene a “recomponer y restablecer el ambiente al estado anterior a la producción del daño” y, en el caso de que no fuera posible, “se fije una indemnización sustitutiva” a favor de los indígenas.

“Las empresas protegidas por los gobiernos provinciales pueden desmontar con fines de ampliar los sembradíos de soja porque El Poder Ejecutivo no reglamenta la Ley de Protección de Bosques aprobada en 2007”, indicó Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Diario Crítica de la Argentina.
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