Una medida, que sabe a provocación, calienta el clima en Los Andes
Catamarca señalizó como suyas áreas de Tolar Grande
Intereses que pujan por minas del Salar de Diablillos tensan la relación entre dos provincias del NOA.
El Congreso le debe a Salta y a Catamarca, desde hace 65 años, una línea que ponga fin a su largo litigio.
Incahuasi, Bayo y Ratones son los nombres de tres cerros localizados dentro del municipio de Tolar Grande, en el departamento Los Andes. Al menos eso es lo que indican las posesiones que acredita Salta en esa franja de la Puna desde el momento mismo de su fundación, hace 427 años.
Sin embargo, y a juzgar por las señalizaciones que mandó instalar en esos convulsionados suelos el gobernador de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, la vecina provincia del NOA se adjudica los derechos territoriales de esos y otros parajes del área del Salar de Diablillos.
"Es otra lamentable provocación", remarcó el diputado de Los Andes, Leopoldo Salva, tras reseñar que en mayo de 2008 el Gobierno catamarqueño hizo emplazar puestos policiales en la zona donde objeta los derechos territoriales que la Corte de Justicia de la Nación, en dos demandas dirimidas en 1985 y 1987, ratificó a favor de Salta.
Por esos años, fuerzas de seguridad de ambas provincias llegaron a enfrentarse a tiros en la zona de litigio, por lo que la instalación de los cuestionados destacamentos fue recibida en la comunidad de Tolar Grande como un golpe bajo que desató desafiantes fantasmas en los salares y nevados de la antigua Gobernación de Los Andes.
Al cabo de reuniones diplomáticas entabladas en el más absoluto hermetismo, el Gobierno de Brizuela del Moral retiró el puesto policial de Diablillos el 17 de noviembre de 2008 y lo reubicó en un paraje algo más adentrado en la cartografía catamarqueña: La Redonda.
A fines del año pasado ese rincón de la Puna parecía retornar a la endeble calma que, de tanto en tanto, rompen el viento blanco y los intereses de empresas privadas que tampoco se compadecen de la noble y sufrida realidad de las poblaciones andinas. No obstante, ni bien pasado el día después, el Gobierno de Catamarca volvió sobre sus buenos pasados y hundió las huellas bajo la sal de Diablillos con las señalizaciones que, como bien advirtió el diputado del departamento Los Andes, sientan en la discusión territorial un precedente mucho más explícito que el de un descolocado puesto policial.
Intereses privados
La Corte de Justicia de la Nación dirimió los diferendos por Diablillos (1985) y el Salar del Hombre Muerto (1987) con sendos fallos favorables a Salta, atendiendo a antecedentes de posesión que se remontan hasta los tiempos del Virreinato del Río de la Plata.
Catamarca, no obstante, sigue sosteniendo que esos territorios le pertenecen e insistió con esta postura en una nueva presentación al máximo tribunal en abril de 2008. Este incidente se originó en 2007 en Cerro Bayo, un yacimiento aurífero del área de Diablillos que el juez de Minas de Salta, Daniel Marchetti, autorizó a explorar a la empresa Pacific Rim y que, a la vez, fue concesionado por el juez de Minas de Catamarca, Raúl Cerda, a la empresa Aguas Blancas SA.
Detrás de esta disputa de intereses privados volvió a enrarecerse la relación de ambas provincias por falta de una línea divisoria definitiva entre los departamentos Los Andes (Salta) y Antofagasta de la Sierra (Catamarca). La zona cuenta con promisorias reservas de oro, cobre y otros minerales metalíferos. Su potencial también incluye boratos y sales de litio como las que se extraen en el yacimiento de FMC Minera del Altiplano y se procesan en Güemes.
Un poco de historia
La raíz del desacuerdo limítrofe se hunde en la historia del Territorio Nacional de Los Andes, aunque tiene antecedentes ligados desde el Siglo XV con las primeras posesiones acreditadas por el lado de Salta.
En 1889, recordemos, Argentina, Bolivia y Chile firmaron un tratado por el cual los territorios enmarcados en la denominaba Puna de Atacama -incluidos en 1900 en la Gobernación de Los Andes- pasaron a incorporarse a la provincia de Salta.
Más de medio siglo después, tras la distribución del disuelto Territorio Nacional de Los Andes entre Jujuy, Catamarca y Salta, esta provincia planteó sus reclamos porque el Poder Ejecutivo Nacional no podía disponer sobre las jurisdicciones salteñas.
Con posterioridad, cuando se reglamentó el decreto del PEN, se dejó expresa salvedad de que dicha delimitación era sólo provisoria y no podía desapoderar a Salta de sus dominios. La responsabilidad de establecer la línea definitiva quedó confiada desde 1943 al Congreso de la Nación, que hasta hoy sigue sin constituir la comisión que debe definir la divisoria interprovincial pendiente.
Ni antes ni después de los tempranos reclamos de Salta, Catamarca presentó objeción alguna sobre los dominios posesorios de esta provincia. Nadie que se atreva a objetarlos debiera dejar de leer antes el trabajo que legó la historiadora María Inés Garrido de Solá y que publicó la Academia Nacional de la Historia con el título "La disolución del Territorio de Los Andes y los derechos de la Provincia de Salta".
Con abundante documentación, este trabajo prueba que, desde su fundación misma, Salta realizó actos de posesión sobre los territorios que siglos después conformaron la Gobernación de Los Andes.
Fuente: El Tribuno de Salta (Pro Minero)
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