“Esta gente (los empleados de la minera) recorren los campos, no piden permiso, entran nomás y van marcando con banderas donde les interesa hacer pruebas. Eso ya está mal y nosotros no lo aprobamos. Tampoco dimos permiso para correr el chenque (cementerio), eso no se toca, y estos señores que hablan lindo entraron y corrieron todo”, se indigna Huichulef y cuenta que le hicieron encuestas, que preguntaban si vendería el campo, que prometían trabajo, mejora de casas, comida y hasta autos. “No firmé nada y no quiero nada de ellos. Les dejé claro que no voy a dejar el lugar donde crecí.”
Las comunidades indígenas de la meseta tienen presente el accionar minero. Cerca de allí, en Gastre, funcionó Mina Angela, la mayor experiencia de minería metalífera en la provincia. Sólo quedó de ella un enorme depósito de residuos tóxicos acusado de envenenar suelo y agua con cadmio, metal pesado productor de cáncer.
Por Darío Aranda publicado en el diario Página/12
Negocios mineros, pesares indígenas
La compañía canadiense Aquiline y el gobierno provincial impulsan en el desierto de Chubut un yacimiento de plata y plomo, uno de los metales más nocivos. Las reservas llegan a unos diez mil millones de dólares. Reclamos de las comunidades aborígenes.
Caminos rectos que finalizan en el horizonte, interminables. Clima seco, viento permanente y remolinos que cruzan la ruta de tierra. Ni ranchos ni árboles ni personas a la vista, sólo arbustos y guanacos huidizos. Es el paisaje monótono, durante cinco horas, en la soledad de la meseta de Chubut, el extenso y árido espacio que separa el mar de la cordillera, pleno corazón de la Patagonia. Victorino Cual, abuelo tehuelche, está enfermo, un dolor estomacal lo tiene a maltraer y una ceguera le arruinó un ojo y avanza por el otro. “Siempre dijimos que no. Siempre diremos que no. ¿Por qué es difícil que nos entiendan?”, increpa Victorino, de 75 años, nacido y criado en el lugar, que rechaza el proyecto minero Navidad, de la empresa canadiense Aquiline Resources, iniciativa que avanza sobre territorio originario violando leyes nacionales y tratados internacionales que obligan, a cualquier iniciativa que afecte su forma de vida, a contar con la aprobación indígena. El yacimiento, con reservas por diez mil millones de dólares, es rechazado por las consecuencias negativas del plomo –tanto en el medio ambiente como en la salud– y el gigantesco uso de agua: 460 litros por segundo, 40 millones de litros por día, durante los quince años de vida del yacimiento, y en una zona donde el agua es el bien más escaso. El gobierno provincial tomó partido: calificó el proyecto como “una experiencia fantástica”.
“No somos mineros. Somos indígenas que criamos animales y respetamos la tierra desde hace cientos de años. ¿Eso tampoco se entiende? ¿Quieren cambiar nuestra forma de vida?”, arremete el abuelo tehuelche, mueve la cabeza en desaprobación y deja sin palabra.
De Toronto a Gan Gan
El Yacimiento Navidad es uno de los depósitos de plomo y plata más grande del mundo aún sin explotar, llamado “Navidad” porque los primeros resultados de laboratorio estuvieron un 25 de diciembre. El yacimiento estuvo en manos de la compañía IMA Exploration hasta julio de 2006, pero –juicio mediante en Canadá– fue traspasado a Aquiline Resources (el caso fue un hecho sin precedentes en la historia jurídica argentina, el conflicto sobre recursos naturales de Argentina no se resolvió en la Justicia local sino en tribunales extranjeros). La última estimación de reservas asegura la existencia de minerales por diez mil millones de dólares.
El 15 de noviembre de 2007, en la tarde de Toronto, la compañía canadiense Aquiline organizó una conferencia telefónica entre el directorio y sus accionistas. La evaluación del proyecto Navidad fue el tema principal. La conclusión fue que no había “ningún aspecto del proyecto que pudiera generar un rechazo por parte del gobierno” (tanto nacional como provincial).
Gan Gan es un pueblo de quince manzanas cruzadas por la ruta provincial 4, a 370 kilómetros de Rawson, que une la cordillera con la costa de Chubut, pleno desierto, de 600 habitantes y zona de pequeña ganadería. Sólo 50 kilómetros lo separan del yacimiento, será de las zonas más afectadas. La familia tehuelche Cual habita en la zona desde 1902, con quince leguas. El propio pueblo de Gan Gan se construyó sobre parcelas donadas por la comunidad indígena. A cien años de esa donación, los Cual perdieron trece leguas a manos de empresarios y comerciantes. Hasta el cementerio comunitario quedó en parcelas apropiadas por un terrateniente local. En la actualidad, los Cual sobreviven en dos leguas, insuficientes para la cría de animales.
Don Victorino Cual nació en la estepa de Chubut. El rancho de adobe y chapa, construido por sus manos, tiene tres habitaciones. Una ventana pequeña deja en penumbras la cocina comedor, que recibe con una ronda de sillas y bancos desvencijados. Victorino viste pañuelo rojo al cuello, camisa azul, bombachas de campo deshilachadas y alpargatas. Está enfermo, pero no quiere dejar pasar la oportunidad de contar los pesares. “Nos robaron la tierra, no nos dejan criar a nuestros animales, y encima nos quieren sacar el agua y envenenar con su mina. Y los políticos trabajan para ellos.”
Empleados de la minera recorrieron la zona media decena de veces. Visitaron las comunidades indígenas, se mostraron amables, serviciales. Realizaron una encuesta, preguntaron si aceptarían otro campo y quisieron hacer firmar un papel confuso. “No agarré nada, pero sé de hermanos que sí lo han hecho, los han apretado, estuvo fulero ese asunto”, explica Cual, de rostro adusto, nueve hijos y tres nietos. Y la situación empeoró cuando el gobierno provincial, a través de sus punteros locales, comenzó a presionar para que dieran la bienvenida a la minera.
El gobernador Mario Das Neves, que ya se postula a presidente para el 2011, no aceptó el llamado de este diario, pero sí se refirió a la actividad minera el 25 de junio en la Embajada de Canadá (país de origen de gran parte de las empresas que desembarcan a lo largo de la cordillera). “Creo que el proyecto Navidad es una experiencia fantástica. Ustedes tienen que tener la tranquilidad de que en mi provincia no somos nada prejuiciosos con la actividad minera, que somos cuidadosos y que queremos, cuando alguien invierte, que tenga la tranquilidad de que no se le van a cambiar las reglas de juego”, afirmó. Los 120 empresarios canadienses aplaudieron y sonrieron con satisfacción, según da cuenta el mismo sitio de Aquiline, que publicó una crónica del cóctel.
Victorino Cual se calza la boina, mira por la venta de su casa hacia el mallín y sentencia: “Nos ha quedado poco de nuestro campo. Aunque los políticos insistan, no podemos permitir dar permiso de que nos arruinen la tierra y el agua. No queremos plata, la plata se funde, se gasta, el campo queda y nos da vida”.
Agua escasa
Tiene 64 años, diez hijos, siempre habitó el mismo rancho, desde que nació, al igual que su padre. Habita y trabaja la misma tierra desde hace décadas, pero no posee título de propiedad. Vive de lo que produce con sus manos, padece el acoso de empresarios que quieren quedarse con sus campos. Y enfrenta una industria extractiva.
“Esta gente (los empleados de la minera) recorren los campos, no piden permiso, entran nomás y van marcando con banderas donde les interesa hacer pruebas. Eso ya está mal y nosotros no lo aprobamos. Tampoco dimos permiso para correr el chenque (cementerio), eso no se toca, y estos señores que hablan lindo entraron y corrieron todo”, se indigna Huichulef y cuenta que le hicieron encuestas, que preguntaban si vendería el campo, que prometían trabajo, mejora de casas, comida y hasta autos. “No firmé nada y no quiero nada de ellos. Les dejé claro que no voy a dejar el lugar donde crecí.”
Las comunidades indígenas de la meseta tienen presente el accionar minero. Cerca de allí, en Gastre, funcionó Mina Angela, la mayor experiencia de minería metalífera en la provincia. Sólo quedó de ella un enorme depósito de residuos tóxicos acusado de envenenar suelo y agua con cadmio, metal pesado productor de cáncer.
En el mismo desierto patagónico, pero cruzando el límite provincial, trabajan desde hace cinco años en la puesta en funcionamiento de una mina de oro y plata a cielo abierto, con cianuro, en la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci. El gobierno de Río Negro rechazó el informe de impacto ambiental de la empresa y sancionó, motivado por la movilización de las organizaciones sociales, una ley que paralizó momentáneamente la explotación del proyecto. Pero la compañía se mantiene en el lugar, asegura que obtendrá el permiso. Se trata de la canadiense Aquiline Resources, la misma que impulsa el proyecto Navidad y que ya mostró su poder de persuasión con los gobiernos de Chubut y Río Negro: en menos de diez años logró tomar control de 500 mil hectáreas para exploración minera.
UN CEMENTERIO DE 1200 AñOS PROFANADO
Borrando la historia
Los pueblos indígenas tienen múltiples diferencias, pero por sobre todo dos puntos en común, la relación que mantienen con la tierra y el respeto sagrado hacia los ancestros. Comunidades locales y organizaciones sociales denuncian que la empresa minera IMA violó ambos principios e impuso sus valores: ingresó a territorio indígena y profanó un cementerio aborigen, de 1200 años, ubicado en el corazón del futuro yacimiento. La acción, con participación activa de funcionarios provinciales y científicos del Conicet, violó la Constitución Nacional y legislación internacional que exige la participación indígena, y fue una medida fundamental para la continuidad del proyecto. “La existencia de un enterratorio indígena es prueba irrefutable de la ocupación tradicional y la preexistencia indígena. La empresa sabía que en la zona del yacimiento el enterratorio frenaría la actividad, y por eso se apuró con todo tipo de maniobras, que incluyó engaños y presiones, para librarse de esa potencial traba”, explicó el abogado Eduardo Hualpa, del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y especializado en derecho indígena.
La minera había evaluado que el enterratorio podría transformarse en la mayor traba del proyecto. Reunió a funcionarios provinciales de Cultura, al Centro Nacional Patagónico (Cenpat, dependiente del Conicet) y convocó a Francisco Chiquichano, referente de la comunidad Blancuntre, una de las siete de la zona. Mediante la promesa de títulos comunitarios (un viejo anhelo de las familias de la región), mejoras de caminos y beneficencia, presionaron para que consintiera el cambio.
En noviembre de 2004, tres comunidades enviaron una carta al secretario de Cultura provincial, Jorge Fiori. “Le solicitamos se abstenga de seguir adelante con cualquier modificación en el chenque (cementerio) antes de producir la consulta necesaria a todas las comunidades de la zona. Es el lugar de nuestros antepasados y por lo tanto sagrado”, destaca la carta, con la firma de tres comunidades.
En abril de 2005, la minera convocó a una reunión de urgencia. Estuvieron las partes del Estado, la empresa, el equipo de investigadores financiados por la compañía y sólo fueron invitadas dos de las siete comunidades. La Secretaría de Cultura provincial anunció que la empresa se retiraría del área durante los meses de invierno e intimidó a los aborígenes. Argumentó que el chenque quedaría sin protección y podría ser saqueado. Ordenó el “rescate y reubicación”.
Tres días después comenzó la profanación de un chenque con 1200 años en el lugar, que jamás en doce siglos había sufrido destrucción alguna.
La investigadora del Cenpat-Conicet Julieta Gómez Otero fue la responsable técnica de la acción: “Entiendo que algunos pueden pensar que nos utilizaron. No lo sentimos así”, aseguró. Sin embargo, rechazó la propuesta de Aquiline para ocuparse de los dos sitios arqueológicos que aún hoy están presentes en el corazón del yacimiento.
En el marco de la IV Reunión de Teoría Arqueológica en América del Sur, realizada en julio de 2007, la ponencia del periodista y coordinador en América latina de la Red Minas y Comunidades, Luis Manuel Claps, denunció que “el chenque era un problema porque se trataba del único conflicto social potencial del proyecto minero más avanzado y rentable de la región. IMA comenzó una triangulación entre la empresa, la Secretaría de Cultura y el Cenpat, constituyéndose una ‘mesa chica’ en la que cada actor se aportaba legitimidad recíprocamente. Líderes indígenas se vieron forzados a aceptar el traslado del chenque y a negociar en condiciones notoriamente desventajosas”.
En octubre de 2006, el V Futa Trawn (parlamento) Mapuche-Tehuelche reunió en Rawson a comunidades de toda la Patagonia y remarcó: “Proclamamos nuestro rechazo absoluto al avance de las empresas mineras, forestales, petroleras e hidroeléctricas. En nombre de la ‘ciencia’ el Cenpat, en articulación con empresas mineras que operan en la provincia, profanan y secuestran los restos de nuestros antepasados. Cualquier hecho de violencia relativo al control territorial que ejercemos en nuestras comunidades será responsabilidad absoluta del estado provincial y las mencionadas empresas”.
La batalla por el agua
El agua es el bien más preciado y también el más escaso. A pesar de gran envergadura del proyecto Navidad y el grado de avance publicitado, aún no se conocen estudios sobre el consumo para minería. Una referencia es el yacimiento San Cristóbal, en Bolivia. De similar envergadura que Navidad, utiliza 40 millones de litros de agua al día. Navidad utilizaría en sólo cuatro horas la misma cantidad de agua que consume por día todo el ganado ovino provincial (cuatro millones de animales, según datos oficiales), una de las principales e históricas actividades productivas de la región.
El coordinador del Observatorio del Agua de la Universidad Nacional de la Patagonia, Lino Pizzolón, estudia desde hace décadas la calidad del agua y conoce la región. “No hay agua en la meseta en las cantidades que estos megaemprendimientos mineros la requieren. Por lo tanto la bombearán de donde sea, se secarán los pozos, las aguadas y los mallines donde pasta el ganado, en muchos kilómetros a la redonda. La actividad minera competirá destructivamente con la actividad ganadero-pastoril, aumentado el despoblamiento del campo y la desertificación”, advirtió.
El gerente del proyecto Navidad, Guillermo Salvatierra, reconoce que Aquiline aún no realizó investigaciones sobre la disponibilidad de agua (a pesar de cinco años de trabajo en la zona), pero retruca: “Cumplimos con todos los estudios que nos requirió la provincia. Nunca nos objetaron algo. Es mentira que la minería contamina”.
Darío Aranda - Gan Gan y Gastre, Chubut.
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