En Salta están afectadas especialmente dos empresas. Los legisladores de la provincia conocen la situación. Está en riesgo una inversión de 300 millones.
FMC Minera del Altiplano y Borax Argentina perdieron unos 4 millones de dólares desde que la Nación les cobra retenciones, decisión que de un día para otro eliminó la estabilidad fiscal de la que gozaban sus emprendimientos productivos. Esa no es la única marca que está dejando la medida adoptada en noviembre: la retracción de las inversiones es lo que más preocupa en Salta.
El penúltimo mes del año pasado una resolución conjunta de las Secretarías de Minería y de Comercio Interior pasó por alto lo establecido en la ley de Inversiones Mineras (la número 24.196), que congela la situación fiscal de un proyecto minero por 30 años al ser presentado en factibilidad, prohibiendo modificaciones en la carga tributaria.
A la minería le pasó lo mismo que al campo, pero cuatro meses antes. La resolución ejecutada por la Dirección de Aduanas desconoce lo establecido en una ley desde hace catorce años. El presidente de la Cámara de Minería, Facundo Huidobro, citó la comparación pero remarcó que el cambio de reglas pone en riesgo décadas de trabajo: "Esa disposición provocó una importante pérdida económica a dos empresas radicadas en Salta (por los cuatro millones de dólares) y algo más que aún no se percibe, pero que lo veremos en el futuro: el desaliento de las inversiones", advirtió el dirigente.
Huidobro puso el acento en otra cifra: los 300 millones de dólares que se podrían invertir en los próximos tres años en la provincia si se mantiene "una óptima situación de estabilidad fiscal y seguridad jurídica", conjuntamente con el mantenimiento de los precios internacionales de los metales.
FMC Minera del Altiplano es hasta aquí la más perjudicada económicamente, con casi 3 millones de dólares, desde que los primeros días de diciembre no pudo exportar 26 toneladas de cloruro de litio porque en el mismo puerto sus directivos se enteraron de las nuevas retenciones que afecta a todas las empresas del país.
A la justicia
A los empresarios no les queda más que recurrir a la justicia para rechazar la disposición, cosa que se hizo y que la Nación apeló. "Es nuestra única vía porque piquetes en la Puna no podemos hacer. Nadie se enteraría", ironizó el dirigente, quien finalmente aclaró que la situación fue planteada a los legisladores salteños porque en aquí casi la totalidad de los proyectos mineros son de tipo marginal ya que el mineral no es encuentra concentrado y por esa razón hace falta una fuerte inversión inicial.
Fuente: Diario El Tribuno – 13-07-08
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