El reciente reclamo de la minería en Salta apareció cuando, desde la Aduana, se decidió extender el cobro de un 5% y un 10% de retenciones a las exportaciones a aquellas empresas que no habían sido incluidas en el cobro de ese monto enmarcado en el decreto de necesidad y urgencia que dispuso el gobierno de Néstor Kirchner en 2003.
En ello coincidieron al menos las respuestas volcadas por el coordinador de prensa de la Secretaría de Minería de la Nación, José Herrera, del presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, y del secretario de Minería de la provincia, Ricardo Salas, al ser consultados por Nuevo Diario.
En 2003 el gobierno nacional dispuso que las empresas mineras paguen las retenciones a las exportaciones. En la resolución se especificó que aquellas que exporten solo la materia prima deben pagar un 10%, y las que sacan los productos del país con algún tipo de procesamiento pagan el 5%.
La resolución disponía esas reglas para todos los proyectos mineros que comenzaran a radicarse en el país desde esa fecha. Pero en noviembre del año pasado la situación varió y los porcentajes de las retenciones se extendieron a las empresas que no las pagaban.
"Fueron muy pocos los proyectos que comenzaron a pagar", dijo Herrera al indicar que entre las que comenzaron a ser incluidas para pagar las retenciones están, entre otras, Mina La Alumbrera y del Salar del Hombre Muerto.
"La situación no es la misma que cuando se dispuso el proyecto, hay minerales cuyos valores ascendieron a un 200%", justificó Herrera al indicar el por qué de esta decisión.
"Lo que afecta es el cambio de las reglas del juego", afirmó por su parte Huidobro, al entender que esta disposición va en contra de la estabilidad fiscal de las empresas dispuesta por la ley 24.196 por la cual, dijo, a todas las empresas mineras se les congela la presión fiscal desde el momento que se radican en el país.
Huidobro afirmó que por cada proyecto que se inicia se invierte gran cantidad de dinero y ratificó que desde Salta, al menos la empresa Bórax, radicó sus reclamos en la Justicia. Entendió además que la resolución del Senado de la Nación que deroga la resolución 125 (que establecía retenciones al agro), plantea un antecedente para que desde la Justicia se resuelva que la extensión del cobro de las retenciones a las mineras que no las pagaban "es inconstitucional".
Por su parte, Salas ratificó que a dos empresas de la provincia les comenzaron a cobrar las retenciones a partir del año pasado. Entre ellas se encuentran la de bórax ubicada en Tincalayu y en Campo Quijano, y la Minera El Altiplano (con sede central en Catamarca), que en la provincia produce cloruro de litio en General Güemes. Estimó que en total se les retienen unos $300.000 a la primera, y cerca de $2.000.000 a la segunda.
Fuente: Nuevo Diario de Salta – 25-07-09
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