Director de Minería de Jujuy y Presidente del Consejo Federal Minero, Doctor Martín Sánchez, disertó en las Jornadas de Minería realizadas en Salta, evento que contó con la presencia del Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral.
Analizó el carácter "invasivo" de esta actividad industrial y sugirió trasladar la discusión sobre el perfil de trabajo minero "no entre conversos sino ante quienes tienen dudas".
Invitado por el Poder Ejecutivo salteño, Sánchez integró el plantel de panelistas del encuentro denominado "Minería, Industria imprescindible para el Desarrollo" que tuvo lugar en el Centro Cultural América. Junto a Mayoral, presenciaron el acto el Gobernador Juan Manuel Urtubey, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM); la Cámara Minera de Salta, la Asociación Obrera de Minera Argentina; la Jueza de Minas de Jujuy Doctora Cristina Lucas de Durruty; el Presidente de la Cámara Minera local, Ingeniero Nilo Carrión y representantes de diversas provincias argentinas.
Si bien consideró estas Jornadas como positivas, el Director Sánchez expuso ante los presentes: "Tenemos que hacer este tipo de reuniones en el interior del país: no es que esté en contra de los congresos que se hacen en hoteles de Buenos Aires, pero sería ideal apuntar a la Argentina profunda, donde se produce el mineral y se genera la riqueza".
Ante funcionarios, empresarios y trabajadores del rubro, acotó "debemos a empezar a predicar, no entre conversos y convencidos de que la industria minera es fundamental, sino ante quienes tienen dudas o es temerosa frente a esta actividad". Además, bregó por la profundización de la situación medioambiental, la necesidad de integración con las comunidades y la relación con los propietarios superficiarios.
A continuación, indicó que la minería se diferencia de otros procesos industriales por su carácter "invasivo", que provoca que "el minero no compre la propiedad, sino que ingrese a la propiedad de otras personas".
A su entender, se debe "concatenar estos derechos" -de una y otra parte- a fin de evitar hechos de confrontación posteriores. "En el mundo ya se hizo esta acción, aquí el debate está llegando tarde. Pero es momento de analizar qué perfil de trabajo se tendrá, teniendo en cuenta este factor de riqueza y la generación de mano de obra en sectores donde no hay nada más que hacer que la minería", subrayó Sánchez.
Otras conclusiones
En el marco de este encuentro, las diferentes cámaras empresariales, laborales y referentes gubernamentales analizaron temáticas de amplio alcance, tales como la Legislación aplicable a la actividad minera en la cual intervino la Jueza Cristina Lucas de Durruty.
En mesas de trabajo se determinó que "ante la crisis por la que atraviesan las actividades productivas en general, y en especial la minería, se advierten imposiciones distorsivas, entre las que se encuentran el encaje bancario al ingreso de divisas con destino a la actividad productiva minera, retenciones a las exportaciones destinadas al Mercosur -que afecta a la producción y a las provincias que ven disminuidos sus ingresos por regalías o Coparticipación Federal- Régimen de devolución anticipada del IVA (actualmente con plazos demasiado prolongados, tasas retributivas municipales que implican doble imposición y con valores desproporcionados o confiscatorios que modifican su naturaleza jurídica y las transforman en impuestos)".
Asimismo, se apuntó a la necesidad de resolver "el destino de las regalías mineras" en las provincias (instando la sanción de normas de redistribución de los recursos provenientes de derechos de explotación de minerales a los municipios o localidades implicadas); y se acompañó el pronunciamiento del Consejo Federal Minero (COFEMIN) sobre la actualización de los valores del canon minero "como condición de amparo de la concesión", entre otros puntos.
Finalmente, se coincidió en las premisas de participación activa de las autoridades de aplicación (traducida en monitoreos continuos); la actualización legal y técnica permanente de los equipos de trabajo; la internalización del concepto de "Desarrollo Sustentable" (un trabajo social y ambientalmente sustentable no es optativo, sino que es el camino para la proyección del proyecto minero en el tiempo); el reconocimiento y tratamiento del "Pasivo Ambiental Minero: uno de los obstáculos más generales para la minería", a fin que su remediación compatibilice el discurso de una "minera responsable y sustentable en un escenario apropiado".
RICARDO N. ALONSO, EX SECRETARIO DE MINERIA DE SALTA. ESPECIAL PARA EL TRIBUNO.
Pasará a la historia como la peor secretaria de Medio Ambiente de la Nación. Desde que Romina Picolotti asumió en junio de 2006 no hizo otra cosa que trabar emprendimientos productivos con la falsa y falaz excusa del medio ambiente.
Picolotti no estaba preparada para un cargo de tanta seriedad. Ni siquiera era capaz de definir qué era el medio ambiente. Sus ataques a las papeleras de Botnia, con la flagrante mentira de que iban a contaminar, terminaron lastimando profundamente la hermandad con el pueblo uruguayo.
Hoy las papeleras funcionan con los estándares internacionales y son un ejemplo de producción limpia de pasta celulosa que, en nuestro país, estamos lejos de alcanzar. Sus declaraciones contra la minería fueron otro de sus clásicos.
Hizo una serie de apreciaciones erróneas sobre la actividad minera, principalmente la extracción de oro, que demostraron su falta de conocimiento. En ese entonces, en mil rol de secretario de Minería de Salta, fui el único funcionario que le contestó, demostrándole su profunda ignorancia.
Sin embargo, y a pesar de haber visitado Picolotti las explotaciones de oro con uso de cianuro de Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, declarando que se hacía todo bajo estricto control ambiental, volvió a atacar la actividad. Impulsó la ley de bosques, que condena a la miseria el desarrollo de las provincias del NOA.
Detrás de la fachada del llamado “bosque nativo” se esconde la imposibilidad de tocar hasta los yuyales y los montes de pocotos. Ultimamente, había apoyado e impulsado la ley de los glaciares, correctamente vetada por la Presidenta, con la cual quedaba imposibilitada toda actividad productiva en la cordillera desde La Quiaca a Tierra del Fuego.
Su relación con dudosas ONG, su falta de compromiso para cumplir con el mandato de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la limpieza del Riachuelo, su militancia antiminera que ahuyentaba inversiones genuinas, su falta de decoro en el uso y el malgasto de los dineros públicos, el nepotismo en los cargos, la incapacidad de gestión, su rol piquetero, el papelón de La Haya, su ideología antiproductivista y tantos otros temas hacían imposible su continuidad en el cargo.
Fuente: EL TRIBUNO DE SALTA
Fuentes gubernamentales adelantaron a LA NACION que el jefe de Gabinete, Sergio Massa, le pidió hoy su renuncia a la funcionaria, que había sido designada por el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
La ahora ex funcionaria es investigada desde hace más de un año en la Justicia en una causa por presunta malversación de caudales públicos.
El fiscal Guillermo Marijuán busca determinar si Picolotti incurrió en desmanejos presupuestarios y administrativos en su área.
Picolotti fue separada de su cargo -según indicaron las fuentes a este medio- debido a los cuestionamientos que efectuó la Presidenta por su gestión. Entre los motivos que alegó, figuran el proyecto de ley de protección de los glaciares que impulsó y fue vetado por el Gobierno y las subejecuciones de presupuesto en su área.
Fuente: LA NACION
Por Luis Bustillo
Hay funcionarios y legisladores que dicen públicamente que es casi imposible contaminar con uranio y que su explotación no es peligrosa. Y hay otros, que se autodenominan asambleístas, que dicen lo contrario, o sea que el uranio contamina y que su explotación es peligrosa.
¿Cuál es la verdad? ¿Hay evidencias en las cuales podamos apoyarnos?
Este año el Banco Mundial y luego de diez años de gestión, otorgó a la Comisión Nacional de Energía (CNEA), un crédito por varios millones de dólares para que remedien las minas de uranio que se explotaron en la Argentina o sea para que puedan acondicionar los residuos tóxicos que dejó la explotación del uranio en Huemul y Malargüe en Mendoza; Córdoba y Los Gigantes, en Córdoba; Tonco en Salta; Pichiñán en Chubut; Los Colorados en La Rioja y La Estela en San Luis, a los fines de impedir que puedan ser arrastrados por el agua o el aire contaminándolos y a su vez contaminando poblaciones, ganados y plantaciones.
Evidencia 1: si los residuos no fueran peligrosos, el Banco Mundial no habría otorgado semejante crédito.
Conclusión 1: los residuos que deja la explotación del uranio son peligrosos.
La CNEA creó el PRAMU (Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio), que es el área dedicada a la remediación de las minas. Si no hiciera falta dicha restitución ambiental no tendría ningún sentido que se haya creado esta área.
Evidencia 2: la CNEA hoy es consciente de que las minas de uranio luego de ser explotadas, o mejor aún, simultáneamente, deben ser remediadas para evitar la contaminación del ambiente y sus recursos naturales.
Conclusión 2: la CNEA sabe que si no se trabaja seriamente, la contaminación es insoslayable.
Además hay que saber que la Comisión de Energía Atómica no remedió ninguna de todas las minas de uranio que se explotaron en el país y algunas de ellas se terminaron de explotar hace más de treinta años.
Evidencia 3: la CNEA hasta el presente no es ninguna garantía para evitar la contaminación de los pueblos.
Conclusión 3: no podemos dejar en manos de la CNEA la preservación de nuestra naturaleza y de nuestros recursos vitales.
La única mina de uranio que el PRAMU comenzó a remediar los residuos de la explotación, es la de Malargüe en Mendoza, y actualmente están suspendidos los trabajos por falta de fondos.
Dicha mina se terminó de explotar en el año 1986. Entre las obras realizadas y en ejecución, según información de la misma CNEA, figura la descontaminación y la rehabilitación del área.
Evidencia 4: si tuvieron que descontaminar es debido a que se había contaminado durante la explotación.
Conclusión 4: desde hace más de 20 años la zona se encuentra contaminada a la espera de que se completen los trabajos de restitución. Actúan aceleradamente para extraer el uranio y lentamente para descontaminar el sitio explotado.
Según estas evidencias, los asambleístas tienen razón.
Por lo tanto, desde mi punto de vista, la explotación del uranio es peligrosa y puede contaminar el agua y el aire, con sustancias tóxicas y radioactivas y en consecuencia dañar la salud de nuestra población en Sanagasta y en la ciudad de La Rioja.
Luis Bustillo - Inge. Agrónomo y vecino de Sanagasta y de la ciudad de La Rioja
email: bustillo@arnet.com.ar
Así lo afirmo Oscar Lorenzo, Cacique del Kilómetro 6 en una entrevista concedida a la Agencia de Noticias Copenoa. Las Comunidades originarias Wichis y Tobas que viven sobre la ruta 86 en el Departamento San Martín, pararon este viernes pasado ocho topadoras que se encontraban desmontando en el paraje de Tonono a unos 45 kilómetros de la ciudad de Tartagal al norte de la provincia de Salta
Los indígenas cortaban la ruta nacional 34, desde el jueves en el paraje Cuña Muerta denunciando el avance del desmonte en sus tierras. Durante una asamblea sobre la ruta decidieron desplazarse hasta Tonono para impedirles a las topadoras que continúen con el devastador desmonte en tierras que los pueblos originarios consideran de su propiedad.
Cuatro muertes
La decisión se precipitó ante la decidía del gobierno provincial y nacional. "Las mujeres insistieron en que debíamos ir en busca de las topadoras ante la no respuesta del gobierno y llevar combustible para quemarlas si no se detienen" Aclara Oscar Lorenzo a Copenoa, agregando "Ya son cuatro hermanos los que murieron en la defensa de las tierras aborígenes, y nada se hace, a un abuelo le dispararon cuarenta veces, - perdigones de balas de goma- y después murió, fue durante la represión de Pozo Nuevo, cuando los hermanos pararon el alambrado en tierras ancestrales y un juez determino que debían reprimirnos".
A las cinco de la madrugada del viernes un grupo de cincuenta indígenas entre los que había mujeres y niños detuvieron en Tonono a las arrolladoras topadoras. Los maquinistas se quedaron perplejos ante los rostros decididos de los originarios y detuvieron los motores del desastre. En el lugar se plantara Soja.
"Decidimos poner nuestros cuchillos en el cinto y quitarnos la vida si la autoridad nos quiere reprimir o detener y si los desmontes continúan pararemos con nuestra sangre indígena las topadoras en Tonono" Aclara en voz segura el cacique Lorenzo, agregando "Tengo unas 60 causas por cortes de ruta donde solicitamos la entrega de nuestras tierras, ya nada puedo perder".
La situación es más que preocupante en el Departamento San Martín, el más productivo y rico como a la vez el más pobre de la provincia de Salta, con el 60 % de la población desocupada, la desigualdad en la distribución de las riquezas es una constante en este Departamento.
Para el Gobierno de esta provincia y la propia Secretaria de Desarrollo y Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti los desmontes en Salta son por "autorizaciones del gobierno anterior. Si las topadoras están trabajando con autorización de desmontes que dio el gobierno de Romero, lamentablemente tienen que seguir porque están en un marco de legalidad", Afirmo Picolotti, desconociendo la realidad, de fragilidad y decisión de los pueblos originarios. La responsabilidad recayó una vez más sobre el ex gobernador y hoy Senador Nacional por el peronismo Juan Carlos Romero.
La decisión de seguir desmontando es también compartida por la senadora del departamento de San Martín y representante del Partido Renovador de Salta Catalina Ponna, que ve como impedimento para el crecimiento económico posibles áreas de protección, conservación ambiental lo que estaría "coartando de este modo la posibilidad de expandir la industria agropecuaria que se desarrolla en el departamento".
La provincia de Salta posee 10 millones de hectáreas de montes, selva. De las cuales ya se desmontaron 2 millones estimándose que se desmontaran en los próximos dos años unas tres millones quinientas mil hectáreas.
Los Caciques Wichis y Tobas junto a sus comunidades decidieron que frenarán todo avance de desmontes en tierras que reclaman como originarias con su sangre, que vienen derramando hace más de 500 años.
¿Será el gobierno provincial y nacional los responsables de este nuevo genocidio?. ¿Serán capaces de frenar el derramamiento de sangre, o serán cómplices?. Esperemos que actúen preservando a las comunidades originarias y sus derechos constitucionales reviendo los desmontes en tierras consideradas y reclamadas como indígenas, talas indiscriminadas autorizados por el inescrupuloso ex gobernador Romero.
Será así la oportunidad de promover un cambio certero y verdadero, de lo contrario el modelo defacto de exclusión y hambre aplicado por Juan Carlos Romero durante 12 años tendrá en el gobernador Juan Manuel Urtubey su continuidad. Será solo este quien establezca su decisión.
40 balazos de goma para un anciano
El juez provincial del Distrito Norte, Nelson Aramayo había dado lugar en el año 2006 durante la Gobernación de Juan Carlos Romero a una denuncia radicada por un empresario que aducía que los wichis habían retenido una camioneta del empresario. Aramayo no escucho a los indígenas que planteaban que el hacendado alambraba tierras indígenas, según denunciaron a Copenoa. Tampoco el juez garantizo con su presencia el respeto y derecho de los pueblos indígenas Wichis que concluyo como un siniestro y descontrolado operativo policial.
Galarza en el informe 2006 de amnistía Internacional
La fotografía de las heridas de balas de Galarza e informes periodísticos que realizo la Agencia de Noticias Copenoa fueron reproducidos por medios nacionales e internacionales y la Organización Amnistía Internacional publico en su informe anual 2006 el caso Galarza, detallando "José Galarza, de 73 años, cacique del pueblo indígena wichi en Pozo Nuevo, provincia de Salta, resultó gravemente herido al ser alcanzado por los perdigones de las balas de goma disparadas por la policía cuando ésta entró en tierras de los indígenas para recuperar el vehículo de un hacendado. Los wichis se habían apoderado del vehículo para protestar por el alambrado de unas tierras que, según ellos, pertenecían a su comunidad". Se lee en el informe de Amnistía.
José Galarza, de 73 años fallecería meses después consecuencias de las heridas de bala.
Fuente consultada propia Libro "Orden Represión y Muerte" de Marco Díaz Muñoz y de la Agencia DDN
C U E N T O S C H I N O S
Mediante un "Contrato de Exploración con Opción a Compra" celebrado el 03.04.2008 entre CORPORACION MINERA DEL NEUQUEN SOCIEDAD DEL ESTADO PROVINCIAL y la empresa "EMPRENDIMIENTOS MINEROS S.A." se concedió a ésta última la tenencia exclusiva de pertenencias mineras en Campana Mahuida y se confiere la opción exclusiva de compra, todo ello sin licitación ni amplia publicidad previa.
La empresa esta constituída por el Sr. JIHUAN WO (casado con la señora Zhong) y la empresa A GRADE TRADING USA LTD, con base en Los Ángeles, California pero de 100 % de capitales chinos pertenecientes al Estado de la República Popular China.
Resulta paradójico que con la reforma a la legislación minera impuesta en la década del '90, Argentina se autolimitó prohibiendo que el Estado argentino explote sus propias minas, pero nada dice respecto de la explotación por parte de estados extranjeros.
La mina objeto del contrato es un bien fiscal, toda vez que pertenece (tal como surge del mismo contrato) a una empresa del Estado Provincial neuquino.
El Artículo 80 de la Constitución de la Provincia del Neuquén, bajo el título "DISPOSICIÓN DE BIENES PÚBLICOS Y ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS" establece que "…Toda enajenación de los bienes fiscales, compra, adjudicación de servicios públicos y demás contratos susceptibles de ello, se hará por licitación y previa una amplia publicidad, sin cuyos requisitos serán nulos…"
La mina vendida al Estado Chino no fue objeto de licitación pública alguna.
La explotación con opción de compra convenida en tales condiciones hubiera sido imposible, de haber mediado el proceso licitatorio y amplia difusión exigido por el Art. 80 de la Constitución Neuquina.
Evidente lesión para los intereses públicos.
No solo la adjudicación, sin licitación, de la explotación de una importante mina de cobre a una empresa inexperta y sin capacidad económica suficiente causa grave lesión a los intereses públicos. También la falta de publicidad y omisión de licitación, como método de garantía de la participación pública y control ciudadano de los actos de gobierno. La falta de licitación ha sido el soporte necesario para que se lleguen a establecer cláusulas que generan notorios perjuicios, tal como más abajo se expone.
Precio vil.
Sin que en el contrato se refiera respaldo en valuación alguna del Tribunal de Tasación o algún otro organismo público o privado, la empresa estatal convino la tenencia de la propiedad minera en la suma de u$s 300.000 (trescientos mil dólares estadounidenses) conforme lo convenido en las cláusulas 4.1, 4.2. y 4.3. del referido contrato.
También sin referencia a tasación alguna, la opción de compra se ha convenido en la suma de u$s 1.000.000 (un millón de dólares estadounidenses). Esto es, aproximadamente el valor de mercado de tres viviendas de u$s 300.000, o seis viviendas de u$s 150.000, o doce viviendas de u$S 75.000. Precio por cierto muy bajo para que una sociedad de doce mil pesos de capital se quede con una mina de cobre que pretende producir tan valuado material durante un período estimado de quince años.
Amén de la referencia indicada, lo evidente de lo vil del precio no requiere de pericia de tasación ni de mayor análisis o prueba alguna ya que surge del análisis del mismo contrato.
En efecto, si la mina es explotable durante quince años, y se convino una regalía para la empresa provincial del 1,5 % de la ganancia neta (deducidos casi todos los costos imaginables); y si esta regalía puede ser recomprada por el contratista en u$s 2.000.000 (dos millones de dólares estadounidenses) conforme cláusula decimotercera; tales datos nos permiten inferir que si el 1,5 % de utilidad neta en quince años de explotación fue valuado en un valor de recompra de u$s 2.000.000, por aplicación de una elemental regla de tres simple, el 100 % de utilidad neta de la mina en ese mismo período es valuado contractualmente en u$s 133.333.333.
Si la utilidad neta de la mina (según se deduce del mismo contrato) es de u$s 133.333.333, resulta a todas luces precio vil el de opción de compra establecido en u$s 1.000.000, que es el 1,33 % del valor total de la utilidad neta de la mina a lo largo de su vida util estimada en quince años.
Ello amén que entendemos que la utilidad neta de la vida de la mina puede ser estimada en mayores valores al de u$s 133.333.333 ello en base a los valores internacionales del cobre, y al hecho de que los mismos representantes de la mina manifestaron que invertirían u$s 120.000.000, siendo que por un elemental principio de utilidad y lucro nadie invertiría 120 en una actividad altamente riesgosa que dejará 133.
Cláusulas abusivas.
Resultan a todas luces abusivas las cláusulas que establecen la regalía.
En efecto, resulta a todas luces abusivo que se deduzca del precio de las regalías el costo "…tributos en general…" (Anexo I, Cláusula 1) de manera tal que por dicha cláusula la empresa estatal CORMINE SEP deviene en pagadora de los tributos de la contratista privada, la cual se ve por esta vía indirecta eximida de tributos (ya que los que gravan a la contratista afectan en forma directa los ingresos de la empresa estatal provincial), y ello en violación del principio de igualdad ante la ley y de las competencias que corresponden al Poder Legislativo (Arts. 143, 144, 189 -incisos 7, 18, 29 y 42- de la Constitución de la Provincia del Neuquén).
Lo ínfimo de las regalías y la facultad concedida a la contratista de liberarse de las mismas mediante un pago único que resulta a todas luces exiguo en proporción a los beneficios, atenta con el destino fijado por el constituyente a dichas utilidades, toda que bajo el título de "DESTINO DE LAS UTILIDADES" el artículo 99 de la Constitución del Neuquén expresamente dispone que "…Las utilidades provenientes de la explotación… …(de) distintos minerales, deberán emplearse en la realización de obras productivas que constituyan beneficio permanente para la Provincia del Neuquén, que favorezcan especialmente a la región donde se encuentre ubicada la respectiva industria extractiva, u otras zonas con posibilidades especiales…"
Cabe preguntarse que obras permanentes podrían hacerse en la zona de Campana Mahuida con tan solo u$s 2.000.000 a cambio de tener que soportar la región durante quince años la explotación por métodos agresivos tales como la minería a cielo abierto con empleo de ácido sulfúrico, drenajes ácidos, lixiviación de metales pesados con afectación de cursos de aguas superficiales y subterráneas, empleo permanente de explosivos, diseminación de polvo en la atmósfera, modificaciones sociales por la inmigración de trabajadores especializados, suba de precios locales por mayores ingresos salariales del personal de las minas con perjuicio a la mayoría de la población local sin capacitación para acceder a dichos empleos, modificación del paisaje, afectación al estilo agrícola-ganadero de producción, afectación del turismo saludable (turistas que buscan salud y ambiente sano recurriendo a turismo agrario y baños termales) afectación de los establecimientos de producción de fruta fina orgánica, etc. etc. etc.. Y todo por dos millones.
Dos millones que en quince años representan tan solo u$s 133.333 anuales, o u$s 11.111,11 mensuales, o u$s 370,37 diarios, que repartidos entre los aproximados 7.000 habitantes de la zona representa 0,05 centavos de dólar por habitante por día. Evidentemente, una burla para vender todo un paisaje, un estilo de vida y un medio ambiente sano para que el Estado Chino se lleve nuestro cobre, y para colmo casi gratis a tenor del marco jurídico minero establecido por la Nación durante la década de 1990.
En síntesis, para las mineras extranjeras: todo. Para la población local agrícola ganadera y turística: nada. Solo alteración del paisaje, contaminación, desolación, a cambio de tan solo 0,05 dólares diarios per cápita.
La empresa CORMINE SEP efectuó en el año 1998 una valuación de los recursos y reservas de la mina. Dicho informe no ha sido dado a publicidad y el mismo permitiría valuar la mina regalada a China. Pero además, no debemos olvidarnos que la legislación de promoción minera permite capitalizar el 50 % del avalúo de las reservas. De esta manera, la empresa paga u$s 1.000.000 a CORMINE SEP y automáticamente puede aumentar su capital hasta la mitad de la valuación hecha por CORMINE SEP en 1998, que seguramente supera el millón a pagar por la compra.
Estos son los verdaderos cuentos chinos de la política de entreguismo que existió bajo el gobierno de Jorge Sobisch, quién además invitó a los orientales a explotar minas de oro y plata y construir el ferrocarril trasandino (Diario Río Negro, 23.04.2004) que está avanzando desde Zapala hacia el Pacífico, antes como esperanza de puente de intercambio, pero ahora como un tentáculo que permita llevar las riquezas neuquinas desde sus entrañas hacia el voraz dragón rojo.
Por si fuera poco, y sin preocuparse por la baja de los precios internacionales del cobre en un 40 % desde que comenzó la crisis financiera global, para hacer funcionar la mina los chinos en Campana Mahuida piensan construír una planta de elaboración de ácido sulfúrico que produciría 20.000 litros diarios. Un cuarto de la producción de la planta de Dock Sud (que los vecinos de Villa Inflamable quieren erradicar). Pero gigante para el precario medio ambiente de la Cuenca del Agrio.
Mientras bajo la mesa se entregan nuestros recursos, mientras los mineros prometen puestos de trabajo a una necesitada población sometida durante décadas al clientelismo político, en Loncopué nos preguntamos si el hediondo olor a podrido de una planta de sulfúrico seguirá atrayendo a los turistas que buscan salud en las termas de Copahue, principal fuente de empleo de la región.
Cristian Hendrickse - hendrickse@yahoo.com.ar
Asesor Legal de A.V.A.L.
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué
Loncopué – Pcia. del Neuquén
Patagonia Argentina
Para su campaña de "opinión publicitaria" reclutan nuevos personajes todos los días.
A Eddy Lavandaio y a Manuel Benítez (Presidente de YMAD y de la CAEM) ya los conocemos. Ahora se le suma el Dr. Eduardo Peralta, profesor del plantel docente de minas de Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Catamarca. Se mandó un escrito de varias páginas deformando la realidad a conveniencia de las mineras, que ya comentaremos. Claro, qué puede decir el doctor, seguramente tiene intere$e$ mineros.
Pero además, ahora aparece un tal Dr. Marcelo López Alfonsín, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (puaaaaaa… no tenés títulos papá).
Este doctor nos intentará convencer –desde el "lado legal"- de que Argentina tiene la mejor legislación ambiental-minera del mundo.
Que digan que somos ignorantes, terroristas ambientales, que fomentamos el odio, que somos adoctrinadores de niños indefensos y activistas docentes, extremistas, alarmistas, opositores al progreso, etc. ya lo tenemos "digerido".
Pero que nos traten de IDIOTAS a nosotros y al resto de la población es exagerado.
A pesar de que la mayoría de los que nos oponemos a esta "minería" que nos quieren imponer somos ciudadanos comunes, también contamos con profesionales de distintas áreas y un premiado con el Nobel de la Paz que nos apoyan y coinciden con nuestros reclamos.
Además, la verdad es tan simple y elocuente que no hace falta tener títulos universitarios ni premios internacionales para darse cuenta.
La verdad está ahí, en lo que pasa en todo el mundo con esta "maravillosa megaminería química".
Vean lo que le está sucediendo a la multinacional canadiense Inmet Mining, a Río Tinto, a Anglo American y otras:
Minera Alumbrera es el símbolo de la minería metalífera a gran escala de la Argentina. Ubicada en Catamarca, hace trece años que extrae oro y cobre, explota 340 toneladas de roca por día y utiliza 4 millones de litros de agua por hora en zona desértica. La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que reúne a cien pueblos en lucha, la exhibe como el ejemplo del fiasco minero, desmiente todas las promesas de las compañías: no generó desarrollo local, no aportó riqueza al país y, por sobre todo, afirman que contaminó el medio ambiente. Luego de filtraciones en el dique de colas –una olla de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad, que hace de basurero químico—, cuatro derrames e innumerables denuncias, el vicepresidente de la compañía fue procesado por el presunto delito de contaminación. Es el primer caso en Latinoamérica en el que un ejecutivo minero llega a esa instancia judicial. Las organizaciones sociales festejaron la medida y el sector empresarial se declaró en alerta. El fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, fue el impulsor de la investigación y aportó las pruebas más comprometedoras. Asegura que la industria minera contamina, al igual que las pasteras y el monocultivo de soja. Afirma que detrás de cada hecho de contaminación hay un funcionario corrupto y reconoce que no hay condenas porque reina la impunidad. Gómez, que es jefe de fiscales federales, también denuncia una avanzada judicial que puede terminar con su destitución.
–¿Cómo comienza la causa Alumbrera?
