El premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pidió a los rectores de las universidades nacionales que cumplan "con la exigencia ética de rechazar los fondos provenientes de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio)", que provienen del emprendimiento minero de Bajo La Alumbrera, en Catamaraca.
El debate, que se prevé para el jueves en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta (UNSa.), se inicia porque al igual que en 2008, este año el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aprobó la posibilidad de que se distribuyan 36 millones 800 mil pesos entre las distintas casas de altos estudios estatales.
"Sabemos de las necesidades financieras de las universidades nacionales, las cuales no logran cubrirse con las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso de la Nación.
Sin embargo, nos parece que tanto el CIN como cada una de las universidades nacionales deberían rechazar esos fondos millonarios, por el hecho de que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento", sostuvo Pérez Esquivel en la carta fechada el 10 de junio pasado, al recordar los antecedentes del emprendimiento, que ya tiene un procesamiento por el supuesto delito de contaminar.
Entendió que las universidades, y sobre todo las estatales, "tienen el deber de mantener una mirada crítica sobre toda actividad productiva y sus impactos sobre la población".
Destacó que "el hecho de que la producción de saberes técnicos dependa de fondos originados en una actividad tan cuestionada como la que desarrolla Minera Alumbrera Ltd. le resta confiabilidad". Entendió que la distribución del dinero de este "mega-proyecto", no es el único que arremete contra las universidades públicas. Y es que "son muchos los científicos y las instituciones académicas que fueron cooptados y que multiplican las publicaciones complacientes con el modelo sojero y el modelo extractivo minero". Entendió que "estas actividades tienden a desinformar", aunque existen "científicos, investigadores y académicos que tratan de proponer miradas alternativas al discurso hegemónico, poniendo a la luz los daños irreparables provocados por estas actividades destructivas, saqueadoras y contaminantes. Varios de ellos luego sufrieron represalias y sanciones adentro de sus instituciones".
Las casas de altos estudios deben "actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los ciudadanos, y eso requiere una total independencia de los intereses privados. Las universidades deben abrir sus puertas al debate de tales temas de suma importancia, para definir el modelo de país que queremos", concluyó.
Fuente: Nuevo Diario de Salta 22-06-09
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