Hace una década ya, inicie casi en absoluta soledad, una lucha por lo que consideraba y considero un derecho humano y no una mercancía que se vende o regala al mejor postor, el agua. Incluida en el Capítulo XII, Artículo 982, del Código Alimentario Argentino (CAA).-
Al tener conocimiento de que el gobernador de la provincia daba por rescindido el contrato con la empresa “concesionaria” (¿O beneficiaria?) del servicio, debo confesar, que sentí que mi lucha no fue estéril.
Pero, con el correr de los días y a medida que estos transcurren y al tener una idea algo mas palpable del nuevo “manejo” del vital alimento, los fondos que estos generan, su calidad, su distribución, el acceso a todos los ciudadanos de esta provincia, mis dudas se incrementan.
De lo leído en el artículo de fecha 23/05/09 en La Hora de Salta, “Quedó conformada la Unidad de Transición a cargo de Aguas de Salta”, el Secretario de Comercio, Industria y Servicios Públicos, pone especial énfasis en que “La idea es que el servicio se siga brindando y para ello es necesario que se siga pagando” y agrega “Nuestro objetivo primordial es mejorar la calidad del servicio a los usuarios optimizar el servicio y cuidar el recurso”.
Se equivoca UD Sr. secretario en varios puntos.
Mejorar la calidad del servicio no es un “OBJETIVO primordial”, fue SIEMPRE SU OBLIGACIÒN, más aún cuando cuando reitera UD. que “es necesario que se siga pagando”.
Se olvida UD. que los salteños venimos pagando cifras astronómicas tanto por el pésimo servicio hasta ahora prestado o con los aportes que a través de la provincia o la nación se hicieron para realizar obras de “mejoras” en las redes de agua o cloaca. Los que en realidad, tendrían que haber salido de los abultados ingresos percibidos por la empresa “beneficiaria” o “beneficiada” por un contrato leonino que conozco en SU TOTALIDAD y que fue avalado y refrendado por políticos que aún hoy, se encuentran enquistados en el poder, poniendo caras de “Yo no fui”, al momento de pedirles explicaciones sobre este aberrante contrato de concesión.
Me pregunto: ¿Que función cumple o cumplió el Ente Regulador de los Servicios Públicos durante todos estos años?
¿Quizás habilitar una línea 0800 para que MILES de quejas provenientes de toda la provincia duerman el sueño de los justos en el fondo del cajón de algún escritorio?
¿Sancionaron alguna vez a la prestataria por los innumerables incumplimientos de las escasas obligaciones que en el contrato se estipulan?
Si así fue, ¿se la sancionó con multas acordes a la gravedad de la falta o solamente acreditando algunos centavos en la factura subsiguiente del usuario?
Y como si todo esto fuera poco, se anuncia que el “beneficio” que recibiremos los usuarios será que “No habrá subas de tarifas hasta fin de año”. Realmente una suba de tarifas antes o después de fin año, no importa cuando, significaría lisa y llanamente que SOLAMENTE CAMBIAMOS DE RECAUDADOR Y QUE TODO SEGUIRÀ IGUAL O PEOR QUE ANTES.
En mi opinión, deben ser los municipios, legítimos propietarios y responsable del manejo racional de los recursos hídricos, quienes administren, brinden un servicio digno y confiable, apoyado y controlado por entes mixtos, constituidos por representantes de las municipalidades y vecinos usuarios del servicio.
Adhiero en forma total, a la solicitud del profesor Dr. Carlos Maria Pagano (Nuevo Diario de Salta 26/05/09), uno de los miembros de la Junta Promotora del Agua, quien pidió que el gobierno tome la decisión de reducir la tarifa, una vez que reasuma la prestación del servicio y saneamiento.
En fin, mi sueño, hasta este momento, continúa siendo solo eso. Pero a pesar de todo, conservo la esperanza de que se convierta en una realidad y no tener que recurrir a una frase que constantemente decía mi abuela: “De vuelta la burra al trigo”
Gustavo D Rodríguez Achondo- DNI 8554097
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