Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), exigieron al gobierno provincial amparándose en las declaraciones de derechos humanos y la Constitución Nacional que se informe "puntualmente" sobre los avances en el ordenamiento territorial de bosques nativos y el estudio de impacto ambiental acumulativo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, en el cual se agregaba la directiva de suspender los desmontes en los departamentos Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.
"Estimamos que actualmente nos encontramos ante una situación en la que se da como regla la falta de información y de difusión de los avances en el proceso de Ordenamiento Territorial descripto.
La falta de conclusión del mismo aumenta aún más el riesgo de destrucción de los bosques nativos, y atenta significativamente con las posibilidades de evaluar las alternativas de recomposición y reparación del daño ambiental, y de establecer claramente el rol y responsabilidades que competen a cada uno de los actores involucrados", dice la nota presentada anteayer al gobernador Juan Manuel Urtubey.
Fundamentaron su exigencia en el hecho de que "la información ambiental no sólo constituye uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo una adecuada gestión del medio ambiente, sino que constituye un requisito esencial para que la sociedad conozca, comprenda y participe en las decisiones que puedan afectar su propia calidad de vida y la de futuras generaciones".
Las exigencias establecidas en la ley Nº 7543 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Salta señalaban que Urtubey tenía 60 días después de la promulgación de la ley para presentar el mapa en el cual se establezca a través de los colores verde, amarillo y rojo las zonas de la provincia se podían desmontar, cuáles estaban destinadas para explotar forestalmente, y cuales debían ser totalmente conservadas. Los plazos ya están vencidos sin que exista por parte de los legisladores presentación alguna que obligue al mandatario a cumplir con la ley. El 31 de marzo pasado los ambientalistas pidieron por nota al Secretario General de la Gobernación contestaciones "sin haber obtenido respuesta alguna hasta el día de la fecha", dice la misiva.
En caso de que el silencio siga primando, los ambientalistas comunicaron al Gobierno la posibilidad de promover "la pertinente acción judicial", algo que por el momento (como quedó reflejado en la causa iniciada por la publicidad oficial), parece tener al Ejecutivo sin cuidado.
Fuente: Nuevo Diario de Salta - 08-05-09
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