viernes, 23 de enero de 2009

Pidieron a Urtubey respetar el ordenamiento territorial original

Los referentes de las asociaciones ambientalistas Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y Vida Silvestre, enviaron una carta al gobernador Juan Manuel Urtubey por la cual solicitaron que al momento de decidir el ordenamiento territorial de los bosques nativos en la provincia lo haga enmarcándose en la propuesta original elevada por la Unidad Ejecutora, antes de que la ley sea tratada en la Legislatura. 
La propuesta original dispone la protección de dos millones de hectáreas de bosques nativos (incluyendo el cuidado de las cuencas hidrográficas), el destino de 6.200.000 hectáreas para la zona amarilla (aprovechamiento forestal), y de 1.300.000 hectáreas como umbral máximo para desmontar.

Aunque para los ambientalistas resulta "auspiciosa" la propuesta original, solicitaron al gobernador que en caso de seguirla sosteniendo revise la zonificación indicada para la región sudeste de Anta "ya que la propuesta actual determinaría la completa desaparición de la región conocida como `El Impenetrable`".

Entendieron que la preservación de ese sector es necesaria para dar una continuidad ecosistémica de este sector hacia el Chaco.

La preocupación de los ambientalistas tiene su origen en la ley aprobada por los legisladores provinciales que apunta a aumentar las superficies para hacer desmontes en la provincia.

La normativa sancionada, según lo indicaron los mismos funcionarios de Ambiente de la provincia, no garantiza sustentabilidad. Y es que se entiende que con una ley así, y las decisiones en las manos equivocadas y con intereses en el sector agrícola, se podría llegar a poner en riesgo de desmonte más de cuatro millones de hectáreas de bosques nativos.

En la carta fechada el martes que pasó y firmada por Juan Carlos Villalonga (Greenpeace), Eugenia di Paola (FARN), y Diego Moreno (Vida Silvestre), se reclamó a Urtubey abstenerse de hacer lugar "a medidas que puedan ser mas permisivas".

Y sostuvieron que "no debería superarse el límite máximo señalado del 1.300.000 hectáreas", para el desmonte dado que, como ya lo indicaron desde la Universidad Nacional de Salta (UNSa), de continuar con el ritmo de desmontes instalado en la etapa romerista se "producirá un desastre ambiental y social que afectará seriamente la biodiversidad, el clima, la regulación hídrica, a cientos de comunidades campesinas e indígenas que dependen de los bosques para su subsistencia, y a los habitantes de la provincia en general". 

Fuente: Nuevo Diario de Salta - 23-01-09

miércoles, 21 de enero de 2009

La minería a cielo abierto conlleva a la destrucción del medio ambiente y de los valores de la sociedad.

En un decrepito accionar pro-minero el Dr. Ricardo Alonso hizo un comentario descalificativo, diciendo “los que se oponen a la minería a cielo abierto en la provincia de Salta, son unos ignorantes o algún interés personal persiguen”. 

Me permito por este medio responder a este inadecuado comentario:

Sr. Ricardo Alonso, Ud. seguramente conoce que “Toda minería a cielo abierto utiliza una técnica que conlleva a la destrucción y agotamiento del ecosistema del lugar de la explotación. La eliminación de la capa boscosa, la destrucción de los suelos, la contaminación de las aguas superficiales y freáticas, la división en las comunidades, el soborno a funcionarios, la amenaza, el chantaje, la compra de opinión a periodistas  y la violación de leyes y derechos forman parte de las acciones rutinarias con las que se desenvuelve la minería a cielo abierto en Argentina y muchas partes del mundo”.

Sr. Ricardo Alonso, Ud. responda…“Si esto no fuese así entonces explíqueme por que esta practica esta prohibida en muchos países del primer mundo, en donde coincidentemente se originan los capitales económicos que conforman estas empresas”.

Sr. Ricardo Alonso, contésteme “por que el Vicepresidente de Alumbrera esta procesado por el delito de contaminación agravada, por que Alexander Gold en ningún momento acepto públicamente el rechazo del Informe de Impacto Ambiental, por que se cajoneó el proyecto de prohibición de minería a cielo abierto en la cámara de senadores de Salta,  por que, los que defienden la minería desde el gobierno y las instituciones educativas, cada vez son mas ricos y poderosos”.

Sabe por que… “por que es un mecanismo perverso que no solamente contamina nuestro medio ambiente, sino también corrompe los valores de personas como Ud., de muchos funcionarios y políticos, de algunos docentes y periodistas”.

En síntesis no solamente nosotros los ciudadanos seremos los únicos damnificados, sino también los hijos de Uds, (los corruptos) el día de mañana le reclamarán la falta de valores para defender los intereses de todos y el apellido de cada uno de Uds.

Ing. Carlos Alberto Ruiz López - Salta

martes, 20 de enero de 2009

Greenpaece hace explotar el teléfono de Cristina Kirchner

En una más que original medida de protesta, la organización ecologista presentó un “teléfono rojo” que comunica directamente con Presidencia de la Nación. Así esperan que la gente reclame la reglamentación de la Ley de Bosques, demorado en el despacho presidencial.

La organización ecologista Greenpeace denunció hoy un boicot a la Ley de Bosques y presentó un "Teléfono Rojo" para que la gente llame a la presidenta Cristina Kirchner y le reclame la urgente reglamentación de la norma, sancionada hace más de un año.

Con un teléfono gigante y tres cabinas telefónicas ubicadas entre los lobos marinos de la rambla de Mar del Plata, Greenpeace lanzó hoy su campaña de reclamos por la urgente reglamentación de la Ley de Bosques, que luego recorrerá distintos lugares del país.

En Mar del Plata, cientos de personas hicieron largas filas para llamar al (011) 4000-5580, el Teléfono Rojo de Greenpeace, que deriva las llamadas a Presidencia de la Nación para reclamar por la reglamentación de la ley.

"Hace un año, un millón y medio de argentinos logramos parar las topadoras con la sanción de la Ley de Bosques, pero el Poder Ejecutivo aún no la reglamentó y las provincias más comprometidas con los desmontes no quieren aplicarla correctamente", afirmó la organización.

Greenpeace convocó a llamar a la presidenta desde el Teléfono Rojo de Greenpeace para "parar este boicot a la Ley de Bosques", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques.

El borrador de la reglamentación de la Ley de Bosques fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, luego de un proceso consultivo del que participaron organizaciones ambientalistas y el Consejo Federal del Medio Ambiente, y fue girado a principios de julio al Poder Ejecutivo, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.

"A pesar de que el borrador de la reglamentación está listo desde hace seis meses, las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Nación pretenden rediscutirlo con los gobiernos provinciales para lavar y flexibilizar la norma", denunció Giardini.

"Así, -agregó- buscan que la reglamentación les permita a las provincias más comprometidas con la deforestación cobrar los fondos que la ley establece y seguir con la fiebre de las topadoras".

La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña que logró juntar un millón y medio de firmas, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.

La norma crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.


Fuente: lapoliticaonline.com

No al veto de los glaciares: la comunidad Mapuche junta firmas en Rosario de Sta. Fe

Una mesa de la comunidad Mapuche de Rosario sorprendió este sábado a quienes caminaban por el cruce de las peatonales Córdoba y San Martín. Los representantes del pueblo originario realizan desde allí la campaña nacional para rechazar el veto presidencial a la ley de protección de los glaciares argentinos.

La medida que tomó Cristina Fernández de Kirchner en noviembre pasado constituye para el pueblo mapuche y los defensores de los recursos naturales “
un atentado contra la naturaleza, el agua y los habitantes de la Patagonia” para “favorecer un negocio de tres mil millones de dólares” de la minería.

Se trata de la anulación de la ley 26.418 que prohibía las actividades que pudieran afectar la condición natural de los glaciares y vedaba la explotación minera.

Según explicó Amanda Solis Colihueque a Rosario3.com, este es el segundo sábado que realizan la junta de firmas y ya recolectaron más de 300 apoyos de rosarinos.

La gente entiende la importancia de defender los recursos naturales. Nos están quitando el último recurso que nos queda que es el agua, porque las mineras utilizan explosivos y sustancias tóxicas. Por eso vamos a seguir con esta campaña”, aseguró.

El ejemplo más claro del avance minero, señaló Solis Colihueque, es el emprendimiento Pascua Lama (entre San Juan y Chile), con uno de los yacimientos a cielo abierto más grande del mundo, operado por la multinacional Barrick Gold.

La ley que vetó Cristina y que tocaba esos intereses contemplaba además la creación del primer registro nacional de glaciares argentinos, algo que Chile, por ejemplo, ya llevó a cabo.

Fuente: noalamina.org

Un “chupamedias”: el político sanjuanino José Luis Gioja ha venido, desde hace rato, dando muestras de obsecuencia.

Mas acerca de los Gioja: extracto del artículo "Más reflexiones sobre América latina"... el negocio de la minería en la Argentina.

Por: Emilio Cárdenas. Se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

(...) La obsecuencia tiene contrapartida

Según el diccionario, un “obsecuente” es un sumiso o condescendiente. No es lo ideal como actitud personal, desde que es imposible enorgullecerse de ella. En la jerga política esa palabra significa más que eso. Describe a un hombre sin orgullo, ni principios; que no vacila en inclinarse -vergonzosamente- ante el poder para obtener algún beneficio. Un “chupamedias”, entonces, que apunta a lograr algo congraciándose a cualquier costo con la autoridad, frente a la que sacrifica su propia dignidad.

El político sanjuanino José Luis Gioja ha venido, desde hace rato, dando muestras de obsecuencia. Durante la crisis del 2001/02 eso se hizo más que evidente. Cuando la aparición en lo alto de la escena política nacional de los Kirchner, Gioja se “pegó” a ellos, en busca de aprovechar su “calor”. A costa de decir, en el momento adecuado, lo que los Kirchner esperaban. De la manera más rápida y sonora, por cierto. Así llegó a Gobernador de su provincia, San Juan, con el “apoyo” de los Kirchner.

Ahora comienza a verse la contrapartida de esa obsecuencia. Que a veces está oculta, hasta que algo sucede y aparece en toda su magnitud. La minería, dicen los medios, “metió su cola” y Gioja obtuvo de la Presidente el sorpresivo (pero inmediato) veto de la “Ley de Protección de los Glaciares”, una norma quizás exagerada, pero de contenido ambiental que no había sido controvertida en el Parlamento, sino aprobada velozmente en ambas Cámaras, por unanimidad. Con el máximo consenso político, entonces, incluyendo el de las distraídas y poco eficientes “huestes” del obsecuente gobernador de San Juan.

Se dice que la razón del veto ha sido su impacto en Barrick Gold, la empresa canadiense que lleva adelante los emprendimientos sanjuaninos de Pascua-Lama y Veladero, en los que el oro es rey. Por ello Gioja habría presionado a Cristina (de la que era acreedor político) y logrado su veto a la protección ambiental de los glaciares, toda vez que ellos existen en la zona de los proyectos mineros antes mencionados.

Gioja fue, recordemos -antes de acceder a la gobernación de su provincia, en la que hay unos 180 proyectos mineros de envergadura- Presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja y es hermano (una vez más, la diosa “nepotismo” aparece en el universo del peronismo kirchnerista) de César Ambrosio Gioja, que curiosamente preside la Comisión de Minería del Senado de la Nación. Los Gioja tienen, es obvio, un “costado” minero. Pero no académico, por cierto. El César, como dirían en San Juan, es dueño de una empresa de bentonita que, a estar a lo que informara la diputada María Fernanada Reyes, de la Coalición Cívica, sería proveedora de Barrick Gold. Esto estaba, dicen, en la orgullosa “página web” de la empresa de Gioja y, de pronto, “desapareció”. Es posible, pero no probable, que hayan perdido la vinculación contractual, pero puede pensarse que prefirieron no hacer las cosas transparentes y entonces “bajaron” la información que podía “avivar giles”. Un fiscal federal está investigando la situación, por entender que hay “negociaciones incompatibles” con el cargo electivo que el también empresario minero desempeña.

Para hacer las cosas complicadas, los medios (“La Política On Line”, del 23 de diciembre pasado) sugieren que el actual Secretario de Minería, Jorge Omar Mayoral, tendría -también él- empresas mineras emplazadas en San Juan. Mica y canteras, informan. Con beneficios de promoción industrial, esto es con exenciones tributarias y otras ventajas concedidas desde el poder.

Jueces y parte, dicen. Pero hay más que eso. Está el tema de la obsecuencia y sus “razones”. El famoso “do ut des” de los romanos. Mientras tanto, la protección ambiental para los glaciares sanjuaninos deberá esperar.

Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 


Fuente: noalamina.org

Emergencia sanitaria por la rotura de cloacas en Tartagal

La Intendencia tomó la medida para evitar que los líquidos cloacales, que son derivados al río, vuelvan a las viviendas.

No hay estimación de cuánto tiempo puede llevar solucionar el grave problema, que afecta a unas 7.000 familias.

El caño troncal que recoge los líquidos cloacales y los lleva hacia la planta depuradora de Tartagal sufrió el sábado una rotura de varios cientos de metros -se estima que llegaría a 600-, lo que hizo colapsar todo el sistema cloacal de Tartagal.

El caño, de 600 milímetros, se rompió en varios tramos provocando una situación indescriptible para los cientos de vecinos que residen en las inmediaciones de esa instalación.

Para evitar que los líquidos volvieran a origen, es decir, a las viviendas de Tartagal, se debió improvisar una especie de "by pass" mediante el cual los líquidos fueron desviados hacia el cauce del río Tartagal, donde fueron arrojados sin ningún tipo de tratamiento previo y a cielo abierto.

La grave situación hizo que la Intendencia conforme un comité de crisis para atender a las decenas de familias que residen en la zona este de la ciudad, donde desde hacía varias semanas venían colapsando otras líneas secundarias que llevaban los líquidos hacia el caño maestro que quedó destruido el sábado.

El comité de crisis está integrado por el municipio, el hospital "Juan Domingo Perón" y otras entidades.

Las otras pérdidas se produjeron en las avenidas 25 de mayo y ruta nacional 34, en calle América y Richieri y en Villa Saavedra, entre otros puntos, y ocasionaron que los líquidos se extendieran por las calles y generaran focos infecciosos para cientos de familias tartagalenses.

Casi milagrosamente la rotura del caño maestro coincidió con la baja de la temperatura, en una zona en la que la semana anterior se registraron 45 grados y más; el sábado fue un día de intenso calor, pero el domingo y ayer, producto de los fuertes vientos, los días se mantuvieron relativamente frescos y nublados, lo cual hizo un poco más soportable la situación para los vecinos de esos barrios.

Operarios tanto de la empresa prestadora del servicio de agua como agentes municipales trabajan para remover los restos que quedaron del caño troncal, que debe ser reemplazado en más de 1.200 metros y para cavar nuevas zanjas para la colocación de uno nuevo. El mayor incoveniente es que nadie sabe cuánto tiempo pueden llevar estos trabajos, ya que el caño colapsado de 600 milímetros debe ser reemplazado por otro de 800, pero que sólo puede ser traído desde Buenos Aires.

El intendente dijo además que "en una comunicación con el gobernador Urtubey, me manifestó que la Provincia no va a retacear ni un solo centavo para solucionar lo antes posible este problema".

Además, Leavy pidió al Concejo Deliberante que declare la emergencia sanitaria, para que la comuna pueda disponer de los fondos para hacer frente a la crisis sanitaria.

"Tartagal, sin cloacas"

En una conferencia de prensa convocada por el intendente Sergio Leavy, de la que participaron el gerente del hospital Juan Domingo Perón Armando Figueroa y algunos legisladores por el departamento San Martín, el jefe comunal manifestó que literalmente "Tartagal se quedó sin cloacas", luego de lo cual explicó la dramática situación que se vive en el norte provincial.

Figueroa, por su parte, manifestó que se incrementaron los controles sanitarios, en especial el trabajo de los agentes de APS y pidió a la población que ante cualquier síntoma concurra en forma inmediata a una consulta médica.

El mayor temor pasa por las consecuencias que estos derrames puedan traer en niños y mayores respecto de enfermedades como hepatitis, diarreas, vómitos y fiebre tifoidea, entre otras patologías hidrotransmisibles. El gerente estimó que "entre 6.000 y 7.000 personas podrían estar afectadas en forma directa a los derrames cloacales".

Fuente: El Tribuno de Salta

Concejal Saravia: "Debemos terminar con la concesión de Aguas de Salta"

El dirigente del Frente 28 de Octubre y miembro del Frente Grande, Diego Saravia sostuvo que el pueblo de toda la Provincia debe seguir el ejemplo de los tartagalenses y realizar un plebscito provincial tendiente a terminar la concesión de la empresa Aguas de Salta.

Como indicaron expertos internacionales en el Congreso de Medio Ambiente organizado por la Provincia, ninguna rivatización de servicios de agua en Latinoamérica resulto exitosa, y Salta no fué la excepción.

La solución de los graves problemas existentes en toda la Provincia on relación a la calidad de agua, y a la contaminación cloacal requieren la gestión de cuantiosas inversiones que no dejan ganacias para un concesionario.

"La gestión de los servicios mediante marcos regulatorios basados en contratos privados es un grave problema causado por la concepción romeriana y el Consenso de Washington. Debemos ir a un sistema de gestión basado en la sujeción de los contratos privados  los marcos legales regulatorios y sus cambios", expresó.

El virtual estado de sublevación de la poblacion salteña en relación a los problemas del agua, manifestados en la devolución constante de medidores y en la realización de un plebscito en Tartagal, entre otros, deben ser señales suficientes para el actual gobierno, que prometió un cambio. Es hora de demostrar que hay voluntad política de cambiar la Provincia y que la decisión del actual Gobernador de utilizar una estructura partidaria diferente de la comandada por romero fue más que oportunismo político.

Aguas de Salta es la prueba que la población de Salta pide al Gobernador para mostrar que ya no sigue los lineamientos neoliberales de Romero. "
Es hora de un cambio en la gestión del agua de Salta", indicó el dirigente.

Fuente: La Hora de Salta

Cuestionamiento a Aguas de Saltas en Tartagal

A raíz de innumerables quejas de los vecinos de la zona centro y barrios de Tartagal por las roturas y perdidas persistentes de liquido cloacal en la vía publica, el Intendente Leavy convoco a los medios a una conferencia de prensa en el Salón Auditorium Municipal, en donde se plantearon duras quejas al servicio que brinda la Empresa Prestadora.

 

El Intendente estuvo acompañado por el Diputado Provincial Cristos Zottos y la Dra. Josefina Aguirre, jefa de APS del Hospital Zonal; entre otros, en donde, además de aclarar que "no queremos alarmar a la población", se informo que se enviaran agentes sanitarios en un operativo casa por casa como medida para evitar riesgos de enfermedad, sobre todo la hepatitis.

 

La Dra. Aguirre recomendo que el agua, por mas que sea potable, se hirviera antes de consumirse.

 

El Dip. Zottos, a instancias de las preguntas planteadas por los periodistas en relación a la continuidad de la Empresa pese a la calidad de su servicio, argumento que el Ente Regulador de la Provincia ya sanciono a Aguas de Salta en un total de $ 7 millones.

 

Referéndum


Cabe recordar que por iniciativa de seis Concejales, dentro de ciento veinte dias se hara una "consulta popular a los efectos que el cuerpo electoral de Tartagal, a través del acto eleccionario correspondiente, manifieste su soberana opinión sobre la continuidad o no de la empresa Aguas de Salta como prestadora del servicio público del suministro del agua y recolección de líquidos cloacales en el territorio del estado municipal de la ciudad de Tartagal".

 

Esta consulta marca un importante precedente, ya que es la primera vez que se realiza una medida semejante en nuestra ciudad, y como corresponde, sera el Intendente Leavy quien tome la decisión en relación a la consulta popular sobre la continuidad de Aguas de Salta en Tartagal, según lo que aprobaron los ediles en la última sesión.


El Dato


Solamente los Concejales Roberto Quiroz y Luis Peredo firmaron el proyecto aprobado para la consulta popular. Las calles Necochea y 25 de Mayo presentan una importante perdida de agua cloacal desde hace siete dias.


El sábado ultimo se registro una nueva rotura en la red cloacal, esta vez en la intersección de calle 12 de Octubre y Ruta 34.


Fuente: La Hora de Salta

lunes, 19 de enero de 2009

Una de piratas

El empresario parece tener dos caras: ecologista y contaminador. Detrás del magnate, el mayor terrateniente del país, se esconde detrás del discurso “verde” para incursionar en las minas de oro y cobre. Deudas impagas, denuncia penal y saqueo de recursos naturales.


Por Carlos Romero

Cuando el lujoso yate de Luciano Benetton arribó a Puerto Madero el pasado 11 de enero, no sólo descendió de él un “ecologista” –como el magnate italiano gusta que lo llamen–, sino también el mayor terrateniente de la Argentina y también un flamante empresario minero. Sucede que a su tradicional actividad en el negocio textil –que lo transformó en un magnate de la moda–, ahora Benetton busca sumarle exploraciones de oro y cobre en San Juan. A simple vista, suena contradictorio que quien dice bregar por la defensa del medio ambiente se dedique a una de las industrias que más daño causan a la naturaleza. Desde otra óptica –una igual de verde, pero por el color de los dólares–, para un millonario lo más importante son los millones. Y en eso, la minería tiene pocos rivales.

De todos modos, no es la primera vez que Benetton tiene un discurso “reversible”, como esas prendas con más de una cara. Además de la guerra personal (y desigual) con los mapuches por una parte de sus tierras ancestrales, Benetton supo enfrentar acciones legales al negarse a pagar impuestos y ahora podría ser objeto de una denuncia penal donde se lo acusa de haber “vaciado” una de sus empresas para evitar saldar un juicio perdido.
Oro. “My Tribu”, como se llama el barco de Luciano –que viene navegando desde Génova e hizo escala en Marruecos, Cabo Verde, Río de Janeiro y Punta del Este– recibió la “estrella verde” por contar con un sistema para tratar las aguas servidas y reducir la emisión de carbono. Lo dicho: el yate de media cuadra de Benetton no contamina, pero no puede decirse lo mismo de sus nuevos y lucrativos proyectos bajo tierra sanjuanina.

En la Argentina, Luciano –de 73 años, cabeza y factotum junto a su hermano Carlo del Benetton Group– posee más de 900.000 hectáreas, a través de la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. Es el equivalente a 45 veces el tamaño de la Capital Federal. Sólo el norteamericano Douglas Tompkins compite con él en este indiscriminado juego inmobiliario en que se ha rematado una parte estratégica de la Argentina. En los campos de los Benetton pastan sus 260.000 ovejas. De ellas obtiene la preciada lana para sus prendas, los casi 1.300.000 kilogramos que cada año exporta a Italia, después de pagar retenciones de 5 o 10 por ciento, según se trate de lana lavada o sucia (en Trelew la empresa cuenta con el lavadero más grande de toda la Argentina). Benetton no tiene locales propios en el país y exporta el total de su producción, casi sin valor agregado.

En Europa, una vez confeccionadas las prendas pasan a las vidrieras de Viena, Londres, París, Venecia, Lisboa, Praga, Berlín y Hong Kong, entre otras capitales. Y así, la lana de las ovejitas patagónicas se transmuta en nuevos billetes para Luciano y Carlo.

Siempre inquieto, en los últimos años el magnate buscó diversificar. Les ordenó a los capataces de sus seis estancias –distribuidas en Chubut, Buenos Aires, Santa Cruz y Río Negro– que se abocaran a los cereales y a producir carne vacuna y ovina. Como en los tiempos de la Colonia, Benetton practica el negocio de ganar mucho a precio de ganga.

Compró campos cuando las tierras patagónicas valían poco incluso a nivel local. Ahora, sus estancias descansan sobre un suelo que cotiza con varios ceros en el mercado de la especulación inmobiliaria internacional. La propia empresa sostiene que, en los últimos 12 años, sus operaciones le rindieron unos 11 millones de dólares. En contraste con estas ganancias millonarias, los peones que cuidan ovejas viven otra realidad. Según la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el sueldo promedio de un peón ovejero apenas roza los 1.500 pesos y los 65 pesos en caso de ser jornaleros.

En rojo. El yate “verde” en el que Benetton recorre el mundo está valuado en unos 32 millones de dólares. La cifra es digna de un magnate y Luciano la pagó con gusto. Nada es demasiado cuando se trata de cumplir un capricho. No sucede lo mismo, por cierto, a la hora de cumplir con el fisco. Para muestra, basta con repasar el historial comercial que el empresario italiano y su hermano Carlo supieron construir en la Argentina.

En noviembre de 1998, los Benetton tuvieron que afrontar dos juicios a causa de sus abultadas deudas tributarias en Chubut, provincia en la que hoy la Compañía de Tierras Sud Argentino acumula 306.100 hectáreas en campos donde pastan 86.500 ovinos y 7.000 vacunos. Las demandas fueron iniciadas por dos pequeñas comunas que, tras agotar todas las instancias de cobro, acudieron a la Justicia para reclamarle a los empresarios unos 150 mil pesos en tasas inmobiliarias impagas: más de 100 mil pesos en El Maiten, un diminuto pueblo cercano a El Bolsón en el que Benetton tiene una de sus mayores propiedades, y otros 47 mil en Epuyén, donde se encuentra la estancia Leleque. En el primer caso, la deuda se inició en enero de 1997, luego de que el Consejo Deliberante local dispusiera un aumento en la alícuota del tributo a la tierra. Los italianos lo consideraron excesivo y por eso decidieron dejar de pagar. Un año después, el cuadro de rebeldía fiscal se repitió en Epuyén. Las boletas en rojo se apilaron y como en estas dos localidades chubutenses los Benetton eran y son los principales contribuyentes, las finanzas municipales hacían agua. Los intendentes llegaron a rebajar las tasas, pero los empresarios seguían sin pagar. Sólo se sentaron a negociar en 1999 cuando la queja se transformó en juicio.

Justamente en Leleque, una de las estancias por la que Benetton fue denunciado, se encuentran las 385 hectáreas del predio Santa Rosa, que la comunidad mapuche le disputa. Allí resiste desde 2002 la familia de Atilio Curiñanco, en una lucha desigual contra el ejército de abogados de Benetton, que por todos los medios busca desalojarlos.

En ese suelo vivieron los padres de Curiñanco y los padres de sus padres. Lo que los mapuches llaman, con la mirada serena, sus ancestros, y que la ciencia, con exactitud, probó a través de estudios genealógicos. Benetton, en cambio, esgrime títulos que se remontan al siglo XIX, fruto de la repartija de tierras que hizo posible el genocidio al que Julio Argentino Roca bautizó como “Campaña del Desierto” (ver nota aparte). De ese mismo predio los Curiñanco fueron desalojados con una denuncia penal por usurpación. Viajaron a Roma para reclamarle a Benetton que les devuelva la tierra a la que pertenecían. Incluso el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel trató, sin éxito, de interceder. Cansados, en febrero de 2007 los Curiñanco volvieron a ocupar las tierras y allí permanecen.

“Benetton esta intentando desalojar a la comunidad mapuche por medios judiciales y desde hace dos años viene fracasando”, señala Fernando Kosovsky, abogado de la familia Curiñanco. “Hubo un intento de desalojo efectivo que no se hizo, ya que la Justicia falló a favor de los mapuches al comprobarse que la vida del pueblo no altera el medio ambiente, que es lo que el millonario postulaba”, agrega Kosovsky, para quien “la lucha de los mapuches bien podría ser definida como la pelea entre David y Goliat”.

Embargado. No fue la última vez que Luciano Benetton mezcló sus negocios en el país con los escándalos judiciales. De hecho, el 12 de diciembre pasado, un juez federal ordenó la ejecución de bienes en la Argentina del Benetton Group hasta cubrir la suma de 12.529.675 pesos –incluidos los intereses–, en un juicio por daños y perjuicios iniciado a fines de los ‘90. “Llevar adelante la ejecución hasta hacerse el pago íntegro del capital reclamado, intereses y costas al acreedor”, fue lo dispuesto por Fernando D’Alessandro, a cargo del juzgado nacional de primara instancia en lo Comercial N°7. La historia, que podría sumar una denuncia penal contra los hermanos Benetton ya que aún no pagaron, nace varios años atrás, en 1984. En febrero de ese año, el empresario argentino R. J. Willmott conoció a Luciano, de visita por Punta del Este. Un año después y en Treviso, ambos negociaron la comercialización local de algunas marcas del grupo, a través de la firma Benettar SAIC. Se sucedieron viajes y entrevistas, y hasta se llegó a un preacuerdo, pero las marcas nunca pudieron ser cedidas por el simple hecho de que ya estaban registradas en la Argentina. Un obstáculo que, según sostuvo Willmott, Benetton había prometido solucionar. Benettar responsabilizó a los italianos por el contrato frustrado y las pérdidas ocasionadas, y les inició una demanda.

Desde el inicio de esta relación fallida tuvo un rol protagónico otro empresario bien conocido en los tribunales argentinos: Marcos Gastaldi, que con su hermano Federico hicieron posible el contacto de Willmott con Benetton, a quien los une una amistad de años. Marcos –quien en 2002 fue acusado de estafa por su participación en el desaparecido banco Extrader y llegó a estar preso– está casado con Marcela Tynaire. En la chacra que su suegra, la conductora televisiva Mirtha Legrand, posee en José Ignacio, la pareja Gastaldi-Tynaire recibe a Luciano en sus visitas a las costas esteñas.

El 15 de diciembre del 2000, el Benetton Group fue condenado a pagar 1.889.482 dólares, incluidos gastos y el beneficio económico frustrado. En 2006 la Cámara de Apelaciones refrendó el fallo y en mayo de 2008 el juez ordenó el embargo por más de 12 millones y medio de pesos sobre cerca de 100 marcas que Benetton posee en el país. Pero el fallo quedó en el aire. Según el abogado de Benettar SA, Enrique Spinedi, el 15 de mayo, un día antes de que la medida se hiciera efectiva, el grupo italiano transfirió casi todas las marcas en cuestión. “Sólo se pudieron embargar 6 o 7, quien ahora tienen que pasar a remate”, señala Spinedi, que acusa a los Benetton de montar una maniobra para no pagar. Por eso, en febrero, asegura, presentará una denuncia penal contra ellos por el delito de “insolvencia fraudulenta”. “Lo que indigna es la ostentación de su yate y que acá vuelvan insolvente a su empresa. Igual, los vamos a perseguir por todo el mundo hasta que paguen”, advierte Spinedi. Las esperanzas del abogado están bien fundadas. En términos globales, los Benetton están en condiciones de solventar este juicio y mucho más. Presente en 120 países, las 160 millones de prendas que el grupo produce por año le permitieron en 2007 facturar más de 2.000 millones de euros, con ganancias por 145 millones de esa misma moneda.

Negocios de todos los colores. Además de ciertas inversiones forestales, en la Argentina el otro “chiche” nuevo de los Benetton es la industria minera. Desde luego, cualquier empresario que busque expandir sus operaciones –y Benetton siempre lo está haciendo– no tarda en darse cuenta de las bondades que el subsuelo y la legislación locales ofrecen a este sector. Por otra parte, los duros conflictos que las compañías mineras suelen tener con los ambientalistas no son un problema para el magnate, acostumbrado como está al repudio de comunidades enteras.

En noviembre pasado, la empresa Minera Sud Argentina SA –donde los Benetton tendrían mayoría accionaria– comunicó que estaba realizando exploraciones en el noroeste de San Juan, buscando oro y cobre. La firma ya anunció inversiones por 500.000 dólares con el fin de rastrear estos minerales en el departamento cordillerano de Iglesia. Según publicaron medios sanjuaninos, el proyecto, que lleva el nombre de Brechas Vaca, se estima de “alto potencial” y el primer tramo estará a cargo de la firma Eco Minera SA.

Así las cosas, mientras las perforaciones avanzan en San Juan, Benetton, que llegó a Puerto Madero en su lujoso barco “ecológico”, se dedica a una de las industrias que mayor contaminación del medio ambiente genera. Contradicciones, le dicen.

Para algunos, esta no es la primera vez que el magnate mira por debajo de las ovejas que pastan en sus campos. En 2003, cuando se creó Minera Sud Argentina, Luciano estaba en pleno conflicto con la comunidad mapuche. Un año antes había logrado desalojar a los Curiñanco de las tierras en conflicto. En ese entonces, los abogados de la familia sostuvieron que detrás de la embestida del magnate italiano podría ocultarse la intención de explotar el mineral que se encontrara en esas tierras. El tiempo y las perforaciones dirán qué hay de cierto en estos dichos. Por lo pronto, no suenan disparatados. En cierta forma, desde que puso un pie en la Argentina, Luciano siempre buscó oro.


Informe: Tomás Eliaschev, Bruno Lazzaro y Deborah Maniowicz

LA GRAN MENTIRA DE LA EXPORTACION DE MINERALES

Todos nosotros hemos oído y leído hasta el cansancio informaciones sobre los extraordinarios beneficios que nos brindan las cuantiosas exportaciones de minerales que se producen en nuestro país.

También hemos escuchado a gobernantes y funcionarios decir que las ventajas que nos dejan las exportaciones de minerales compensan con creces “los pequeños inconvenientes” que ocasionan las operaciones de extracción de los mismos.

Asimismo la propaganda de las empresas mineras afirma que somos un país cuyas exportaciones minerales superan los números de las tradicionales agropecuarias, que han sido desde siempre nuestro orgullo como “el granero del mundo”.

Ahora bien, definamos que significa en el comercio exterior la palabra EXPORTACION:

Según el Tratado de Bruselas y los acuerdos internacionales sobre el comercio exterior entre los países del mundo libre, se establece que se produce una exportación cuando las materias primas, productos y/o servicios del país de origen que se venden al exterior, son efectivamente recibidos y “nacionalizados” [1] en destino y son abonados en los plazos y montos pactados, mediante el ingreso de las divisas en el circuito financiero del país exportador.

En el caso de nuestro país, las divisas obtenidas por una exportación, deberán ser negociadas a través del Mercado Único de Cambios del BCRA (Banco Central de la República Argentina).

Bueno, hasta aquí todo parece funcionar perfectamente: nuestros productores venden al exterior, sus carnes, lácteos, frutas, miel, productos manufacturados, software, servicios financieros, turismo, etc. y reciben a cambio las divisas que son negociadas, como dijimos anteriormente, en el mercado del BCRA, recibiendo a cambio los pesos a la cotización del día del mercado local.

Pero aquí surge la gran paradoja de la exportación de minerales, ya que por el Decreto 753/2004[2], el gobierno actual resolvió que la actividad minera está excluida del cumplimiento de lo mencionado en el párrafo anterior.

Entonces nos encontramos con una gran contradicción:

  1. Todos los exportadores deben ingresar las divisas al mercado oficial de nuestro país.
  2. La exportación, para que sea considerada como tal debe convertir sus divisas por intermedio del BCRA.
  3. La actividad minera en la Argentina no cumple (por disposición del Gobierno Nacional) con los requisitos mencionados precedentemente.

Por lo tanto nuestras estadísticas de comercio exterior están reflejando cifras de exportaciones en dólares mentirosas, ya que en el rubro de minerales no podemos incluir divisas que jamás ingresaron al país y solo se deberían incluir las cantidades de minerales en toneladas y/u onzas troy que se entregaron al exterior, pero nunca su valor en dólares.

Pero aquí no termina la historia, ya que todos sabemos que nuestros sufridos productores, cuando exportan sus productos sufren por parte del Gobierno Nacional, retenciones que van desde un 5% (las menos) hasta un 40% (la mayoría ronda el 20%).

Y aquí se acentúa aun mas la paradoja, ya que la actividad minera no sufre ningún tipo de retenciones y por el contrario es beneficiada con Reintegros a la Exportación tales como

o    “Reintegro a las exportaciones de los productos de la minería de la Puna Argentina” [3] Se estableció un régimen especial de reintegro a las exportaciones de sustancias minerales y determinados productos derivados contemplados en la NCM (originalmente del 5%, actualmente de 2,5%), Resolución ex M.E.y O.y S.P. Nº 762/93 y su modificatoria Nº 479/98

o   "Reintegro de Tributos a la Exportación de Metales Preciosos" - Resolución  294/1995 [4]

o   “Reintegro a las exportaciones por puertos patagónicos” Ley 23.018 y su modificatoria Nº 24.490 (que van del 5% al 10% según su latitud).

o   Tratamiento especial para los productos comprendidos en el Capitulo 26 de la NCM y la denominada aleación dorada o bullón dorado. Resolución General AFIP Nº 281 del 02 de diciembre de 1998.

1. Se autoriza la declaración de un valor FOB provisorio sólo respaldado por el contrato entre importador y exportador;

2. Ese contrato no tiene certificación alguna que acredite la mera existencia de la persona física o jurídica que compra en el exterior;

3. Tampoco existe norma alguna tendiente a determinar la existencia de grupo económico u otra especie de relación – que puede llegar a la identidad absoluta – entre exportador e importador;

4. No es posible tener certeza alguna respecto de la cantidad y calidad de la mercadería que se está exportando, datos que dependen exclusivamente del importador y el exportador (la intervención de un árbitro es irrelevante a estos fines);

5. Por consiguiente, tampoco existe certeza alguna sobre el valor de la mercadería exportada, con lo que el tributo pagado deviene en una contribución graciosa del exportador hacia el fisco federal argentino;

6. Se otorga para el pago de esa contribución graciosa un plazo extraordinario, sin que se requiera garantía específica alguna como la ley exige.

o   "Devolución del IVA a la Exportación de Productos de la Minería" Resolución Nº 83/04 - Se podrá solicitar el beneficio instituido en el Artículo 14 bis de la Ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras y modificatorias


RESUMEN DE LOS BENEFICIOS QUE SE OTORGAN A LAS EMPRESAS MINERAS:

·        La inhibición total del Estado Argentino para emprender la explotación de yacimientos minerales.

·        Un régimen especial para las Inversiones Mineras, que limita a las provincias el monto de las regalías y que las exime del pago de impuestos provinciales y municipales.

·        La firma de un contrato con Chile que tenga primacía sobre las leyes nacionales en los territorios a explotar en una franja de 150 Km. a ambos lados de la frontera.

·        El marco legal garantiza a las mineras transnacionales todos estos beneficios por 30 años.

Incentivos Fiscales

1.  Doble deducción de Gastos de Exploración (Ley 24.196) pueden deducir el 100% del monto invertido del impuesto a las Ganancias.

2.  Devolución del IV A a la Exploración (Ley 25.429).

3.  Estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años (Ley 24.196).

4. Amortización acelerada de maquinarias, construcciones, vehículos e infraestructura se amortizan en 3 años (Ley 24.196).

5.  Exenciones de Aranceles y Tasas Aduaneras, no pagan derecho de importación o de todo otro gravamen por la importación de bienes de capital, equipos e insumos.

6.  Regalías (Ley 25.161) el tope fijado en el país es del 3% menos los costos de extracción y transporte del valor boca de mina del mineral extraído.

7.  Los Estados Nacional y Provinciales acordaron eliminar todo gravamen y tasas municipales e impuesto a los sellos.

8. Reembolso por Puerto Patagónico (Ley 23.018) se establece un reembolso a las exportaciones realizadas por puertos patagónicos del 5%. O sea le cobramos el 3% menos los costos de extracción y transporte y le pagamos 5% si lo sacan por puerto patagónico, por lo tanto le terminamos dando plata para que se lleven nuestras riquezas, que BUEN NEGOCIO!!!!!!!.

9.  Exención del impuesto al cheque (Decreto Nº 613/2001), para el resto de las actividades es del 6 por mil.

10. Deducción del 100% del Impuesto a los Combustibles Líquidos, el que todos pagamos cuando cargamos combustibles.

11. Transferencia al exterior de capital y ganancias en cualquier momento y sin pagar cargas o impuestos sobre tales transferencias

12. No deben liquidar divisas. Están autorizados a no ingresar al país el 100% de lo producido por sus exportaciones, ya que venden, facturan y cobran en el exterior sin pasar nada por el Banco Central.

13. El costo del agua, no deberán pagar un centavo por la utilización de enormes cantidades de agua.

José Jorge Aldecoa
jorgealde@hotmail.com



[1] "Se considera nacionalización al proceso de trasponer los límites del área aduanera e ingresar definitivamente al país de destino, previo pago de los derechos, impuestos y demás tasas y contribuciones que exija la ley aduanera de ese país".

[2] "Déjase sin efecto la obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de las divisas provenientes de la exportación de productos, que fuera prevista por los Artículos 1° del Decreto Nº 2581/64 y 10 del Decreto Nº 1555/86, correspondientes a las empresas mineras"

[3] “Se establece el reintegro a las exportaciones de mercaderías comprendidas en la Nomenclatura del Comercio Exterior que se produzcan en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta”.

[4] "Se establece que, las exportaciones para consumo de mercaderías constituidas por determinados metales preciosos, cualquiera fuera su posición arancelaria (NCM), recibirán el reintegro de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos anteriores en las distintas etapas de producción y comercialización"