Los negocios de Gioja, detrás del veto a los Glaciares

El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, presionó para que Cristina Kirchner no promulgara la norma que haría caer una millonaria inversión de la canadiense Barrick Gold en la provincia. Y acusan a su hermano, el senador César Gioja, y al secretario de Minería Jorge Mayoral, de dirigir empresas de explotación y exploración minera. Un fiscal federal ya denunció ante la Justicia la incompatibilidad en los cargos.

Por Francisca Valsecchi  

La minería metió su cola en la ley ambiental de protección de Glaciares. Según fuentes de La Política Online, este sector que mueve alrededor de 3.700 millones de dólares en exportación impulsó el veto presidencial al proyecto que había sido sancionado por unanimidad en el Congreso. Tanto es así que entre diputados, senadores e integrantes de ONGs que siguen el tema lo llaman el veto de la Barrick Gold, empresa canadiense que invirtió unos 2.800 millones de dólares en dos grandes proyectos mineros ubicados en la provincia de San Juan, Pascua-Lama y Veladero.

Y señalan al gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, como uno de los principales actores que presionaron para que la ley que protege a los glaciares como fuente natural de agua de la explotación petrolera y minera que los contamina, no viera la luz.

José Luis Gioja

Sin embargo, el diputado de Diálogo por Buenos Aires e impulsor de la ley de Glaciares, Miguel Bonasso, insistirá el año que viene en el Congreso. Con el apoyo de 14 jefes de bloque presentarán un nuevo proyecto de ley. “Es el calco de la que fue vetada”, aseguró.

Todo en familia

El mandatario sanjuanino que fue el promotor de las gigantescas inversiones de Barrick Gold –además de otros 180 proyectos mineros- en la provincia e impulsor de las leyes que rigen la actividad sancionadas en 1994 cuando él era presidente de la Comisión de Minería de Diputados, es el hermano del senador César Ambrosio Gioja, presidente de la influyente Comisión de Minería de la Cámara Alta y, además, dueño de la empresa minera Bentonita Santa Gema S.A.

Esta relación crea claramente un conflicto de intereses. Pero, la diputada de Coalición Cívica, María Fernanda Reyes, le suma a La Política Online otro dato más. “Bentonita es proveedora de la misma Barrick Gold”, afirmó. “En su página web lo decían orgullosos -cuenta otra fuente legislativa- pero desde hace un mes esta afirmación la sacaron del sitio”. Y con ironía cuestionó: “Qué casualidad, ¿no?”.

Estas acusaciones ya fueron tomadas por el fiscal federal Federico Delgado, que según pudo constatar La política Online, presentó una denuncia ante la Justicia contra Gioja por “negociaciones incompatibles”. Desde la fiscalía afirmaron que hay conflicto porque es funcionario del Estado en temas que competen a su actividad privada. “Esto es ilegal y tiene que ser investigado”, aseguraron.

La ley

La ley de protección de los glaciares propone preservar las masas de hielo de todo el país y prohíbe que en los hielos y en su entorno se realicen actividades que puedan afecten su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado. Además, crea un Inventario Nacional de Glaciares, que individualizará los gigantescos bloques de hielo, permitiendo su protección y control. O sea, los preserva de la explotación petrolera y minera de la zona.

La norma fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras y sancionada el 22 de octubre. Sin embargo, el 10 de noviembre, la presidenta Cristina Kirchner vetó completamente la ley y propuso, en cambio, la creación de un foro interdisciplinario entre legisladores y gobernadores para definir una nueva ley. Insólito ya que la norma que estaba desestimando con su firma, había sido aprobada con el voto positivo de todos los senadores y diputados.

Argumentos poco contundentes

Cristina Kirchner justificó su veto con extrañas explicaciones, que ponen en evidencia dos realidades. Por un lado, la presidenta se asesora con la Secretaría de Minería sobre una política ambiental y escucha las “preocupaciones” de los gobernadores con intereses económicos y, en el caso de Gioja, hasta personales, cuando el Poder Ejecutivo tiene bajo su mando una secretaría de Medio Ambiente especial para estos temas.

Así expuso que “la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente”.

Pero contraatacó: “La única prohibición que se plantea es que haya actividades mineras o industriales sobre los glaciares y las zonas periglaciales. Según las empresas mineras, como Barrick Gold, no tienen actividad en estas áreas así que no se entiende por qué tendrían que estar nerviosos”.

Otro de sus argumentos es que “gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada, toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias”. Según el diputado nacional de Diálogo por Buenos Aires, “este es un eufemismo para decir que Gioja presionó para que no fuera sancionada”. Y Reyes lo acompañó: Es obvio que las empresas presionan a través de los gobernadores”. Y sin tapujos, acusó: “Hay una connivencia muy fuerte entre el gobierno nacional, los provinciales y las empresas”.

En su veto, Cristina Kirchner se asesoró por el secretario de Minería, Jorge Omar Mayoral, pero en ningún momento, aclara que lo haya hecho con la entonces secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti –echada, según algunas versiones por estar de acuerdo precisamente con esta ley-. Con tono suspicaz, desde el Congreso cuentan que Mayoral posee empresas mineras en San Juan.

Juez y parte

Los Gioja no son los únicos funcionarios públicos que toman decisiones sobre el sector al que precisamente pertenecen en sus actividades privadas. El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, quien coordina e establece la aplicación de la ley de Inversión Minera sancionada en los `90, es dueño de dos empresas mineras que están bajo este régimen.

Según un informe de la Oficina Anticorrupción, Mayoral tenía en 2003 el 30 por ciento de las acciones de Micas Argentinas S.R.L., empresa que extraía de mica; y el 15 en Millstone S.A., compañía que se dedicaba a la explotación de canteras.

Ambas tenían los beneficios de la ley de Inversión Minera establecida por el menemismo y mantenida por los sucesivos gobiernos que le asegura a las empresas estabilidad fiscal por treinta años, les concede exenciones tributarias como el impuesto a las Ganancias, el IVA y al cheque, con retenciones que van del 5 al 10 por ciento y sólo se les cobra 1,8 por ciento de regalías.

Fuente: LaPoliticaOnLine

Bonasso: "Barrick Gold presionó para que Cristina vete la ley de Glaciares"

Miguel Bonasso.

El diputado que impulsa la ley que protege los glaciares denució en una entrevista con LPO que la Presidenta vetó la ley "con argumentos muy débiles". Dijo que detrás de la oposición del gobierno a la norma "esta la multinacional Barrick Gold" que tiene un proyecto minero en San Juan que requiere destrozar un glaciar.

Por Francisca Valsecchi

La ley que protege los Glaciares quebró al bloque oficialista y mostró las nuevas vetas de un armado político que se derrumba.

Cuando se trató esta norma que la Presidenta vetó contrariando su historia de defensa de los recursos naturales de la Patagonia, el diputado kirchnerista Miguel Bonasso, trabajó para impulsar un rechazo al veto presidencial.

Si bien estuvo lejos de conseguir los tres cuartos necesarios, fue la primera votación que el oficialismo perdió en diputados. El kirchnerismo sólo consiguió sumar 90 votos mientras que la oposición logró 107 a favor. 

En diálogo con La Política Online, Bonasso afirma: “No es un dato menor que el kirchnerismo haya perdido”. Y asevera que va seguir insistiendo para que sea promulgada la ley de Glaciares y rechazado el veto presidencial.

“Evidentemente hay gente del oficialismo que ha votado acorde a su conciencia y en contra de intereses subalternos. Hay que lograr un gran movimiento de opinión pública que defienda los glaciares, y el agua como elemento central. Porque el agua es la vida”, sentencia.

¿De qué se trata la ley de protección de Glaciares?

La ley propone presupuestos mínimos para la protección de glaciares y zonas periglaciares, las que están alrededor. Esta ley fue votada por la comisión de Recursos Naturales y fue llevada al recinto sin observaciones ni incidencias y fue votada por unanimidad en la Cámara de Diputados a fines del año pasado.

El 10 de octubre de este año logró, también por unanimidad, la sanción en el Senado. Sólo faltaba que el Poder Ejecutivo la promulgara. En vez de hacerlo, la presidenta en uso de una facultad constitucional, la vetó. O sea la rechazó con argumentos muy débiles.

¿Cuáles fueron los argumentos de Cristina Kirchner para vetar una ley aprobada por unanimidad en el Congreso?

Algunos fueron suministrados por la secretaría de minería. Consideraban que el proyecto establecía prohibiciones absolutas. Algo que no es cierto. La única prohibición que se plantea es que haya actividades mineras o industriales sobre los glaciares y las zonas periglaciales. O sea, en cualquier otro lugar de la Cordillera, pueden realizarlas. La idea es que no afecten a los glaciares que ya están afectados por el cambio climático. Ante este veto, insistí.

¿Cómo fue esa sesión?

Pedí la palabra para plantearlo en la media hora de preferencia para incluir sobre tablas, o sea directamente en el recinto, la insistencia de este proyecto. Así como la Constitución habilita a la presidenta a vetar, también le permite al Congreso insistir en una ley que voto. En ese momento hubo una serie de chicanas y algunos diputados como Jorge Coscia del Frente para la Victoria se pusieron a hablar más del tiempo permitido y me dejaron sin el uso de la palabra porque se acabó el tiempo reglamentario de media hora que hay para plantear esas preferencias. Ahí pedí a viva que iba a plantear una cuestión de privilegio para poder hablar. Me lo dieron y expliqué que quería que la Cámara insistiera en el proyecto de ley de Protección de los Glaciares rechazando el veto presidencial. Patricia Vaca Narvaja, quien estaba a cargo de la presidencia de la Cámara en ese momento, dijo que como había planteado una cuestión de privilegio, el debate y la votación quedaba para la próxima sesión ordinaria.

Entonces, el diputado Eduardo Macaluse, del bloque SI, planteó un apartamiento del reglamento para que fuera tratado el tema y que se vote. En ese momento se pasó a la votación y, por primera vez, el oficialismo perdió en Diputados. Mi posición tuvo 107 votos a favor, el kirchnerismo 90 y hubo 7 abstenciones.

Pero no se logró tratar la insistencia…

No porque no se lograron los 3/4 de la Cámara necesarios para habilitar discutir la insistencia.

¿Cómo puede ser que una ley a la que se le dio media sanción por unanimidad, hoy para apenas debatir la insistencia, tenga 90 votos en contra?

El argumento que planteó el presidente de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, fue que se estaba preparando un foro con la representación de las provincias cordilleranas para tratar de lograr una ley con más tiempo y más consenso. Y Raimundi le contestó que tiempo había habido de sobra porque esto había sido tratada en comisión y debatido en el recinto. Tanto en Diputados como en el Senado.

Y se aprobó por unanimidad, así que consenso, había…

Claro. Había habido las dos condiciones: tiempo y consenso. Pero dejó claro que había intereses mineros.

¿Cuáles?

Podríamos hablar de la Barrick Gold, la empresa canadiense que quiere hacer un emprendimiento minero de enorme importancia económica y de inversión en la provincia de San Juan.

Rossi, planteó que se necesitaba más tiempo para analizar si se insiste con la ley y anular, así, el veto presidencial, cuando proyectos como la estatización de las AFJP, la expropiación de Aerolíneas o el mismo Presupuesto 2009, salen a una velocidad inusitada…

En materia ambiental el tiempo es importantísimo porque en poco tiempo pueden suceder daños irreparables. Por ejemplo, hay una versión que la Barrick Gold se propone romper un glaciar y trasladarlo con palas mecánicas a otro lugar. Si se hace provoca daño irreversible. Lo mismo pasa con la ley de bosques, de la que sí soy autor, fue promulgada hace un año. En su artículo 42 establecía que en 90 días debía ser reglamentada por el poder ejecutivo. Ha pasado un año y el reglamento no se hizo. Esto es una clara violación de la ley. Ante esta falta es que se sigue desmontando en la Argentina. Y cada semana se derriban más de 5.000 hectáreas de bosques nativos. Y sin reglamento no hay multas que aplicar.

¿Qué es lo que está en juego?

El agua. Para mí no hay nada más importante que el agua. Los glaciares son una reserva de agua congelada sumamente importante, al igual que las zonas periglaciares que alimentan las cuencas de los ríos que van de la Cordillera al Atlántico. Las reservas de agua son estreégicas porque es un recurso escaso. Hay poca agua. Es un problema nacional y mundial que excede los intereses de una provincia. Además, en términos institucionales, ningún foro es más importante que el Congreso de la Nación. El foro de la democracia es el Parlamento. Y es ahí donde se debe discutir la ley y el que le da ese peso. Así que el argumento de Rossi constituye una falta de respeto hacia el Congreso

Evidentemente hay gente del oficialismo que ha votado acorde a su conciencia y en contra de intereses subalternos. Y espero que sean más porque voy a insistir en el tema. Hay que lograr un gran movimiento de opinión pública que defienda los glaciares, y el agua como elemento central. Porque el agua es la vida.

Una de las personas que más apoyaban esta ley era la ex ministra de Medio Ambiente, Romina Picolotti…

Sí, pero a mi juicio cometió el error de hacer la primera reunión del foro del que hablaba Rossi. Se fue sin pena ni gloria. No resistió la ley. La usaron para iniciar el foro y después la despidieron. A las 24 horas fue cesanteada.

¿Cuáles son los pasos a seguir para insistir parlamentariamente?

Vamos a estudiar cuál es el mecanismo reglamentario más adecuado para lograr el apoyo más grande de la sociedad y la posibilidad de insistir con esta ley porque es valiosa. Este proyecto no es mío, pero salió la Comisión de Ambiente que presido. Es de Marta Maffei del Ari, que ya terminó su mandato legislativo. Hay que remarcar que esta ley tuvo el asesoramiento científicoy técnico del Instituto Nacional de Glaciología y temas afines que están vinculadas al Conicet. O sea que estamos hablando de las máximas autoridades científicas del país. Es una ley muy sólida. Y hubo una posición muy firme de apoyo por parte del presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Enrique Martínez, que dijo que era el veto de la Barrick Gold, al empresa canadiense que tiene intereses en la provincia de San Juan. Todas ONGs ambientalistas, las sociedades particularmente perjudicadas por actividades sobre los glaciares, están claramente a favor de la ley.

Francisca Valsecchi

Fuente: La Politica On Line

http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/53971/bonasso-barrick-gold-presiono-para-que-cristina-vete-la-ley-de-glaciares.html

Es el Deseo para estas fiestas...

A funcionarios, empresarios e individuos comprometidos con la minería

A los glaciales legisladores que votaron el veto

Nuestros mejores deseos para el 2009

 

Que el veneno que engendran llene sus bolsillos

que impregne sus pantalones, que descienda

e inunde sus zapatos.

Y que sean sus propios pies

hartos de caminar tanta miseria ajena

los que les pateen el alma.

Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA

Esquel - Chubut

La depredación de las mineras en Argentina

El mejor negocio del mundo

A pesar de la crisis económica mundial, las trasnacionales que extraen minerales no pueden quejarse en absoluto. Nada de impuestos ni de procesos amigables con el ambiente. Sólo ganancias.

Las inversiones en este sector primario de la economía se disparan a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196/93 (y sus modificaciones del año 1999 y 2001) y del Acuerdo Federal Minero. A su vez, en ese contubernio que significó la reforma constitucional de 1994, una de las prendas de cambio fue la "provincialización" de los recursos naturales. Por lo tanto, les cabe a las administraciones provinciales decidir cómo explotar su subsuelo.

Con la nueva legislación se fomentó la inversión privada mediante un sistema concreto, a través de distintas herramientas fiscales: facilidades arancelarias, la desgravación impositiva de las inversiones, la capitalización de las reservas mineras, estabilidad fiscal por 30 años y fija un tope del 3 por ciento a las regalías mineras que pueden cobrar las provincias.

Se mencionan versiones por 3.500 millones de dólares en inversiones mineras, y aunque las cifras son presentadas por las empresas explotadoras, no hay motivos para desconfiar. Este "boom" se produjo en un ciclo mundial de incremento sostenido de los precios de los commodities (todos los minerales lo son), mucho mayor en este sector que en el alimenticio.

Para graficar, comparemos los precios de algunos commodities en los últimos diez años. En abril de 1998, el barril de petróleo se transaba a 14 dólares, el kilogramo de oro a 9.002 dólares, la tonelada de cobre a 700 dólares y la de soja a 252 dólares. En abril pasado, el crudo cotizó a 130 dólares (subió un 829 por ciento), el oro a 32.150 dólares (subió un 257 por ciento), el cobre a 8.500 dólares (un 1.114 más) y la soja a 501 dólares (99 puntos arriba).

Si era un negocio en 1998, hoy lo es mucho más. Las compañías invierten en bienes de capital, pagan a sus operarios, pagan los impuestos, pagan las regalías y obtienen sus utilidades. Hasta aquí, el ciclo de una empresa cualquiera. Pero… aquí es donde surgen las sutiles diferencias que convierten a este en un supernegocio.

Se trata de una actividad escandalosamente exenta. Las empresas que explotan minerales en Argentina están exentas de pagar aranceles por los bienes de capital que importen; a los impuestos al Valor Agregado (IVA), Ganancias, Activos, Inmobiliario, a los Débitos y Créditos bancarios, Municipal y a los Sellos; y la tasa de estadística.

Los legisladores de entonces, no conformes con ello, beneficiaron a las futuras emprendedoras con estabilidad fiscal por 30 años. Las regalías explicamos que tienen un techo del 3 por ciento, pero allí no terminan los beneficios: son las propias empresas las que informan cuánto han exportado a través de una declaración jurada (…) la cual no puede ser cotejada debido a que no existe ningún órgano oficial con capacidad para hacerlo, y en base a esa declaración pagan las regalías a los estados provinciales.

Las ventajas continúan. No sólo no tributan ningún tipo de arancel a la exportación (popularmente conocidas como retenciones) sino que si las colocaciones externas son realizadas en puertos patagónicos obtienen un reembolso del 5 por ciento. No están obligadas a abastecer al mercado interno ni a procesar el material para su exportación; se trata de una producción netamente primaria.

Al no estar obligadas a realizar ninguna tarea adicional a la necesaria para la explotación de los yacimientos, el día que los minerales del subsuelo argentino se agoten (aún falta tiempo, por cierto), las empresas van a abandonar el país sin haber hecho ningún aporte a la región donde operaron (amén de las denuncias por delitos ambientales en su contra). Y con los bolsillos abarrotados de dólares.

Los nombres de los responsables de este despojo son conocidos; quien quiera saberlo, sólo diríjase a la Secretaría de Minería de la Nación (www.mineria.gov.ar), donde figuran quiénes votaron estas leyes infames.

Cuesta entender por qué este sector tienen tantos y tan descarados privilegios. No sabemos cuánto es el costo fiscal (lo que el Estado deja de percibir) por la desgravación minera, pero se estima que si se aplicase el mismo esquema que a los cereales y oleaginosas se recaudarían unos 6.400 millones de dólares anuales. Y cuesta entender cómo algunos propagandistas juran y perjuran que Argentina no hace lo necesario para atraer inversiones. Porque con negocios como el minero, cualquiera es empresario. 

Maria L. Palacios - Metán

Pactos de silencio entre Mineras y Medios de Comunicación

SENADOR PROVINCIAL de Catamarca denunció que mineras compraron a La Unión y a El Ancasti.

Tras la asamblea que se llevó a cabo en la casa de la cultura en la ciudad sagrada de los Quilmes, días pasados para determinar como sigue la lucha contra las emprendimientos mineros, el senador por Santa María estuvo presente al igual que varios funcionarios del Valle Calchaquí.

En esta ocasión Albarracin dijo puntualmente, “Cuando damos mayoría a los gobiernos en los distintos ámbitos, nos pasa lo que hoy esta pasando, damos mayoría en los senadores y sabemos lo que pasa, damos mayoría en diputados y sabemos lo que nos esta pasando, así pasa esto en la Nación como en las Provincias, y lamentablemente quienes pagan el plato roto son los pobres, los humildes que tenemos que estar tragando lo que otros hacen con llevar los portafolios llenos de dólares”.

“Por eso yo siempre critico a los medios que se prestan para publicitar a la gran minería, seamos coherentes con los que estamos haciendo, en mi provincia están la mayoría de los medios comprados”.

“El diario La Unión 50 mil pesos, diario El Ancasti 50 mil pesos para que no hablen mal, las radios FM de 4 mil a 6 mil pesos por mes para que nadie hable mal, porque si usted va hablar mal de la minería no lo dejan hablar, automáticamente le cortan y así están en mi provincia y en la Nación, por eso lo medios son parte de la corrupción, y vamos a seguir con todo esto”.

También dijo Albarracin, “yo reniego con los anteriores senadores de departamento Santa Maria que tuvimos (Laureano Contreras y Manuel Amado del PJ., Julio Lagoria del FCyS), porque nunca dijeron específicamente que función cumplían y que es lo que estaban haciendo para su pueblo”, uno quiere que las cosas cambien, afirmó, “pero lamentablemente en la Cámara de Senadores de la Provincia de Catamarca somos 16 senadores y la mayoría la tiene el FCyS, en la cual perdemos toda la vida y hacen lo que quieren”, puntualizó.

Fuente: Catamarca Actual

Cae con fuerza la expectativa de empleo en Minería

Lo sostiene un reciente informe elaborado por una consultora laboral

La Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower, que se realiza trimestralmente a más de 71.000 empleadores -entre los cuales más de 800 se encuentran en la Argentina- en 33 mercados, reveló que la expectativa neta de empleo (valor que surge de considerar el porcentaje de empleadores que espera un aumento en las contrataciones y restarle a éste el porcentaje que espera una disminución) en nuestro país se ubica en +8%, 11 puntos porcentuales menor que la expectativa neta de empleo del trimestre anterior y 28 puntos menor que aquella del mismo trimestre del 2007.

La tendencia en baja en las intenciones de contratación de empleadores locales es cada vez más pronunciada, aunque los resultados siguen siendo positivos. Alfredo Fagalde, director general de Manpower Argentina, explicó que "el estudio arrojó los resultados menos optimistas desde su lanzamiento, pero no estamos en presencia de una situación alarmante; la expectativa neta de Argentina es aún positiva y superior a la de varios países del resto del mundo". El ejecutivo agregó: "Si comparamos el caso de Argentina con el resto de países latinoamericanos, vemos que las expectativas netas de Perú, Colombia y Costa Rica superan ampliamente la de nuestro país.

La expectativa neta en minería cae, por primera vez, por debajo del 30%.

Fuente: Manpower Argentina

Feliz Navidad VAPUMAS

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Feliz Navidad y mucha gracias a todos y cada uno de los integrantes de esta maravillosa asamblea ciudadana.

Por el compromiso de cuidar el futuro de nuestros hijos… Por la hidalguía de hacer frente a los intereses económicos de turno… Por la fuerza y la valentía de defender siempre la verdad.

Por Uds. salud y muchas gracias.

Ing. Químico Carlos Alberto Ruiz López –  Salta 

Urtubey promulgó la ley de ordenamiento territorial

El gobernador Juan Manuel Urtubey promulgó la ley 7543, de ordenamiento territorial de bosques nativos, aprobada por la Legislatura provincial con modificaciones que cambiaron el espíritu del proyecto presentado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y que fuera elaborado por un equipo técnico de la Secretaría de Política Ambiental. 

Según informó el propio gobernador, la promulgación se hizo el pasado jueves, 18 de este mes (mediante el decreto 5770), a solo dos días de aprobada por la Cámara de Diputados, la segunda en tratar el proyecto.

"Hemos tenido que promulgar esa ley en definitiva a partir de ya hace dos días, el 19 de diciembre a nosotros se nos vencía el plazo legal para la promulgación de la ley. Ya tenemos una ley de ordenamiento territorial en la provincia", anunció Urtubey la noche del lunes en el programa En Otras Palabras, por Canal 11.

La novedad hizo caer las esperanzas del propio ministro de Ambiente, Julio Nasser; de referentes de organismos nacionales y de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), de partidos políticos como el Frente Grande y de organizaciones de pequeños campesinos y de comunidades aborígenes que alentaban la posibilidad de que el gobernador vetara los artículos más polémicos, precisamente aquellos que cambiaron sustancialmente el contenido del proyecto elaborado por los técnicos provinciales en un proceso en el que se dio participación a los habitantes que resultarán más afectados por los desmontes.

Por la mañana del lunes el gobernador se había reunido con referentes de la UNSa, el INTA, la Administración de Parques Nacionales y la Subsecretaría de Agricultura Familiar, quienes reclamaron el veto a la ley que para entonces ya estaba promulgada.

"Fue promulgada el 18 de diciembre porque el 19 vencía el plazo, es una ley en donde hemos tenido diferencias porque el Poder Ejecutivo presentó una propuesta, la Legislatura la modificó a esa propuesta con una mayoría abrumadora, prácticamente por unanimidad en Senadores y con dos o tres diputados en contra en Diputados, entonces obviamente la voluntad de los legisladores está claramente expresada allí", sostuvo el gobernador por toda explicación sobre su decisión de promulgar un texto que choca con la propia propuesta de su gobierno. A partir de la fecha de promulgación la autoridad de aplicación tiene 60 días para elaborar el mapa de la superficie boscosa según los colares que se le asignaron.

Si bien los pequeños productores y aborígenes sostenían que el proceso participativo convocado por el Gobierno había sido insuficiente y consideraban que el proyecto oficial no contemplaba sus pretensiones de mayor protección de los bosques nativos, la iniciativa del área de Ambiente quedó como el mal menor frente a los avances que aprobaron los legisladores, quienes se mostraron receptivos frente a las exigencias de los productores más grandes y ampliaron la superficie boscosa susceptible de ser desmontada.

El Consejo Superior de la UNSa ya autorizó a su rectora, Stella Bianchi, a plantear la inconstitucionalidad de la ley, por lo que se descuenta que se iniciará un período de disputa judicial.  

Fuente: Nuevo Diario de Salta. 24-12-08

ARTICULO DIARIO LA NACION DEL DOMINGO

El reciente veto presidencial a la ley de protección de los glaciares volvió a poner en el tapete los conflictos entre la actividad minera y el cuidado ambiental. Tensiones de un negocio tan rentable como controvertido. Domingo 21 de diciembre de 2008 | Publicado en edición impresa  Si la actividad minera, que había encontrado en Menem a su mejor aliado, pudo temer los alardes antinoventistas del kirchnerismo, cinco años bastaron para llevarle tranquilidad. El crecimiento de la minería es, sin duda, uno de los grandes booms de la era K. Desde 2003 hasta hoy, las exportaciones del sector subieron de 3300 millones de pesos a 11.250; las inversiones directas pasaron de 663 a 6500 millones de pesos; las empresas radicadas en el país subieron desde la veintena existente en 2002 a unas 150 a fines del año último, y los empleos subieron de 19.000 a 40.000, según datos de la secretaría de Minería de la Nación. Se comprende que el Gobierno haya tenido dificultades para cumplir con la promesa que Néstor Kirchner le hizo a Romina Picolotti al nombrarla como secretaria de Medio Ambiente en 2006: "Apoyo total para hacer lo que tengas que hacer". Se entiende, sobre todo, si se recuerdan otras promesas. Como por ejemplo la que les hizo a los empresarios del sector, en la presentación del Plan Nacional Minero, cuando se comprometió a "escucharlos y ayudarlos para que la inversión sea más rápida y ayude a consolidar el proceso de crecimiento que la Argentina necesita". Las dos promesas expresan claramente esa tensión inevitable entre el necesario impulso al crecimiento de industrias que contribuyan al desarrollo económico del país y el necesario cuidado del Medio Ambiente. Una tensión que quedó al desnudo hace pocas semanas con el reciente veto presidencial a la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares, fuentes de agua fundamentales en las zonas cordilleranas. La decisión dejó al descubierto la importancia estratégica que los gobernadores de provincias mineras dan a los mega emprendimientos de extracción de oro y otros metales, fundamentales para generar ingresos que equilibren sus cuentas públicas. Al mismo tiempo, el veto del Gobierno luego de que la ley fuera aprobada por consenso en el Congreso motivó el rechazo de opositores y ONGs, pero también de kirchneristas que denunciaron presiones de los mandatarios provinciales y las empresas hacia el Gobierno para forzar su decisión. Si la tensión necesita más ejemplos, bien vale el de la salida de Picolotti del Gobierno, después de que la ley que impulsó fuera vetada por la Presidenta. La antes aguerrida ambientalista, que al inicio de su gestión se había manifestado en contra de la minería a cielo abierto (un método muy cuestionado, que utiliza la mayoría de los emprendimientos en el país), luego de una discusión pública con el secretario de Minería Jorge Mayoral, se llamó a silencio y nunca más criticó los emprendimientos mineros. Especialistas y dirigentes políticos coinciden en que la ostensible mejora de los precios internacionales de los metales, un territorio nacional con mucho potencial inexplorado, y la legislación pro-minera con estabilidad fiscal y beneficios impositivos heredada del menemismo explican el boom minero en nuestro país. Siguiendo el primer impulso que el menemismo dio a la entrada de capitales y empresas mineros, un proceso que comenzó en 1994 y culminó en 1998, a partir de 2003, el ex presidente y sus colaboradores del área, el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el secretario de Minería, Jorge Mayoral, continuaron la legislación pro minera y ampliaron las facilidades para la radicación de nuevos emprendimientos. Focos de conflicto "La minería es una actividad ampliamente desarrollada en muchos países, como EE.UU., Canadá y Australia. Genera ingresos para el Estado por vía de impuestos, crea miles de empleos y favorece el desarrollo social sustentable", sostuvo el vocero de la minera canadiense Barrick Gold, Miguel Martin. Para Julio Ríos Gómez, titular del Grupo Empresario de Empresas Mineras de Exploración de la República Argentina (Gemera), "la Argentina tiene un potencial natural importante. La mejoría de la actividad económica mundial y la llegada de decenas de pequeñas empresas para la exploración dinamizó al sector". Pero otros creen que la combinación de viento de cola para Kirchner y precios altos no fueron las únicas razones. "En los años noventa se buscaba la radicación de las empresas, y en estos años se les dieron muchos más beneficios que a otros sectores productivos, como la industria o el campo", discrepó la diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes (Capital), miembro de la comisión de Minería de la Cámara baja. Claro que, junto con la llegada de capitales y empresas mineras de Europa, América del Norte y Oceanía aparecieron, en cadena, los problemas de tipo ambiental. Seis de las quince provincias con potencial minero (Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Chubut y San Luis) sancionaron leyes que prohíben la exploración y explotación minera en base a cianuro o mercurio, dos materiales que de acuerdo a los grupos ambientalistas locales contaminan las fuentes de agua y aire de cada región en la que se desarrollan. Allí comenzó también una pulseada entre gobiernos provinciales pro mineros y grupos de ambientalistas que se oponen frontalmente y sin concesiones a los proyectos mineros. La pelea tuvo resultados dispares. En 2003, un plebiscito impulsado por ambientalistas en Esquel rechazó, con el 80 por ciento de los votos, la instalación de la filial local de la minera Meridian Gold. El triunfo motivó a grupos ecologistas a extender sus protestas a distintos lugares del país, y a unirse en asambleas para denunciar el presunto "saqueo" de las materias primas que las empresas estarían llevando a cabo con el guiño de gobernantes nacionales y provinciales. "Hay lugares que, simplemente, no quieren ser pueblos mineros. Prefieren ser agricultores o favorecer el turismo", dijo Javier Rodríguez Pardo, titular de la Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina (Renace) y líder de aquella protesta en Esquel que precipitó una ola de rechazos que aún continúa. En La Rioja, en cambio, el gobernador Luis Beder Herrera llegó al poder el año último luego de criticar duramente el acuerdo firmado por su antecesor, Angel Maza (ex secretario de Minería de Carlos Menem) para la instalación de una mina regida por Barrick Gold en la pequeña localidad de Famatina. Apenas sentado en el sillón de la gobernación, Beder Herrera derogó la legislación antiminera y hasta inició -según denuncian los ambientalistas- un proceso de ataques contra los docentes que se oponían al desarrollo minero. Pero más allá de las protestas, los emprendimientos han encontrado terreno fértil en distintas provincias del país. San Juan, Catamarca y (en menor medida) Santa Cruz son las principales provincias en las que se desarrollan los principales proyectos mineros. En Catamarca, donde gobierna el radical Eduardo Brizuela del Moral, funciona desde 1997 el proyecto minero Bajo la Alumbrera, el más grande del país y considerado de clase mundial por su extensión en el tiempo y la calidad del yacimiento. Desde la empresa, regida por capitales suizos y canadienses, descartan daños al Medio Ambiente y destacan los aportes que han hecho al fisco (unos 700 millones de pesos en cuatro años) sólo en concepto de impuesto a las ganancias. Las empresas también niegan connivencia con los gobernadores. "Cuando las provincias tuvieron que sancionar a las empresas lo hicieron, y también han sacado su rédito de todo esto", afirmó Ríos Gómez, que destacó los aportes en empleo, infraestructura, caminos y capacitación que generan los emprendimientos mineros. Un 70 por ciento de los ingresos por impuestos de Catamarca proviene de Bajo la Alumbrera, lo que para la diputada Reyes trae aparejada "una dependencia inaceptable". La rentabilidad es otro punto de fricción entre defensores y atacantes del desarrollo minero. Los empresarios del sector alaban las políticas gubernamentales desarrolladas hasta fines del año último, aunque cuestionan las retenciones de entre el 5 y el 10 por ciento que Néstor Kirchner impuso al sector cuando culminaba 2007. "Es un cambio en las reglas de juego", protestan. Para Reyes, "las empresas se quejan, pero han obtenido muchísimos beneficios gracias a una legislación permisiva". La ley de inversión minera establecida en 1993 y confirmada por los sucesivos gobiernos asegura a las empresas estabilidad fiscal por treinta años, exoneración del impuesto a los activos, y la limitación de regalías al 3 por ciento del valor del mineral en boca de mina. Según Reyes, "es obvio que las empresas presionan a través de los gobernadores. Y el Estado no es inocente, es parte de la negociación". En San Juan, el gobernador José Luis Gioja y sus hermanos César (senador) y Juan Carlos (diputado) apoyan calurosamente los proyectos Veladero y Pascua Lama, explotado también por Barrick Gold y ubicado, este último, en la frontera con Chile. Entre ambos yacimientos, suman una inversión de casi 10.000 millones de pesos. La empresa se defiende: Veladero es, aseguran desde allí, la primera mina en el país que alcanzó la certificación internacional para su sistema de gestión ambiental y su respeto en el manejo del cianuro. Rodríguez Pardo, en cambio, denuncia "una sociedad tácita entre el gobernador de San Juan y Barrick". Para el ecologista, la empresa de insumos Bentonita Santa Gema, propiedad de los Gioja, sería a su vez proveedora de Barrick Gold. Juan Carlos Gioja lo niega y dice que se trata de "una mentira de quienes se creen iluminados y dueños de la verdad". Veto y polémica Por si faltara tensión, el veto presidencial a la ley de glaciares encendió la polémica, incluso dentro del propio bloque oficialista. La norma proponía la creación de un inventario nacional de glaciares y prohibía, en su artículo 6, "la exploración y explotación minera o petrolífera", tanto en los glaciares como en suelos congelados, denominados zonas periglaciares. En su veto, el Gobierno enojó a los ambientalistas al afirmar que esa prohibición "daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían desarrollarse con perfecto cuidado del Medio Ambiente". También dejó constancia de que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación" por la ley, "toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo y en las inversiones que se llevan a cabo allí". Miguel Bonasso, diputado kirchnerista hoy alejado del Gobierno, preside la comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja. Está enojado con el veto presidencial, y no lo oculta. "El Gobierno no se debió prestar nunca a la presión de los gobernadores. La ley no afecta a la actividad minera, siempre y cuando los trabajos de exploración y explotación no afecten a los glaciares", se indigna. Según el diputado, que insistirá el año próximo con una nueva versión del proyecto vetado, "la minería a cielo abierto es peligrosa desde lo ecológico, contamina y no genera los empleos que dice. El control es imposible de hacer si hay connivencia entre empresas y gobernantes". Juan Carlos, el hermano del gobernador sanjuanino, acusó a Bonasso de "ideologizar" la cuestión ambiental, negó todo contacto del gobernador con la empresa y consideró "ridículo que la Presidenta se deje presionar por un gobernador, o una empresa. Quienes hablan así no la conocen". La crisis económica mundial, que ha frenado inversiones en todo el mundo, podría inmiscuirse y establecer un paréntesis en la polémica. La mayor parte de las empresas pequeñas dedicadas a la exploración amenazan con hacer las valijas, asustadas por cambios en la legislación argentina y proyectos de nacionalización como la reciente estatización del sistema de jubilaciones y la eliminación de las AFJP. Las grandes empresas internacionales desensillarán hasta que aclare, aunque todo indica que será sólo una tregua en una actividad que empresarios y el propio Gobierno auguran como muy promisoria en lo económico. Mientras tanto, el Gobierno deberá ver cómo equilibrar los tantos de un negocio tan rentable como polémico. Por Jaime Rosemberg © LA NACION

No todo lo que reluce es oro

POLEMICA AMBIENTALISTA EN SAN JUAN POR UNA MINA AURIFERA

Cuando no todo lo que reluce es oro (*)

El negocio es de 500 millones de dólares. El hermano del gobernador, el senador César Gioja, tiene una empresa que vende insumos a la minera. El tratamiento con cianuro provoca críticas ambientalistas.

La provincia de San Juan parece haber encontrado su destino: transformarse en una provincia minera. Uno de los proyectos más importantes, Veladero, ya está en marcha y planea extraer unos 13 millones de onzas de oro en 17 años por medio de la explotación a cielo abierto y la utilización de cianuro. Otras minas de grandes dimensiones aparecen en el horizonte. Pero no todo San Juan comparte la vocación minera ni aprecia los miles de millones dólares en inversiones. Mientras el hermano del gobernador es uno de los proveedores de esos proyectos, otros mantienen reclamos por la contaminación que puedan provocar las mineras utilizando métodos prohibidos en otros lugares del país. Quienes se oponen creen que "las empresas se llevan lo que les interesa y dejan sólo la contaminación. Este tipo de minería es suicida", asegura Silvia Villalonga, presidenta de la ONG Fundación de Ciudadanos Independientes.

La idea de la extracción de oro en la zona de Veladero, 320 kilómetros al noroeste de la capital sanjuanina y a unos 4000 o 4850 metros de altura, comenzó a tomar forma en 1994. Un año después se inició la etapa de exploración y todo se agilizó con la devaluación. En 2003 la empresa a cargo del proyecto, la canadiense Barrick Gold, presentó un informe de impacto ambiental elaborado por ellos mismos y que fue sometido a un proceso de audiencias públicas. Una vez aprobado, comenzó la construcción de las instalaciones necesarias para la explotación de la mina. El 11 de octubre del año pasado, con la presencia de funcionarios provinciales y nacionales, Veladero empezó la extracción de oro.

Más de 547 millones de dólares fueron invertidos en la construcción de la mina, otro tanto desembolsarán a lo largo de los 17 años de vida útil del proyecto, 3 mil personas trabajaron durante la construcción, más de 1500 lo hacen ahora y 4 mil puestos de trabajo fueron generados indirectamente en 80 empresas de proveedores de Barrick. Esos son los números con los que la minería intenta convencer. Pero no le alcanzan.

"San Juan está camino a convertirse en una provincia minera –dijo en tono de queja a Página/12 Silvia Villalonga, presidenta de la Fundación de Ciudadanos Independientes (Fuci)–. La gente está convencida de que nos van a contaminar, aunque no salen a la calle. Hasta que no ocurra una tragedia no se van a preocupar."

La mina de Veladero, 320 kilómetros al noroeste de la capital sanjuanina y a 4800 metros de altura.

Claro que algunos tienen el sí más fácil, como el gobernador de la provincia, José Luis Gioja, uno de los defensores de los proyectos mineros. La misma defensa hace uno de sus hermanos, el senador nacional por el Frente para la Victoria César Ambrosio Gioja. Tiene sus motivos. El legislador no sólo es presidente de la comisión de Minería de la cámara alta, también es el propietario de la empresa Bentonitas Santa Gema, que en su sitio web comunica: "Con satisfacción decimos que somos proveedores de empresas líderes como Barrick Argentina". Es en la empresa del hermano del gobernador donde la minera adquiere los lodos de perforación, una especie de arcilla que utiliza para realizar sus pozos.

Barrick es la misma que un plebiscito echó de Esquel, cuando en esa ciudad fueron rechazadas las minas a cielo abierto y la utilización de cianuro en el proceso de recuperación de metales denominado lixivación. Ambos procedimientos están prohibidos en Río Negro y en Chubut debido a sus efectos nocivos en el medio ambiente.

"La explotación a cielo abierto con lixiviación con cianuro está prohibida en la Unión Europea y en el estado de Montana, en Estados Unidos", aseguró Hugo González, ingeniero en minas. De acuerdo a sus datos, en Veladero se moverán 48 mil toneladas de roca por día, se quemarán 531 millones de litros de gasoil y se utilizarán 91 millones de kilos de explosivos.

El riesgo advertido por los habitantes que se oponen a las minas es el de la contaminación del agua que consumen con cianuro y otros metales. El agua que utilizan en sus casas y cultivos proviene del deshielo de la cordillera, el lugar en el que las mineras tienen su área de trabajo. "En San Juan llueven apenas 200 milímetros al año. No tenemos otra forma de subsistir que lo que nos llega del deshielo", señaló Villalonga.

Parte de ese deshielo se origina en los glaciares que se forman en la cordillera. Según una denuncia realizada por Fuci ante la justicia, varios de esos depósitos de hielo son afectados por el proyecto pero fueron omitidos por Barrick en su estudio de impacto ambiental. "En el informe no se hace ninguna mención al hielo, que también es una reserva hídrica", explicó el glaciólogo Pablo Milana, quien por medio de fotografías aéreas y de una fotointerpretación descubrió lo que la minera escondía.

"Si no se cita la presencia de hielo, tampoco se tienen en cuenta las posibles consecuencias. Al menos dos glaciares se encuentran en el área de extracción y desaparecerían en el proceso. Nosotros no estamos en contra de la minería, pero queremos que se haga responsablemente. Para eso hace falta que la empresa reconozca la presencia de los glaciares", afirmó Milana.

"Minería responsable" es la consigna que Barrick muestra debajo de su emblema. Ante la consulta de Página/12, la minera negó la posibilidad de contaminar las aguas. "El sistema de procesamiento del mineral que se aplica en la mina Veladero es un circuito cerrado –aseguraron– y por lo tanto no tiene emisiones al ambiente." También explican que consideran "los aspectos de control y aseguramiento de la calidad de los recursos como el agua, el aire y el suelo, además de la salud de los trabajadores y los riesgos del medio ambiente".

Aunque desde Barrick indican que diariamente se realizan monitoreos de las aguas de las zonas que rodean a la mina y que implementaron visitas guiadas a sus instalaciones para tratar de lavar su imagen, a los vecinos eso no les basta. "Están experimentando, sabemos que se les ha roto un tanque de cianuro. Hacen falta controles de verdad", dicen.

Los monitoreos de la empresa son cuestionados por la ausencia de controles externos y porque la presencia de cianuro y metales pesados en el agua puede demorar años en evidenciarse. "Las consecuencias son a largo plazo –afirmó César Eguaburo, geólogo–, por el tiempo que el cianuro tarda en escurrir."

"En la provincia hemos sido agricultores durante doscientos años. No entiendo por qué no seguimos esa línea o por qué las autoridades no promueven el turismo –se preguntó Villalonga–. Aquí el paisaje es hermoso y tiene que conocerlo todo el mundo. Con la minería, las empresas se llevan lo que les interesa y nos dejan sólo la contaminación. Este tipo de minería es suicida."

Informe: Lucas Livchits.  

No hubo veto se promulgo la ley…… en tiempo record

Martes 23 de Diciembre de 2008 22:48

El Ordenamiento Territorial a favor de los sojeros con la “bendicion” de Urtubey.
La ley de Ordenamiento Territorial que se sancionó en el parlamento salteño es claramente a favor de los grupos exportadores, principalmente de la soja.
En el Senado se introdujeron importantes modificaciones que amplían enormemente la superficie posible de desmonte.

Pero el texto original que envió el gobierno estaba en la misma línea y constituye una gran fuente de negociados. El proyecto no solo prevé las compensaciones económicas que están en la ley nacional sino que se conforma un fondo provincial con el mismo fin, para aquellos que decidan reservar algún área boscosa sin desmontar. También se establecen exenciones para casi todos los impuestos. Esto dará lugar a  nuevos negocios.

Claro está que detrás de los desmontes y la extensión de la frontera agropecuaria no hay ningún plan de desarrollo para la provincia. Solo hay un gran negocio y especulación para unos pocos.

Desde algunas organizaciones como Libres del Sur y el Frente Grande se impulsó la consigna de que Urtubey vete los artículos que fueron modificados por el Senado. Es un intento por lavar las responsabilidades políticas de estas organizaciones que todavía ocupan importantes cargos en el gobierno .Quisieron crear la ilusión de que lo que se aprobó no era lo que el gobernador quería. Sin embargo Urtubey promulgó la ley tres días después de sancionada. Tiempo record. Por otro lado el ingreso de la ley por el Senado no fue una casualidad. Se sabía que allí iban a influenciar sectores como los de Fundesnoa, donde están grandes compañías agrícolas como CRESUD, Desde el Sur o el Ingenio El Tabacal, y hasta empresas mineras y petroleras. Es de ingenuos o simplemente de impostores  pensar que la ley salió sin consentimiento del gobernador.

Es claro también, que no podía salir otra cosa de un gobierno que endeudó la provincia en más de 100 millones de pesos para hacer obras a favor de los grupos exportadores, a los que les mantiene todas las exenciones impositivas y subsidios.

El proceso “participativo” fue una audiencia pública más. Un escenario de supuesta participación, pero claro, no vinculante.

Todo el pueblo de Salta se verá afectado por la irracionalidad de la producción agropecuaria y los desmontes, principalmente las comunidades originarias y campesinas criollas.

Es necesario que se convoque a un gran congreso provincial de comunidades aborígenes y criollas, con la participación de sindicatos y agrupaciones combativas, para debatir un plan de lucha contra esta ley sojera, contra los desmontes y la expulsión de las comunidades, y elaborar un programa de reforma agraria, que parta de expropiar los grandes latifundios, para planificar la producción en función de los intereses colectivos de la población.

Para la defensa del medio ambiente y de los derechos de las comunidades aborígenes y criollas  es condición la independencia política de este gobierno.

 

Fte Pablo López,  Diputado Partido Obrero.

Carta Abierta al Sr Gobernador

Lunes 22 de Diciembre de 2008 00:28

Como Concejal del Municipio de Salta no puedo dejar de pedir al Sr. Gobernador de la Provincia el veto de la recientemente sancionada por ambas cámaras legislativas, ley de desmontes, antes conocida como de ordenamiento territorial.

Como mencioné en el recinto del Concejo Deliberante, la aplicación de dicha ley provocara un genocidio sobre la población que habita en forma sustentable los bosques desde tiempos inmemoriales. No debemos permitir el asesinato de las comunidades ni que sobre la cabeza del Gobierno de la Provincia se establezcan responsabilidades penales inextinguibles.

No puedo tolerar, sin al menos intentar evitarlo, que se incrementen los asentamientos en nuestra periferia capitalina de enormes poblaciones desplazadas, ya que no contamos con recursos para proveerles de infraestructura y un entorno laboral digno para un gran porcentaje de la población actual, menos podemos promover nuevos asentamientos.

Destrucción de comunidades, muertes, migraciónes, destrucción de nuestros bosques, enfermedades, asentamientos en Capital son algunas de las consecuencias que tendrá esta nefasta ley de ser promulgada
Como ya indicó la Universidad, el veto es una necesidad.
http://noticias.iruya.com/content/view/21942/719/

Sr. Gobernador ud. tiene la oportunidad y la responsabilidad de evitar este desastre. En mi carácter de Concejal de Salta le pido que vete la mencionada ley.

Diego Saravia - Concejal FPV - Frente Grande

REFLEXIONES DE FIDEL CASTRO

La injustificable destrucción del medio ambiente

¿Puede la sociedad capitalista evitarla? Las noticias que llegan sobre el tema no son alentadoras. En Poznan se analiza el proyecto que será presentado en diciembre del próximo año en Copenhague, donde se discutirá y aprobará el Convenio que sustituiría al de Kyoto.

La Comisión que preside la elaboración del mismo está dirigida por Al Gore, el ex candidato presidencial de Estados Unidos que fue fraudulentamente derrotado por Bush en las elecciones de 2001. Los que lo elaboran ponen toda la esperanza en Barack Obama, cual si éste pudiera cambiar el curso de la historia.

Un ejemplo que ilustra procede de Canadá.

Un artículo de BBC Mundo titulado "Fiebre bituminosa en Canadá", señala que "el área que se explota en estos momentos es de 420 km², pero que el gobierno de Alberta les cedió a las empresas petroleras casi 65 000 km². El área de reservas explotables es de 140 000 km², más o menos el tamaño del estado de la Florida.

"Desde el aire se ve cómo las minas han transformado el bosque en un paisaje lunar de cráteres y lagos con grandes columnas de humo, que crean enormes nubes en la atmósfera. Todo esto ocurre en una remota región de Alberta."

En otra parte el artículo refiere: "los principales actores en este momento son Suncor, Syncrude y un consorcio encabezado por Shell, pero hay cada vez más inversionistas extranjeros interesados en entrar al negocio."

"la falta de respuesta por parte del gobierno significa que no se ha hecho lo suficiente para contrarrestar los efectos en el ambiente."

"el Consejo del Cáncer de Alberta tiene previsto publicar un informe sobre el tema a principios de este año; 500 patos que llegaron a una poza de relave en Syncrude murieron. El gobierno abrió una investigación. Cualquiera que sea el resultado de estas investigaciones, parece que la oposición a la explotación de las arenas bituminosas va a seguir creciendo."

El País, diario español, comunica que "las estimaciones del organismo dependiente de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) toman como punto de partida las predicciones del FMI, que apuntan hacia una paulatina recuperación de la economía global a partir del segundo semestre de 2009, cuando la producción mundial de petróleo alcanzará 86,3 millones de barriles diarios."

El mismo órgano español de prensa publica que "el director del Departamento de Cambio Climático de China quiere dejar sentado que Beijing sólo limitará sus emisiones a cambio de mucha inversión y patentes de tecnología limpia. Su firma es imprescindible para que los 187 países reunidos en la ciudad polaca avancen en un protocolo que sustituya el de 1997. Obama retrasa 20 años la lucha contra el cambio climático."

Otro cable de la agencia NOTIMEX, de fecha 13 de diciembre, explica que "el colosal fraude de Wall Street llevado a cabo por el ex jefe de la empresa Nasdaq, Bernard L. Madoff, causa pérdidas millonarias en España", según destacó hoy el periódico Expansión, especializado en asuntos económicos.

"Este viernes uno de los mayores escándalos en Wall Street" —continúa el cable— "quedó al descubierto después que arrestaron al ex jefe de la empresa Nasdaq, Bernard L. Madoff, por participar en un fraude con un fondo de inversión que puede alcanzar los 50 mil millones de dólares."

"Madoff, ex presidente fundador del Nasdaq Stock Market, fue detenido la noche del jueves después que su propio hijo denunció ante autoridades federales que su padre llevaba lo que calificó como 'enorme fraude piramidal'.

"Bajo este esquema, sólo los primeros inversionistas obtendrían dividendos de sus inversiones, dejando al resto con pérdidas que, de acuerdo con la Fiscalía Federal en Nueva York, podrían alcanzar la citada cifra."

Otro despacho de la agencia Reuters, de la misma fecha, cita: " El presidente electo de Estados Unidos Barack Obama está considerando un plan para reactivar la economía del país que podría tener un valor mucho mayor que las estimaciones previas , dijo el sábado el Wall Street Journal.
"Los asesores de Obama, que hasta hace dos semanas estaban analizando un paquete de 500 mil millones de dólares, ahora consideran 600 mil millones (por año) durante dos años 'una estimación en el rango muy bajo' de lo que se necesita, informó el diario.

"El monto fiscal del plan sería un millón de millones de dólares durante ese período, dado el deterioro de la economía.

"...Miembros del equipo de Obama han evitado referirse a los artículos de prensa que especulan sobre el monto del eventual paquete que el demócrata lanzará una vez que el 20 de enero asuma la presidencia de Estados Unidos."

El cuadro se ve aún peor cuando las noticias llegan a través de las agencias cablegráficas reportando todo tipo de problemas que van desde la quiebra de la industria automotriz derivada de la crisis financiera, hasta los desastres naturales, pasando por el costo creciente de los alimentos, el hambre, la guerra y otros muchos hechos.

El problema es que ya no existe espacio habitable en nuestro planeta para repartir. El último fue Australia, de la que el Reino Unido se apoderó el 19 de enero de 1788. El medio ambiente hace ya rato que está comprometido. ¿Podrá nuestra especie superar esa barrera?

Fidel Castro Ruz

Diciembre 15 de 2008

6 y 12 p.m.

FELICIDADES AMIGOS DE VAPUMAS

DESDE PUERTO RICO, DODE ESTOY PASANDO UNA TEMPORADA VISITANDO A MI HIJO OSVALDO, QUE SE HALLA RADICADO AQUI DESDE HACE UN AÑO, LES HAGO LLEGAR MIS MAS SINCEROS DESEOS DE FELICIDAD PARA ESTA FIESTAS Y QUE DIOS LOS COLME DE BENDICIONES EN EL AÑO QUE VAMOS A COMENZAR.

CON TODO MI AFECTO

José Jorge Aldecoa

Vecinos de Loncopue al borde de la rebelión civil ante audiencia pública de proyecto minero

Loncopue, Neuquén, Argentina - 22/12/08. La Asamblea de Vecinos
Autoconvocados de Loncopué realizaron una fundamentada presentación ante el gobernador de esta provincia, Jorge SAPAG, solicitando la revocación del llamado a Audiencia Pública no vinculante convocada para el día 28.01.09 en relación al Proyecto de Expoloración Minera en Campana Mahuida a manos de la firma Emprendimientos Mineros S.A. Una serie de situaciones abiertamente amañadas que rodean, mueve a los vecinos a advertir que un rechazo a su petición hará que inicien medidas de resistencia civil.

Por Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué

Los vecinos sintetizan su peteción de la siguiente manera:

Atento la urgencia de los brevísimos plazos que arbitrariamente se nos ha impuesto a los ciudadanos, venimos a solicitar al Sr. Gobernador que se avoque al conocimiento del expediente en cuestión y revoque la Disposición del Subsecretario de Medio Ambiente del 12.12.2008 publicada el 19.12.2008 y, de dictarse una nueva, contemple:
1) Exigir la previa presentación de E.I.A. (y no un simple I.I.A.) cumpliéndose para el caso todos los recaudos exigidos por la reglamentación,
2) Cumplir con el plazo mínimo de anticipación de la convocatoria de audiencia,
3) Disponibilidad de la información ambiental en distintos lugares (por lo menos: Neuquén, Zapala, Las Lajas, Loncopué, Parajes Campana Mahuida, Huarenchenque, Cajón del Manzano, Cajón de Almaza, Pozo del Hualicho, etc. con posibilidad de obtener copias) y publicación en Internet,
4) Publicación de la convocatoria por tres días, en más de un diario, en los medios de radiodifusión y en internet,
5) Fijación del lugar de Audiencia Pública en Campana Mahuida o Huarenchenque,
6) Publicidad previa de reglas claras aplicables al proceso de audiencia pública,
7) Fijación de una fecha con posterioridad a la temporada de veranada (mes de abril en adelante) y en día sábado o domingo de modo de asegurar la mayor participación ciudadana posible.

_____________________________________________________________________________________________
Texto completo de la nota

Neuquén, 22 de Diciembre de 2008.

Sr. Gobernador de
la Provincia del Neuquén
Dr. Jorge SAPAG
S / D.


C.C.: Sr. Defensor del Pueblo de la Nación.

C.C.: Sr. Defensor del Pueblo de la Ciudad de Neuquén.


Ref.: Solicita avocación y revocación de acto administrativo. Solicitan audiencia. Subsidiariamente anuncian medidas de resistencia civil.




José María D’ORFEO, sacerdote, D.N.I. Nº 11.743.760, con domicilio en Av. San Martín s/nº de la Ciudad de Loncopué, en mi carácter de presidente de A.V.A.L. (Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué), al Sr. Gobernador me presento y respetuosamente digo:

Conforme lo decidido en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 19.12.2008 cumplo en cursarle la presente misiva a los efectos que abajo expongo.

Con fecha 19.12.2008 se publicó en el matutino “Río Negro”, Sección Clasificados, página 17, Edicto de Convocatoria de la Subsecretaría de Medio Ambiente a la Audiencia Pública que pretende celebrarse en Loncopué el día 28.01.2009 en relación al Proyecto de Expoloración Minera en Campana Mahuida.

Dicho Edicto informa que el único lugar en el cual se puede consultar el Informe de Impacto Ambiental es en la Dirección de Minería y en horario administrativo “...sin poder fotocopiarse total o parcialmente...”.

Esto es, no solo se viola la reglamentación de la ley de medio ambiente, que exije “Estudio” (E.I.A.) y no “Informe” (I.I.A.) de Impacto Ambiental, tal como lo confirmó el Poder Judicial en precedente firme contra anterior decisión ilegítima de la misma Subsecretaría de Medio Ambiente (1), sino que además se cercena el acceso a la información ambiental al ponerse la información a disposición de los ciudadanos en un solo lugar, a 130 kilómetros de la residencia de los principales interesados, y sin la anticipación mínima de 30 días (hábiles administrativos) que establece la ley.

La arbitraria prohibición de fotocopiar el Informe de Impacto Ambiental impide su serio análisis por la ciudadanía, toda vez que el mismo debe ser producto de la intervención transdisciplinaria de expertos en las distintas disciplinas que atañen a este tipo de proyectos. Negársenos la obtención de copias conspira contra nuestro derecho a someter el Informe de Impacto Ambiental a la opinión de nuestros expertos quienes requieren del mismo para poder emitir dictámenes serios. Si la Subsecretaría de Medio Ambiente o la Dirección de Minería carecen de recursos suficientes para proveer la información ambiental, o adolecen de poder para exigir tal provisión con cargo a la empresa interesada, cabe preguntarse entonces con qué recursos o con que voluntad se pretenderá controlar y monitorear adecuadamente una eventual exploración minera cuando ni siquiera se ha hecho el intento de compeler a la compañía minera para que deje un juego de copias en alguna librería de Loncopué, y en su defecto se prohibió a los ciudadanos obtener copias del informe.

Evidentemente, Sr. Gobernador, nos siguen tomando por tontos y nos están subestimando, ya en exceso.

Omite la Subsecretaría de Medio Ambiente informar bajo qué reglas se llevaría a cabo la Audiencia y dónde pueden consultarse las mismas. Dada la anomia al respecto, la Audiencia resulta impracticable ya que desconocemos de cuanto tiempo dispondría cada expositor y demás reglas que garanticen efectivamente la participación ciudadana y limiten la arbitrariedad que desde la convocatoria ha evidenciado la Subsecretaría en cuestión.

También nos preocupa que la Audiencia Pública se pretenda realizar en la Ciudad de Loncopué, siendo que los principales interesados son los habitantes de los Parajes Campana Mahuida, Huarenchenque, Cajón del Manzano, Cajón de Almaza y Pozo del Hualicho, quienes carecen de facilidades para asistir a la localidad de Loncopué a los fines de asegurar su participación.

Y en este punto en cuanto a la selección del lugar, no somos ingenuos, señor Gobernador. No escapa a nuestro entendimiento que el Sr. Intendente de Loncopué, Don Walter FONSECA, inmiscuyéndose en asuntos que exceden su jurisdicción y competencia, apoya expresamente al proyecto minero. Por lo que entendemos que la decisión de celebrar la Audiencia Pública en el Gimnasio Municipal de dicha Localidad no resulta neutra y está cargada de una evidente intencionalidad de parcialidad, que sumada a la anomia del procedimiento convocado, no asegura las garantías a la participación plena y efectiva de la ciudadanía.

Entendemos que de realizarse una Audiencia Pública, previa presentación de Estudio de Impacto Ambiental (y no Informe de I.A.), ésta debería llevarse a cabo en alguno de los parajes sobre los que se desarrollaría el proyecto de modo de asegurar la participación de los principales afectados, habida cuenta que la exploración se pretende desarrollar en territorio de la Comunidad Mapuche Mellao Morales, la que aún no fue consultada conforme lo establece el Convenio 169 OIT aprobado por Ley Nº 24.071 de rango superior a las leyes mineras.

A todo lo señalado, cabe agregar que la fecha elegida conspira contra la plena participación de la ciudadanía. Y ello así ya que en la fecha elegida (28 de enero de 2009): 1) Se encuentran de licencia docentes, personal del poder judicial, personal de fuerzas de seguridad y defensa, etc., 2) Gran parte de la población urbana que presta tareas en la temporada turística en Caviahue y Copahue se ven impedidos de asistir a Loncopué, 3) La mayor parte de la población de la región, preponderantemente rural, y principalmente los integrantes de la Comunidad Mellao Morales, se encuentran en las veranadas.

Todos éstos extremos no pudieron ni debieron escapar a la Subsecretaría de Medio Ambiente, ni a la Dirección de Minería (cuyo Director públicamente nos ha tildado de ignorantes tal como lo difundió el Boletín Informativo del Gobierno de la Provincia del Neuquén de la Subsecretaría de Información Pública del 09.12.08).

Demasiados elementos, Sr. Gobernador, a mérito de los cuales no podemos menos que concluír que los funcionarios que de Ud. dependen, en lugar de cumplir su deber de efectivizar las garantías al acceso a la información ambiental y a la participación ciudadana, han priorizado la agenda de las voraces empresas que pretenden saquear nuestros valiosos recursos sin reparos en la afectación de nuestro frágil medio ambiente y poniendo en serio riesgo nuestros acuíferos aún inexplorados.

Y en este punto nos detenemos para aclarar, que cuando decimos que el agua vale más que el oro, tambien decimos que el agua vale más que el cobre. Y no es una expresión poética. En términos cósmicos, es más fácil hallar en el universo oro o cobre, que agua. Las agencias espaciales extranjeras han destinado recursos a expediciones en el espacio ultraterrestre en búsqueda de agua, y no de oro ni de cobre. Y ello por que el recurso escasea y no ha sido debidamente cuidado en los recientes siglos por la humanidad.

La provincia aún no cuenta con estudios completos que determinen la riqueza y extensión de los acuíferos que se extiende por debajo de nuestra región cordillerana. Se podrá diseñar actividades alternativas para cuando en el futuro la provincia agote su petróleo, pero no se podrá imaginar ninguna política posible en una provincia sin agua. Nuestra vida depende de ella, y no encuentra sustituto ni en el oro ni en el cobre. El apuro de ningunda empresa privada puede justificar eludir el adecuado y necesario debate que sobre estos asuntos se merece la ciudadanía antes de aceptar el avance de proyectos que han sido prohibidos en otras provincias.

Es por todo lo expuesto que, atento la urgencia de los brevísimos plazos que arbitrariamente se nos ha impuesto a los ciudadanos, venimos a solicitar al Sr. Gobernador que se avoque al conocimiento del expediente en cuestión (2) y revoque la Disposición del Subsecretario de Medio Ambiente del 12.12.2008 publicada el 19.12.2008 y, de dictarse una nueva, contemple: 1) Exigir la previa presentación de E.I.A. (y no un simple I.I.A.) cumpliéndose para el caso todos los recaudos exigidos por la reglamentación, 2) Cumplir con el plazo mínimo de anticipación de la convocatoria de audiencia, 3) Disponibilidad de la información ambiental en distintos lugares (por lo menos: Neuquén, Zapala, Las Lajas, Loncopué, Parajes Campana Mahuida, Huarenchenque, Cajón del Manzano, Cajón de Almaza, Pozo del Hualicho, etc. con posibilidad de obtener copias) y publicación en Internet, 4) Publicación de la convocatoria por tres días, en más de un diario, en los medios de radiodifusión y en internet, 5) Fijación del lugar de Audiencia Pública en Campana Mahuida o Huarenchenque, 6) Publicidad previa de reglas claras aplicables al proceso de audiencia pública, 7) Fijación de una fecha con posterioridad a la temporada de veranada (mes de abril en adelante) y en día sábado o domingo de modo de asegurar la mayor participación ciudadana posible.

Seguramente éstos reclamos conspiren contra los intereses de la empresa extranjera que ejerció la opción de compra del yacimiento de Campana Mahuida, pero dichos intereses no pueden prevalecer por encima de los derechos constitucionales de acceso a la información y de participación que asisten a la ciudadanía.

Si así fuera, si para el Gobierno provincial los intereses foráneos estuvieran por encima de los derechos ciudadanos que garantiza nuestra Constitución y leyes nacionales y provinciales, entonces nos encontraríamos ante un inaceptable caso de corrupción de nuestras instituciones republicanas que Ud. deberá impedir a toda costa, para asegurar que sus funcionarios, pongan en juego garantías constitucionales de carácter colectivo por sobre el ánimo de lucro de un particular chino que no repara en menospreciar la plena observancia de la legislación argentina.

Recurrimos a Ud. por este medio solicitando su intervención urgente y personal, ya que los plazos administrativos y judiciales en épocas de asuetos provinciales y feriados nacionales dificultan obtener una resolución pronta antes de la fecha arbitrariamente fijada por la Subsecretaría de Medio Ambiente, y que entendemos que por ello también así fue calculada para menguar la participación de una ciudadanía que rechaza el proyecto, tal como así fue constatado mediante encuesta radial en la Localidad de Loncopué como por el rechazo expreso de las autoridades y la mayoría de la Comunidad Mapuche Mellao Morales, como de la A.F.R. de Cajón de Almaza o la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida, además de la adhesión de numerosas organizaciones cordilleranas.

Por último, cumplo en informarle que la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué, ante lo que entiende una vulneración de todo el marco jurídico y la dificultad de acceder a remedios judiciales oportunos en ésta época del año, hemos decidido por unanimidad que, ante la eventual falta de respuesta o eventual rechazo a nuestra petición por vuestra parte, no nos quedará otro remedio que vernos compelidos a emplear la resistencia civil pacífica en defensa de nuestros derechos, y en consecuencia impediremos la arbitrariamente convocada Audiencia Pública, procediendo al corte de todas las rutas de acceso a Loncopué a partir del día 20 de enero de 2.009, sin descartar el empleo de otras medidas de resistencia tendientes a tal fin, para lo cual desde ya públicamente solicitamos la adhesión y apoyo de todos los neuquinos y argentinos de bien.

Sepa que en nuestro espíritu no nos mueve ningún ánimo de confrontación. Pero también le transmitimos que actuamos movidos por una convicción, que no es otra que la prevalencia de la vida por sobre todo. Respecto del bello paraje de Campana Mahuida (como los demás situados en la cordillera neuquina), tuvimos la bendición de recibirlos limpios de nuestros padres, y tenemos el deber de devolverlos limpios a nuestros hijos.

Aguardando que su prudente, justa y oportuna intervención evitará colocar a la ciudadanía en desagradables situaciones de conflictos no deseados y devolverá la calma que la decisión cuestionada le ha quitado a Loncopué, aprovecho para en nombre de A.V.A.L. saludarlo muy Atte.,

JOSE MARÍA D’ORFEO
Presidente de A.V.A.L.
Asamblea de Vecinos
Autoconvocados de Loncopué
Loncopué – Neuquén
Patagonia Argentina

(1)Párrafo séptimo de la sentencia firme dictada por voto unánime el 3 de junio de 2.008 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Zapala, Autos: “HENDRICKSE CRISTIAN CARLOS EDUARDO CONTRA PROVINCIA DE NEUQUEN Y OTRO S/ ACCION DE AMPARO", Expte. N° 5882, fº 72, Año 2008, C.A. Civil, cuya copia se acompaña.
(2) Expediente Nº 13.595/89 “CORMINE MANIFESTACIÓN DE COBRE DISEMINADO MINA CAMPANA MAHUIDA” de la Dirección Provincial de Minería.

ADHIEREN:

UNION DE ASAMBLEAS DE CIUDADANOS POR LA SANIDAD DE LA CUENCA DEL LAGO NAHUEL HUAPI Y LOS RÍOS LIMAY, NEUQUÉN Y NEGRO – “SANIDARIOS”

ASAMBLEA COORDINADORA PATAGÓNICA POR LA VIDA Y EL TERRITORIO, CONTRA EL SAQUEO Y LA CONATMINACIÓN.

UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS – “UAC”

RED NACIONAL DE ACCIÓN ECOLOGISTA – “RENACE”

FUNDACIÓN UÑOPATÚN Registro Personería Jurídica 923/90 RNE Provincia de Río Negro